El Gobierno lanza una reforma eléctrica sin concretar plazos entre críticas de los consumidores al nuevo recibo de la luz

El Gobierno intenta trasladar buenas noticias para combatir la polémica generada por el cambio en el recibo de la luz para los consumidores del mercado regulado. Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto y un anteproyecto de ley para reformar el mercado eléctrico que, aunque no toca los pilares del diseño de este mercado, sí trata de reducir los ingresos que consiguen las eléctricas por gastos que no han tenido para reinvertirlos en una reducción de la factura. La vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, cifró en un 15% la reducción total que, a largo plazo, experimentará el recibo de la luz con estas medidas, pero evitó concretar ningún plazo.

De hecho, el anuncio de ambas medidas no vino acompañado de un calendario para su entrada en vigor, y lo cierto es que tanto al proyecto como al anteproyecto de ley aún tienen por delante un largo trámite legislativo hasta que se pongan en marcha. El Gobierno, además, realizó el anuncio el mismo día que ha entrado en vigor el nuevo diseño de la factura eléctrica entre fuertes críticas de las principales asociaciones de consumidores al sistema de discriminación horaria que, prevén, encarecerá la factura de algunos clientes.

"Pedir que se desplace el consumo eléctrico a la madrugada", cuando más barato será el precio de la luz, "es denigrante para los consumidores más vulnerables", denunció a este respecto la asociación Facua, que criticó que el nuevo sistema delegue en el consumidor la responsabilidad de ahorrar o no en el recibo. "No se puede hacer responsable al consumidor de que su factura de la luz es cara porque no ha planchado o puesto las lavadoras, lavavajillas y secadoras en los horarios más económicos", porque estos momentos "precisamente coinciden con los momentos que deberían dedicarse al descanso", denunció.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) cargó, por su parte, contra las subidas en las tarifas que están poniendo en marcha algunas compañías aprovechando la nueva regulación. "OCU ha comparado el importe de la factura con las nuevas tarifas propuestas por las comercializadoras a partir del 1 de junio con las vigentes hasta hoy", y "el análisis revela que las subidas son casi siempre superiores a las provocadas por los cambios regulatorios", denuncia el colectivo. Y pone cifras: "Aunque la subida esperada para un hogar con discriminación horaria rondaría el 8,5%, podría alcanzar hasta el 27,3% según la compañía contratada", alerta.

No obstante, Ribera quitó hierro a las críticas y aseguró que los cambios en la factura de la luz no obligarán a los consumidores a hacer grandes cambios en sus costumbres para evitar que se dispare el precio. "Yo no recomendaría a mi madre que se levantara a las dos de la madrugada para planchar, ni para atrás", espetó tajantemente la vicepresidenta, que aseguró que, con la nueva configuración del recibo, "hay tramos muy razonables para poner la lavadora o el lavavajillas", entre ellas los fines de semana o los festivos, que tendrán 24 horas de tarifa supervalle. "En promedio, aunque no se tomara ninguna medida" por parte de los usuarios "habría una reducción de la factura", prometió Ribera.

Los beneficios caídos del cielo

Más allá del nuevo recibo, la principal novedad que salió del Consejo de Ministros este martes, como adelantó 20minutos, fue un anteproyecto de ley para limitar los llamados "beneficios caídos del cielo" que perciben las eléctricas. La medida básicamente impedirá a las empresas lucrarse cobrando el coste de los derechos de emisión de CO2 cuando generen la energía a través de centrales nucleares o hidroeléctricas, que no emiten estos gases. Y Ribera señaló que, una vez se apruebe, la norma supondrá un recorte de unos 1.000 millones de euros anuales en la cuenta de resultados de las eléctricas, que el Gobierno reinvertirá en bajar la factura de la luz.

Fuentes de Transición Ecológica concretan que, trimestralmente, el Estado recaudará el 90% de los beneficios obtenidos a través de esta vía y reinvertirá, a su vez, un 90% de los mismos a financiar los costes de transición a las renovables. El 10% restante se destinará a las administraciones públicas para que financien el bono social para hogares vulnerables.

Con esta inversión, el recibo podría bajar hasta un 5%, explicó la vicepresidenta, aunque la cuantía concreta dependerá de factores como el precio de los bonos de emisión del CO2 o el del gas, que son variables. El resto de la rebaja en la factura de la luz vendrá, señaló Ribera, del proyecto de ley aprobado este martes para la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que estará financiado por las empresas energéticas en función de sus beneficios y que servirá para pagar los gastos ocasionados por la electrificación y la implantación de energías renovables. 

Hasta ahora, esos costes eran sufragados directamente por los consumidores en su factura. Y, con la creación del fondo, la factura de la luz bajará otro 10%, sostuvo Ribera. No obstante, a ambos proyectos aún les aguarda una larga tramitación legislativa, y además no se prevé que el Fondo de Sostenibilidad esté plenamente en marcha hasta dentro de cinco años.

El funcionamiento del mercado

En el actual mercado regulado, los precios de la luz para cada hora se fijan con un día de antelación, y el operador cubre el total de la demanda adquiriendo la electricidad a las eléctricas, comenzando por la oferta más barata. La luz menos costosa es la producida a través de renovables, centrales nucleares o hidroeléctricas, dado que esas energías son más baratas que el gas y, además, no tienen que pagar derechos de emisión de gases contaminantes sencillamente porque no los emiten.

Estas energías baratas, no obstante, no suelen cubrir toda la demanda de España para un día, y la parte que falta debe completarse con electricidad generada a partir de gas, que es más cara. El problema del mercado es que el precio que marca esta luz cara de producir es el que tienen que pagar los consumidores finales en la factura, aunque la electricidad generada a partir del gas solo represente el 1% del total del mix y todo el resto de la luz consumida proceda de renovables, nucleares o hidroeléctricas.

El motivo de que la luz generada en estas centrales de gas sea mayor tiene que ver con el precio del propio gas -una materia prima, además, muy sujeta a fluctuaciones-, pero también con lo que le cuesta a las eléctricas comprar derechos de emisión de CO2 para poder utilizar estas instalaciones contaminantes. Tal y como funciona el mercado, como es la energía generada a través de plantas de gas la que marca el precio de todas las demás, lo que termina ocurriendo es que los consumidores pagan el coste de los derechos de emisión también por la electricidad no contaminante.