La ley trans está más cerca de ver resuelto el principal desencuentro que lleva meses bloqueando su puesta en marcha. Según confirman fuentes de la negociación a 20minutos, el Ministerio de Igualdad y el de Justicia han acordado que las personas trans puedan modificar su sexo en el registro con su sola decisión y sin necesidad de testigos o pruebas que lo acrediten. Este asunto, la llamada autodeterminación de género, ha sido el escollo central de una negociación que el Ejecutivo quiere cerrar antes del Orgullo LGTBI, el 28 de junio.

Tras este pacto entre Igualdad y Justicia, explican las fuentes consultadas, la Vicepresidencia Primera de Carmen Calvo se ha visto obligada a aceptar la autodeterminación de género, pese a que la vicepresidenta lleva meses oponiéndose en público y en privado a ella. El acuerdo establece que las personas trans que quieran modificar su sexo en el registro deberán solicitarlo por escrito y, en un plazo máximo de tres meses después, ratificar su decisión. No necesitarán ni que otra persona certifique su género ni aportar elementos probatorios que lo demuestren.

El texto pactado, además, establece que el procedimiento para detectar cualquier posible fraude a la hora de hacer el cambio en el registro será el mismo que el que se utiliza en cualquier otra actuación, como un cambio de nombre. Después de la comparecencia de la persona trans solicitando la modificación, el funcionario emite el informe y puede paralizar el tramite como cualquier otro si considera que se comete fraude o es dudoso, algo que debe demostrar para suspenderlo definitivamente. Pero, tal y como exigía el Ministerio de Igualdad, no se establece un procedimiento especial para la revisión de estas solicitudes.

Fuentes de la negociación atribuyen la consecución de este acuerdo a "la buena sintonía de los equipos de Igualdad y Justicia", y excluyen de ese entendimiento a Calvo. Estas fuentes destacan que el texto "garantiza la despatologización y la libre determinación de género de las personas trans", aunque no está claro que la ley vaya a llegar para el Orgullo, que se celebra el día 28.

Calvo exige para aprobar la ley que las personas trans aporten "pruebas" de su género y alarga el bloqueo en el Gobierno

Y es que la norma aún no está cerrada, dado que ahora lo que genera problemas es la parte de derechos LGTBI, que Igualdad aceptó en abril que se incluyera en la misma ley a petición de la Vicepresidencia Primera. Entre las medidas que están generando discrepancias hay algunas tan nucleares en el texto como la filiación de las mujeres lesbianas, las sanciones dentro del paquete de medidas antidiscriminatorias para las personas LGTBI o las referentes a la memoria del colectivo. 

El mes pasado, la abstención del PSOE junto al voto en contra de PP y Vox impidió que una proposición de ley trans prácticamente calcada al texto diseñado por Igualdad comenzara a tramitarse en el Congreso. Entonces los socialistas sostuvieron que la propuesta contenía "deficiencias" y elementos de "dudosa constitucionalidad", mientras que Unidas Podemos votó a favor. No obstante, en ese momento fuentes de la Vicepresidencia Primera negaron que existiera "bloqueo" alguno por parte de Calvo, que siempre ha insistido en que su departamento únicamente busca que la norma goce de "seguridad jurídica" para evitar que sea recurrida y tumbada.

Diferencias dentro del PSOE

No obstante, la posición sobre la ley trans en el PSOE -como ocurre dentro del propio feminismo- no es unitaria y ciertos sectores de los socialistas se han alineado en los últimos meses con las posiciones defendidas por Igualdad. Así ocurrió en Canarias, donde apenas una semana después de que el PSOE no quisiera votar a favor de la ley trans en el Congreso, los socialistas canarios consiguieron aprobar por unanimidad una ley impulsada por ellos mismos junto al resto de grupos del parlamento autonómico que deja claro en su primer artículo que es un "derecho" de los ciudadanos canarios "la libre autodeterminación de la identidad y expresión de género".

El PSOE aprueba en Canarias una ley trans como la que Calvo bloquea en el Consejo de Ministros

Frente a esta posición, Calvo ha defendido en los últimos meses su rechazo a un concepto que, llegó a alertar en febrero, pone "en riesgo, evidentemente, los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles". "Son leyes que tienen que ser muy escrupulosas porque afectan a aspectos nucleares de los ciudadanos y con la seguridad jurídica suficiente para que los nuevos derechos no suponga ningún tipo de merma para los preexistentes", explicó entonces la vicepresidenta primera, unas declaraciones que generaron un choque con Unidas Podemos, que insinuó que Calvo estaba molesta porque la formación morada "esté en el Gobierno y, en concreto, en el Ministerio de Igualdad".