En marzo de 2020 el mundo cambió y la Unión Europea tuvo que afrontar una situación completamente desconocida. Una pandemia mundial volvía a poner a prueba los cimientos de un bloque de 27 países que tenía la cabeza en otros asuntos: el brexit, la política exterior, el cambio climático o la igualdad. Sin dejar de lado esa agenda, la Unión tuvo que empezar a pensar en cómo afrontar una crisis sin casi haber salido de la anterior, iniciada en el año 2008.
Año y medio después, la pregunta que surge es si la UE está pensando, por fin, en "lo común" después de haber recibido tantas críticas por las políticas de austeridad impuestas durante la Gran Recesión. Ese cambio de era empezó a verse con el fondo de recuperación, pero también con la compra de vacunas y en último término con la luz verde al llamado Certificado (o pasaporte) Covid, que permitirá relanzar el turismo a partir del 1 de julio y que ha tenido que solventar una serie de dudas desde el punto de vista ético.
Un fondo de recuperación histórico
Es sin duda uno de los avances más importantes de la historia de todo el proyecto europeo. "Es algo que se recordará en el futuro como un gran acierto, ahora solo falta que esas ayudas se usen bien", aseguran fuentes comunitarias consultadas por 20minutos. El 21 de julio de 2020 los jefes de Estado y de Gobierno aprobaron un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros, con mayoría de subvenciones a fondo perdido, para salir de la crisis.
Tras cuatro días y cuatro noches de negociaciones hubo fumata blanca, pero no fue fácil. Las principales brechas se dieron entre los países del norte, más austeros, y los del sur, que eran los más castigados por la pandemia y a la vez los que peor fama tenían por cómo habían gestionado la anterior crisis. Se llegó a un punto intermedio y, como suele pasar en estos casos, todos cedieron una parte importante de sus pretensiones. Italia y España, a los que la pandemia había azotado de forma muy brusca, eran los principales beneficiarios.
Otro escollo que hubo que superar fue el relacionado con Hungría y Polonia, que se negaron a que la recepción de los fondos estuviera ligada al cumplimiento del estado de derecho y bloquearon la aprobación final. Los de Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki dos gobiernos en el foco de la UE por su constante vulneración de derechos y libertades y están cómodos en esa disputa con Bruselas. Finalmente el acuerdo incluyó una cláusula por la que los Estados miembros pueden recurrir las 'amonestaciones' ante la justicia europea, lo que al final alargaría el proceso hasta dos años, durante los cuales no se podrán congelar las ayudas.
El fondo de recuperación fue la muestra del cambio de políticas que ha ido experimentando la UE en estos meses. Ha pasado de la austeridad más recta a aprobar por primera vez en su historia la emisión de deuda común, de tal manera que el peso se cargue de manera igualitaria entre todos los Estados miembros, una ventaja para los países con mayores niveles de deuda, como pueden ser España, Grecia o Italia.
Compra común de vacunas...con algunos problemas
Otra muestra del pensamiento de comunidad que parece haber arraigado en la actual UE es la compra conjunta de vacunas. Los primeros contratos empezaron a firmarse en agosto del año pasado, cuando apenas se había superado la primera ola de la pandemia. El objetivo era no convertir la adquisición de dosis contra la Covid-19 en una batalla campal entre países e igualar las posibilidades de acceso. Los niveles de riqueza son dispares entre Estados miembros, y salir al mercado de vacunas en esa condiciones hubiera sido muy negativo. "Era algo evidente, porque a las vacunas o llegábamos todos o no salíamos nunca", recuerdan las fuentes.
Pero el proceso no ha estado exento de problemas. El mayor se dio (y se sigue dando) con la farmacéutica AstraZeneca, que lleva retrasos en las entregas y que ya se encuentra inmersa en una batalla judicial con la Comisión Europea, que está respaldada por todos los Estados miembros. Solo del primer trimestre del año la compañía tiene pendientes de entregar 180 millones de dosis. Aunque nunca ha sido la opción mayoritaria de los socios, la vacuna de AstraZeneca era, evidentemente, fundamental para cumplir con los objetivos de vacunación, aunque a medida que otros viales han ido llegando, la urgencia ha disminuido.
Salvo algún choque concreto por los excendentes, los Estados miembros han mantenido una defensa férrea del proceso. Las voces críticas con los primeros retrasos (que se fueron solventando con la compra de más dosis) se acallaron y además la UE se ha convertido en uno de los principales exportadores de vacunas a terceros países. El sentimiento de comunidad también se ha arraigado con un acceso igualitario en espacio y tiempo a las vacunas contra el coronavirus, aunque después su inoculación recayese sobre los Gobiernos nacionales.
El pasaporte Covid que Bruselas no quiere llamar pasaporte
El ejemplo más reciente de que la UE, con sus muchas lagunas, ha avanzado en la unidad es el pasaporte de vacunación, que en Bruselas prefieren llamar Certificado Covid. Con este documento los turistas europeos podrán desplazarse sin restricciones dentro del espacio comunitario a partir del 1 de julio, al poder acreditar con este documento que han sido vacunados, han superado el coronavirus o han dado negativo en una prueba diagnóstica en las horas previas al viaje.
Se trata de un certificado gratuito, que será emitido en formato digital o físico y con la información al menos en el idioma del país emisor y en inglés, que armoniza los sistemas de cada Estado miembro y ofrece información básica sobre la situación médica de su titular con respecto al coronavirus, pero evita el intercambio de datos protegidos y garantiza la veracidad de la información recogida.
Aunque la fecha de inicio oficial de uso es el 1 de julio, ya hay países miembros que lo han implementado o lo harán antes de esa fecha, entre ellos España. A pesar de que parecen haberse solventado las dudas éticas que se generaron cuando se planteó, no se alcanzó uno de los reclamos del Parlamento Europeo: la gratuidad de las pruebas diagnósticas. Además, hay voces discordantes que consideran esta una medida discriminatoria.
¿Qué queda por hacer?
No obstante, queda camino por recorrer. El paquete de estímulos aprobado por Bruselas no es tan amplio como el que, por ejemplo, ha impulsado la Administración Biden en Estados Unidos. En la UE sigue habiendo cierta timidez para dejar atrás las recetas de 2008. Las reglas fiscales son una buena muestra de esto: están suspendidas hasta 2023 y el debate ahora debe ser si se reforman o no. El Gobierno español es partidario de que haya cambios porque considera que las actuales son "opacas y poco útiles".
Tampoco ha habido acuerdo a la hora de decidir si se suspenden o no las patentes de las vacunas. Esto, según la Unión, no aumentaría la producción; en Bruselas abogan primero por dejar de poner coto a las exportaciones.
A la UE siempre se la ha acusado de burocrática y de estar alejada de la realidad, pero la pandemia le ha cambiado, como a todos, el paso. Habrá que ver a medio plazo si lo que provoca es un cambio de 'cultura' en la toma de decisiones o todo lo que se ha hecho es solo un espejismo.
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