La Unión Europea ha solicitado este martes ante los tribunales belgas que la farmacéutica AztraZeneca sea condenada a pagar una cantidad aún por determinar por los "daños y perjuicios" causados a los Veintisiete con el retraso en el reparto de la vacuna contra el coronavirus, en una segunda demanda que se une a la causa civil iniciada hace semanas para reclamar la entrega urgente de las dosis pendientes.

La Comisión Europea, que ha acudido a la Justicia ordinaria tras no lograr de forma amistosa que el laboratorio cumpliera lo firmado, lanza así un segundo proceso judicial para tratar de forzar la entrega de los 300 millones de dosis firmados con AstraZeneca a más tardar en septiembre.

Los abogados del Ejecutivo comunitario han defendido en la audiencia pública celebrada este martes la urgencia para resolver este asunto "a la luz de su impacto en vidas humanas, en las libertades fundamentales y en la campaña de vacunación".

La defensa de AstraZeneca, por su parte, ha puesto en duda que el caso deba resolverse con carácter de urgencia ya que la Unión Europea ha logrado abastecerse a través de otros laboratorios distintos que le permiten contar con una reserva "ampliamente suficiente para su población".

La Justicia belga celebrará ya el 26 de mayo una primera vista para examinar el procedimiento de urgencia con el que Bruselas reclamó todas las dosis contratadas de inmediato, aunque tendrá un mes para tomar la decisión definitiva, según han explicado fuentes jurídicas.

La decisión judicial definitiva, en otoño

En paralelo, los abogados que representan al Ejecutivo comunitario y a los Estados miembro han presentado una segunda demanda para que la Justicia se pronuncie sobre el fondo del asunto, lo que implica medidas cautelares para exigir la entrega de dosis y el acceso a información confidencial, y también una compensación que por el momento se ha fijado en "un euro provisional".

La cantidad real se fijará más adelante en el proceso, cuando se evalúe las cantidades realmente suministradas por el laboratorio y su impacto en la campaña de vacunación de la UE.

El tribunal francófono de primera instancia de Bruselas ha fijado para los días 24 y 29 de septiembre la vista para examinar este caso, para el que las fuentes consultadas no esperan una decisión definitiva -más allá de las cautelares sobre la entrega de dosis-- antes del otoño de 2022.