Subdelegación del Gobierno ultima con Fiscalía un protocolo para facilitar intervención en inmuebles ocupados
A la reunión han asistido también el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, Luis Ortega, y el comisario principal de la Policía Nacional de Sevilla, Emilio Mateos, informa la Subdelegación en una nota de prensa.
Fiscalía, cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y el subdelegado del Gobierno en Sevilla han coincidido en la necesidad de buscar fórmulas para frenar el fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles, que ocasiona inquietud entre los vecinos y propietarios y atenta contra la inviolabilidad del domicilio y el derecho de los ciudadanos a la propiedad privada, promoviendo el restablecimiento con mayor prontitud a las víctimas en el uso de sus hogares y propiedades.
En este sentido, Toscano ha apostado por "unificar criterios en la actuación policial" para afrontar "este problema social y jurídico". Durante el encuentro, se ha acordado un protocolo de seguimiento de actuaciones por parte de Fiscalía, en estrecha coordinación con fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado que permitirá un desalojo más eficaz e inmediato de esa ocupación ilegal, especialmente en los casos en los que se produce un delito de allanamiento de morada flagrante o si la ocupación se realiza con violencia e intimidación, y a la par, detectar situaciones de especial vulnerabilidad en las personas que ocupen el inmueble -en situación de claro desamparo, menores y personas con discapacidad- interensándose por la Fiscalía simultáneamente que los hechos se pongan en conocimiento de los Servicios Sociales, a fin de que adopten -con carácter necesariamente previo al desalojo- las medidas oportunas para su protección, proveyendo en su caso las soluciones residenciales que procedan en caso de ocupación pacífica.
Por parte de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado se ha procedido a la formación de sus distintas unidades territoriales en esta materia y al establecimiento de un protocolo de actuación con un responsable provincial que, coordinado con la Fiscalía, analizará todos los casos denunciados, de manera que se agilicen los desalojos.