El Congreso da luz verde a la 'ley rider' contra los falsos autónomos con la oposición de PP, Vox y Cs

El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la convalidación del decreto de la conocida como 'ley rider', la modificación del Estatuto de los Trabajadores para prohibir que los repartidores que trabajan a plataformas digitales sean considerados autónomos pese a tener una relación laboral con su empresa. El legislativo da así luz verde a una medida que aprobó el Gobierno hace unas semanas con el voto favorable de PSOE, Unidas Podemos y sus socios parlamentarios y a pesar de la oposición de PP, Vox y Cs, que votaron en contra.

La convalidación del decreto que puso en marcha el Ejecutivo en mayo salió adelante con el apoyo de 195 diputados (ERC, JxCat, PNV, EH Bildu, Más País, Compromís, BNG o PRC, además de los grupos que forman el Gobierno), mientras que fue rechazada por 151 parlamentarios (los de PP, Vox y Cs). La norma entrará en vigor en agosto, cuando finaliza el plazo de tres meses ofrecido a las empresas para que se adapten. Desde ese momento, los trabajadores de las empresas de reparto de mercancías que operen a través de aplicaciones digitales tendrán "presunción de laboralidad", es decir, se les considerará por defecto asalariados y no autónomos.

Esa es la base de una ley muy sencilla, apenas cuenta con un artículo, y que según se enorgulleció este jueves la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido acordada con patronal y sindicatos. "A nadie se le ocurriría sugerir que se pueda elegir entre ser autónomo o laboral cuando se trabaja en una fábrica o un comercio, porque eso implicaría la desaparición de la norma laboral con todas sus consecuencias", argumentó Díaz. Ese es el mismo derecho que se aplicará a los riders, señaló la ministra, que insistió en varias ocasiones en que "la tecnología y la innovación debe estar al servicio de las personas".

La ministra de Trabajo también cargó contra el diseño de algunos algoritmos que reparten el trabajo en estas empresas, y que según se ha comprobado en ocasiones penalizan a ciertos trabajadores "que se enferman o emprenden una labor reivindicativa", según denunció Díaz. La nueva ley permitirá a los sindicatos acceder a la programación de estos algoritmos que tenga que ver con las condiciones de trabajo. Y la vicepresidenta defendió que, "al igual que no queremos jefes que nos griten, tampoco queremos dispositivos que nos penalicen" y por ello estos mecanismos "deben ser transparentes".

Vox llevará la ley al Constitucional

El debate para la convalidación del decreto se produjo mientras, a las puertas del Congreso, varias decenas de repartidores se manifestaban en contra de la puesta en marcha de la ley y pidiendo mantenerse como trabajadores por cuenta propia. "Queremos seguir siendo autónomos, pero no con el modelo actual, sino mejorado como en Francia e Italia, con mayor protección, pero en ningún caso con un contrato precario", señaló el presidente de la Asociación Profesional de Riders Autónomos, Jordi Mateo, que aseguró que con la nueva ley las plataformas les contratarán  a través de "empresas externas" y les remunerarán "en el mejor de los casos con 400 o 500 euros".

A esta concentración se refirió durante su intervención el diputado de Vox Juan José Aizcorbe, que anunció que su partido presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional para intentar tumbar la norma porque, a su juicio, no se cumplen los requisitos de urgencia necesarios para que la ley haya sido aprobada por decreto. No obstante, la discrepancia de Vox no es solo de forma, sino fundamentalmente de fondo, ya que la formación considera que la norma pone "barreras a trabajos que mantienen a miles de familias". 

En un duro intercambio dialéctico con la vicepresidenta Díaz, Aizcorbe sostuvo que es necesaria una "adaptación flexible" de la legislación a las plataformas digitales, y exigió "legislar sobre la figura del autónomo digital", es decir, crear una figura de trabajador por cuenta propia específicamente diseñada para estas actividades. En respuesta, Díaz le recordó que el Tribunal Supremo, así como otras cortes europeas, ha determinado que los repartidores son personal laboral, y acusó a Vox de querer "mantener un modelo basado en la explotación". "¿O qué quiere decir, que no hay que cumplir las sentencias del Tribunal Supremo?", le preguntó la vicepresidenta.

PP y Cs también se oponen

En la misma línea, aunque con debates menos encendidos, PP y Cs también criticaron una ley que incluye "más ideología que contenido", en palabras del diputado popular Diego Movellán, que acusó al Gobierno de tener un "modelo totalitario" al que le "sobran los autónomos", a los que han "decidido hacer la vida imposible". "Hay un gran número de riders que quieren seguir siendo autónomos", espetó Movellán, mientras la diputada María Muñoz, de Cs, tachó de "despropósito" la norma y anunció que no la apoyaría aún "a riesgo" de que se les califique de "explotadores".

Por el contrario, los aliados progresistas del Gobierno celebraron la convalidación de un decreto que, aseguraron, supone el principio del fin de la figura del falso autónomo. El parlamentario de EH Bildu Oskar Matute denunció que solo desde "la lógica de la explotación" puede entenderse que una empresa de reparto de comida a domicilio tenga "cero empleados". Y su homólogo de JxCat Josep Pagès insistió en que los riders "no son autónomos en una economía colaborativa o emprendedores en bicicleta, sino falsos autónomos exprimidos por unas empresas que utilizan a colectivos desfavorecidos para lucrarse".