Según adelanta el diario El País, el grueso de las entradas, que se produjo a raíz de la emisión del primer capítulo de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', emitida por Telecinco, se ha localizado en las provincias de Valencia, Castellón y Alicante, aunque no se descartan hechos similares desde otros territorios del Estado.
Los hechos se remontan al pasado mes de marzo, cuando, tras difundirse la primera entrega del documental, se detectó que al menos una decena de personas con acceso al sistema Viogén, al que pueden acceder, además de la Policía y jueces, funcionarios que trabajan en Servicios Sociales, había entrado a consultar el expediente de la hija de Rocío Jurado.
Interior detectó este hecho y, tras comprobar que esas personas no tenían relación con el caso, -se puede rastrear la identidad ya que el personal autorizado dispone de un clave al ser información confidencial- bloqueó el acceso.
Por su parte, desde la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana el día 31 se abrió expediente para actuar administrativamente y, además, se pusieron los hechos en conocimiento del ministerio público por si fueran constitutivos de algún delito, explican fuentes de la administración autonómica a Europa Press.
La Fiscalía de Alicante ha archivado ya las diligencias, según El País, porque no apreció en la consulta indebida ningún perjuicio. La misma investigación aún se mantendría abierta en Valencia y Castellón.
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