No habrá bajada de impuestos a las empresas eléctricas para tratar de reducir el coste del recibo de la luz. El Congreso rechazó este martes una iniciativa del PP en este sentido con los votos en contra de PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Compromís o la CUP, que se opusieron a que comenzara a tramitarse en la Cámara Baja una propuesta que abogaba, básicamente, por reducir la carga fiscal a esas grandes empresas y que todos los contribuyentes se hicieran cargo de ciertos costes fijos de la factura de la luz a través de los Presupuestos Generales del Estado. A favor votaron Vox, Cs o Foro, y PNV y PDeCAT se abstuvieron.
La proposición de ley fue presentada por el PP a raíz de las subidas en el recibo que tuvieron lugar el pasado enero, cuando en mitad de la borrasca Filomena el precio de la luz registró máximos durante varios días. Pero la iniciativa no abordaba la causa fundamental de esos picos que experimentó el precio de la energía y que son frecuentes en momentos como la ola de frío del pasado enero: el propio diseño del mercado eléctrico, que cobra toda la energía que reciben los consumidores al precio de la que resulta más cara de producir.
Los populares planteaban en su propuesta reducir al 0% -es decir, eliminar, en la práctica- el tipo del impuesto al valor de la producción de energía eléctrica. Este tributo grava la producción e incorporación de energía al sistema, y fue creado en 2012 por el propio PP, que durante el Gobierno de Mariano Rajoy lo estableció con un tipo impositivo del 7%. En octubre de 2018, ante el incremento del precio de la luz, el Ejecutivo de Pedro Sánchez lo suspendió, pero lo recuperó en marzo del año siguiente. Y el PP defiende que suprimirlo "podría contribuir a la reducción de la factura eléctrica a todos los consumidores en una cuantía de 1.500-1.600 millones de euros al año".
Así lo planteó este martes su diputado Juan Diego Requena, el encargado de defender la proposición de ley ante el pleno del Congreso, que aseguró que las medidas contenidas en el texto presentado por el PP podrían abaratar las facturas unos 100 euros al año, de media, para "29 millones de consumidores". Requena dedicó buena parte de su intervención a cargar contra el nuevo recibo de la luz aprobado por el Gobierno que entrará en vigor la semana que viene. Y acusó a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de ir "a lo fácil" y "enriquecer a los grandes lobbys".
"Ustedes buscan un único beneficiario y 29 millones de perjudicados, y el PP buscamos proteger a los consumidores", aseguró el diputado popular, que enfatizó ese mensaje y aseguró que "la política energética de la izquierda y la extrema izquierda" es la de "enriquecer a los intereses eléctricos a costa de empobrecer a las familias". "¡Qué vergüenza!", exclamó.
Los socios de Sánchez cargan contra el "oligopolio" eléctrico
En respuesta, el diputado del PSOE German Renau acusó al PP de hacer política "a golpe de titular". "Su planteamiento es un desastre, y puede ser incluso peor el remedio que la enfermedad", aseguró Renau, que sostuvo que las medidas de los populares podrían incluso elevar el precio de la luz y se preguntó de dónde quiere recortar el PP para compensar que ciertos costes fijos pasen a ser sufragados por los Presupuestos Generales del Estado sin subir los impuestos.
Mucho más tajante fue el portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute, que denunció que el PP plantea "bajarles los impuestos a las grandes empresas para que paguemos a escote". Matute hizo un repaso por la privatización, años atrás, de empresas como Endesa o Iberdrola, y recordó los millonarios beneficios que las empresas eléctricas obtuvieron el año pasado. "Existen otras alternativas, por ejemplo que no les bajemos los impuestos a las eléctricas, sino que se los subamos, no por castigo, sino porque si se han beneficiado de manera evidente durante la Covid, parece razonable que aporten más", apuntó el diputado.
Por su parte, Joan Capdevila, de ERC, cargó contra la propuesta del PP asegurando que "en una situación de oligopolio" como la que, a su juicio, impera en el mercado eléctrico, "no hay ninguna garantía de que, bajándole los impuestos [a las empresas], eso se repercuta a los consumidores". De hecho, los republicanos acusaron al PP de querer "trasladar el problema a otro sitio" en lugar de revisar costes o aumentar la competencia en el mercado.
El diseño del mercado
En el actual mercado, los precios de la luz para cada hora se fijan con un día de antelación, y el operador cubre el total de la demanda adquiriendo la electricidad a las eléctricas, comenzando por la oferta más barata. La luz menos costosa es la producida a través de renovables, centrales nucleares o hidroeléctricas, dado que esas energías son más baratas que el gas y, además, no tienen que pagar derechos de emisión de gases contaminantes porque no los emiten.
Estas energías baratas, no obstante, no suelen cubrir toda la demanda de España para un día. Y la parte que falta debe completarse con electricidad generada a partir de gas, que es más cara tanto por el precio del propio gas como por los derechos de emisión de productos contaminantes que deben pagar las eléctricas. El problema del mercado es que el precio que marca esta luz cara de producir es el que termina definiendo el precio de todo el mix que tienen que pagar los consumidores finales en la factura, aunque la electricidad generada a partir del gas solo represente el 1% del total.
Con este sistema, las eléctricas consiguen importantes beneficios, dado que pueden producir la mayor parte de la luz a través de nucleares o hidroeléctricas a un coste bajo y venderla a un precio alto: el que les ha costado generar la electricidad a partir de gas natural. Estas ganancias son conocidas como "beneficios caídos del cielo", y PSOE y Unidas Podemos se comprometieron en su pacto de coalición a eliminarlos.
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