La comisión de la DANA apuesta por los corredores verdes y por más "disciplina urbanística" para mitigar inundaciones

Así lo recoge el dictamen, de 57 páginas, que ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos salvo Vox. Primero lo habían consensuado los del gobierno del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem) y Cs, aunque finalmente se ha sumado el PP tras lograr incluir una mención al apoyo al trasvase Tajo-Segura y otras de sus reclamaciones. Previsiblemente pasará por el pleno a mediados de junio.

La principal conclusión es que, tras siglos de inundaciones controladas, el encauzamiento del Segura y la modificación de su desembocadura, junto a la extensión "no siempre ordenada" de la urbanización o las nuevas carreteras y vías de tren poco adaptadas, ha incrementado la vulnerabilidad social, económica y ambiental de la zona. Todo ello convirtió "una inundación extraordinaria en una catástrofe en términos personales y socio-económicos".

Esta comisión se constituyó a final de enero de 2020 en Orihuela a raíz del episodio de precipitaciones torrenciales que se vivió entre el 11 y el 14 de septiembre de 2019, hasta 500 litros por metro cuadrado en un día, junto al efecto del temporal del levante con olas de ocho metros. Por Les Corts pasaron 85 de los 99 comparecientes previstos, ninguno de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) porque entendieron que excedía sus competencias.

En el dictamen, tanto los meteorólogos como los expertos coinciden en que es razonable esperar una mayor recurrencia de precipitaciones torrenciales en la comarca alicantina, teniendo en cuenta que las inundaciones son "en gran medida inevitables" por las características del territorio y que una DANA tan profunda por el sur de la Península en una fecha tan temprana del otoño es algo "extremadamente anómalo".

Una de las consecuencias es la asimilación por gran parte de la población y de responsables políticos y técnicos de una sensación de "falsa seguridad" frente a los desbordamientos, lo que ha propiciado la construcción en zonas totalmente inundables. También señala que la CHS se ha mostrado "incapaz de evitar estas ocupaciones del dominio público hidráulico".

MÁS DE 31.000 CONSTRUCCIONES FUERA DE ORDENACIÓN

En clave urbanística, la comisión relaciona la "ocupación desordenada" en la comarca con la normativa anterior a 2003, cuando se aprobó el plan territorial de prevención del riesgo de inundaciones (PATRICOVA) revisado en 2015 con la inclusión de las zonas peligrosas.

Según los datos de Urbanismo de la Generalitat, más de 31.000 construcciones están fuera de ordenación en la Vega Baja y 2.647 hectáreas tienen algún riesgo de inundación (1.693 en riesgo medio o superior).

Ante estas cifras, reprocha la falta de "disciplina urbanística" y defiende los instrumentos de ordenación supramunicipal para que este ámbito no esté tan sujeto a "decisiones políticas y a una fuerte presión de intereses económicos". También propone estudiar la reubicación de edificios de servicios públicos a zonas menos vulnerables.

SOLIDARIDAD TERRITORIAL

En general, la comisión llama a abordar la reconstrucción de la Vega Baja desde un enfoque multidisciplinar, teniendo presente el cambio climático y la "solidaridad territorial" para minimizar riesgos, como una "oportunidad" para corregir la exposición de personas, infraestructuras y edificaciones. Aboga así por combinar actuaciones tradicionales de 'infraestructura gris' con otras de renaturalización, concienciación y política urbanística.

Como principal actuación, por parte de la CHS, la ampliación de la superficie del cauce y la creación de corredores 'verdes' de inundación controlada porque "no se puede entender que la renaturalización del río se plantee como medida eficaz solo en la cuenca alta y media". También propone reforzar las motas para evitar roturas, estudiar la derivación de caudales a embalses de La Pedrera y Crevillent y acabar de reparar los caminos rurales.

En la misma línea, plantea la posibilidad de que la CHS y el Ministerio para la Transición Ecológica aborden la posibilidad de permeabilizar las dos desembocaduras a través de compuertas u otros mecanismos para evitar la intrusión de agua marina en temporales, ante la previsible subida del nivel del mar. Y que el Ministerio de Transporte permeabilice la N-332 y otras carreteras y vías para evitar el efecto barrera.

Otras de las propuestas son que la CHS refuerce su personal, actúe en los regadíos que no respetan los cauces y aborde medidas estructurales como la posible configuración de 'pueblos isla' en las zonas mas deprimidas. El trasvase Tajo-Segura se menciona en uno de los puntos finales, el de la reducción de la vulnerabilidad, defendiendo su permanencia para los regadíos dependientes.

En materia de concienciación, apuesta por poner en valor el regadío histórico y por coordinar una formación permanente a los ayuntamientos para combatir emergencias. También que la población acceda a canales seguros para evitar "informaciones falsas o malintencionadas".

De cara al futuro, la comisión pide que las ayudas se concedan en el menor tiempo y que las administraciones aprovechen la "oportunidad" de los fondos europeos de reconstrucción para llevar a cabo estas actuaciones. El dictamen se remite tanto a la Generalitat como a la CHS y al Gobierno, a los ayuntamientos afectados, a la Diputación de Alicante y a la Región de Murcia.

UN INFORME "CONTUNDENTE"

Entre los partidos, Compromís cree que es un informe "contundente y sin sectarismos" que debe hacer reflexionar a todas las administraciones y del que "no podrá renegar ningún partido". "El río Segura un día u otro volverá a desbordarse, la cuestión es que ahora existe también un documento que pone negro sobre blanco los pasos a dar", ha aseverado su portavoz adjunta Aitana Mas, también presidenta de la comisión.

También Ciudadanos destaca el consenso alcanzado y algunas de sus peticiones incluidas, como un plan comarcal contra inundaciones, mejoras de comunicación, seguimiento desde Les Corts o "dejar constancia que es un dictamen cojo" porque no se ha sumado la CHS, en palabras de María Quiles.

El PP celebra que sus reclamaciones hayan salido adelante porque veía "increíble" que no se citara al Tajo-Segura y había detectado "muchas deficiencias" en el texto. "Estamos orgullosos de que nuestro voto particular haya conseguido que el dictamen tenga más objetividad y contemple la defensa de los intereses de la Vega Baja", ha manifestado Elisa Díaz.

Por contra, Vox es el único que ha votado 'no' porque entiende que la comisión fue una "propaganda política" innecesaria y que el Botànic ya podría haber adoptado estas medidas, como ha criticado su diputado Miguel Pascual.