El CGPJ dice que la ley de Memoria de Calvo ataca la libertad de expresión y rechaza cerrar fundaciones franquistas

La ley de memoria democrática de Carmen Calvo puede suponer una merma de la libertad de expresión al estar la mera exaltación del franquismo amparada en la misma. Así lo expone el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el informe jurídico sobre el articulado que ha aprobado este lunes en Pleno con la oposición de una minoría de sus vocales. Elaborado por Roser Bach y Wenceslao Olea, el texto ha recibido el visto bueno de quince magistrados y el rechazo de otros seis, que se han opuesto a la propuesta de los dos ponentes, que subrayaron también la necesidad de proteger el derecho de reunión ante la posible prohibición de actos públicos de exaltación de la dictadura franquista.

La forma en que la normativa del Gobierno encara la protección de las víctimas de la Guerra Civil y de la represión de régimen de Franco es otro aspecto controvertido para el CGPJ, que alerta del riesgo de que se tutele "de forma asimétrica" la dignidad de las diferentes víctimas de este período histórico, en función de su procedencia.

La decisión adoptada este lunes por el Consejo vuelve a mostrar la división que en el órgano de gobierno de los jueces ha provocado el anteproyecto, el cual ha seguido una turbulenta y larga tramitación prolongada porque los dos ponentes designados inicialmente para emitir el informe fueron relevados al no poder cerrar un texto de consenso.

Así, según ha comunicado el CGPJ, de sus 21 miembros han votado en contra José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, José María Macías y Juan Martínez Moya, todos del sector conservador, junto a Concepción Sáenz, del progresista; todos formularán además votos particulares discrepantes. Pero, entre los 15 que sí han respaldado el informe, hay seis que también emitirán votos particulares, aunque en su caso concurrentes. Por un lado, los elegidos a propuesta del PSOE Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda; y por otro, Enrique Lucas (promovido en su día por el PNV) y Vicente Guilarte (por el PP).

Aprobado así por mayoría este dictamen, el Gobierno dispone ya, junto al del Consejo Fiscal, de los dos informes que precisaba antes de llevar de nuevo la norma al Consejo de Ministros para su aprobación, ya como proyecto de ley, y su remisión a las Cortes.

El CGPJ pone en entredicho el cierre de fundaciones, que afectaría directamente a la Fundación Francisco Franco, porque "la apología del franquismo, sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas, constituye la expresión de ideas que, aunque contrarias a los valores proclamados por la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión".

Detecta también "falta de taxatividad" cuando invoca como motivo para cerrar fundaciones el que "no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo", al dejar un "amplísimo margen de apreciación" para evaluar sus extinción. En cuanto a los actos públicos profranquistas, alerta el CGPJ de que el Tribunal Constitucional ya señaló que el derecho de manifestación "no puede ser sometido a controles de oportunidad política ni a juicios en los que se emplee como canon el sistema de valores que cimientan y dan cohesión al orden social en un momento histórico determinado".

Otro de los principales aspectos del anteproyecto es la nulidad de las condenas por motivos políticos del franquismo, algo que el Consejo General del Poder Judicial entiende que ya está recogido con la declaración de "ilegitimidad" de la vigente Ley de Memoria Histórica de 2007 que ahora se quiere mejorar. También se plantea por vez primera una definición de "víctima de la Guerra Civil y la dictadura", algo que para el Consejo "se mueve en un plano estrictamente administrativo de reconocimiento, protección y resarcimiento de las víctimas", porque "el derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal".

La ley de Memoria Democrática incorpora otras novedades legislativas, como la activación de una fiscalía de sala del Tribunal Supremo para que los familiares de los represaliados puedan denunciar sus desapariciones al amparo del derecho internacional, la creación de un banco de ADN para identificar los restos que se exhumen y un nuevo modelo de gestión del Valle de los Caídos.