La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros para el expresidente catalán Quim Torra en su segunda causa por desobediencia, por desoír una orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que retirara una pancarta con un lazo amarillo de la Generalitat.
En su escrito, el Ministerio Público acusa a Torra de desobediencia por su "incumplimiento desafiante" del ultimátum que el 23 de septiembre de 2019 le dio el TSJC para que retirara del Palau una pancarta que pedía la libertad de los "presos políticos y exiliados", con un lazo amarillo.
Torra dejó la Presidencia de la Generalitat en septiembre de 2020 tras ser condenado a año y medio de inhabilitación por desobediencia, en ese caso por desoír una orden de la Junta Electoral que le ordenaba retirar las pancartas de apoyo a los políticos presos de los edificios públicos en período electoral.
Hechos de 2019
.Los hechos de esta segunda causa comenzaron en junio de 2019, cuando Ciudadanos pidió a la Sala Ccontencioso-Administrativa del Superior de Justicia de Cataluña que, como medida cautelar, obligara Torra a retirar la pancarta con el lema 'Libertad presos políticos y exiliados' en catalán e inglés, y un lazo amarillo.
La sala contencioso-administrativa admitió la petición de medidas cautelares y el 19 de septiembre dictó la orden de retirada, que fue comunicada personalmente a Torra el 23 de septiembre, dándole un plazo máximo de 48 horas.
Sin embargo, el 20 de septiembre Torra emitió un comunicado asegurando que no acataría la orden, alegando que la decisión no era firme y se podía recorrer. Según el expresident, la pancarta era un ejercicio de los derechos de libertad de expresión, participación política y ejercicio de cargo representativo.
A la semana siguiente el TSJC ordenó al comisario jefe de los Mossos la retirada de la pancarta. Poco después de las 3 de la tarde los agentes acudieron al Palau de la Generalitat con el orden, que se finalmente fue cumplida por trabajadores del edificio.
La Fiscalía pide que esta nueva inhabilitación sea para el ejercicio de cualquier cargo público electo o de gobierno de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, y que comporte la privación "definitiva" de estos cargos públicos y de los honores que conllevan.
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