Madrid y los acuerdos del Consejo Interterritorial: un desencuentro que viene de lejos a cuenta de la unanimidad

Los choques por la gestión de la pandemia entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el de España han sido constantes en los últimos 15 meses, con diferentes picos de intensidad. Esta semana ha llegado el enésimo desencuentro de una larga lista, a cuenta de un acuerdo adoptado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre un documento presentado por el Ministerio de Sanidad sobre las condiciones de apertura de la hostelería y las de reapertura del ocio nocturno y que se ha publicado este sábado en el BOE. 

El acuerdo salió del organismo, en el que se sientan el ministerio y las consejerías de Sanidad de las comunidades y ciudades autónomas, sin unanimidad, lo que para la Comunidad de Madrid lo hace directamente inaplicable. El total consenso para adoptar resoluciones es, a juicio del Gobierno en funciones que dirige Isabel Díaz Ayuso, la única vía para que los acuerdos del consejo sean válidos. 

Como en la votación del pasado miércoles eso no se produjo (hubo 11 votos a favor, 6 en contra y dos abstenciones), Madrid asegura que no tiene ninguna intención de aplicar un acuerdo que le obligaría, tal y como están ahora mismo sus indicadores epidemiológicos, a mantener cerrados el interior de los locales de hostelería o si mejora un poco, abiertos con porcentajes de aforo muy pequeños. De hecho, la Comunidad está esperando que le sea comunicada la orden de Sanidad, o bien que aparezca en el Boletín Oficial del Estado, algo que ha sucedido este sábado, para trasladarla a sus servicios jurídicos y que exploren la posibilidad de llevarla a la Justicia.

No sería la primera vez: Madrid ya ha llevado a los tribunales dos acuerdos que emanaron del Consejo Interterritorial. Y la razón que esgrimió en ambas ocasiones fue la misma: al no haber sido acordados por unanimidad no podían ser directamente aplicables, como mantenía el ministerio.

El primer recurso que presentó la Comunidad fue a principios de octubre. Se recurrió una orden del Ministerio de Sanidad que obligaba a aplicar restricciones de movilidad y actividad en diez municipios madrileños de más de 100.000 habitantes por tener una elevada incidencia de Covid-19. La orden era fruto de un acuerdo del Consejo Interterritorial que obtuvo 13 votos a favor y seis en contra, entre los que se encontraba el de Madrid, principal afectada por la decisión.

Aunque el Ejecutivo de Díaz Ayuso acató la orden y cerró los municipios con peores datos epidemiológicos, la Comunidad recurrió a los tribunales, en concreto a la Audiencia Nacional. "Es un recurso para defender el Estado de Derecho, para cumplir con el bloque de constitucionalidad y para defender las leyes que el Ministerio de Sanidad se está saltando", aseguró entonces Enrique López, consejero de Justicia e Interior, hoy en funciones. 

Unos meses después, y antes de que la Audiencia resolviera este asunto sobre el que hoy sigue sin haber un fallo, la Comunidad de Madrid volvió a interponer otro recurso contra la Interterritorial. Esta vez, ya en marzo de 2021, fue sobre el acuerdo que obligaba a cerrar en el puente de San José y en Semana Santa. Como ya había sucedido el pasado otoño, Madrid cumplió con el mandato y cerró sus 'fronteras' durante los periodos festivos, pero a la vez sometió la decisión al arbitrio de la Justicia, que aún debe decidir si se ajusta a Derecho, como mantiene el Gobierno de la Nación, o si no lo hace, como sostiene Isabel Díaz Ayuso y su equipo. 

"Jurídicamente" el Ministerio de Sanidad no puede "imponer" el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, insistió Madrid en marzo, como lo hace ahora. "Una vez que decae el estado de alarma se traslada a las comunidades la responsabilidad. El Consejo hace recomendaciones y lo que tiene hacer es buscar consenso. Nos parece que es un fraude y una intervención lo que está haciendo", señaló este viernes el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero. 

Según señaló este viernes el consejero de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero, el Gobierno regional estaba esperando la publicación o comunicación de la orden para dar los siguientes pasos. De momento ya ha dicho que esta vez no va a acatar lo que recoge el documento, cuyo contenido es de "obligado cumplimiento" para todas las autonomías, según viene destacando la ministra Carolina Darias los últimos días y según se puede leer en el BOE de este sábado. 

"La presente declaración de actuaciones coordinadas obliga a todas las comunidades y ciudades con estatuto de autonomía, con independencia del sentido de su voto", recoge el texto, que agrega que producirá efectos "desde su notificación" y hasta que se apruebe por la Ministra de Sanidad la finalización de su vigencia, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Está por ver si Madrid mantiene su  negativa a observar este acuerdo una vez que ha sido publicado y si la Comunidad decide llevar de nuevo a los tribunales un documento de la Comisión Interterritorial. Sería la tercera ocasión en poco más de ocho meses.