El próximo día 9 de agosto termina el decreto que prohíbe desahuciar a las familias vulnerables que vayan a quedarse en la calle y obliga a las administraciones a buscarles una vivienda alternativa para desalojarlas. El Gobierno ha comenzado a trabajar en medidas para dificultar los desahucios una vez pase esa fecha. Y, en esas negociaciones, Unidas Podemos plantea que se apruebe un nuevo decreto que contenga medidas más amplias que el actual y relajar los criterios de vulnerabilidad para que más familias puedan acogerse a él.

En la actualidad, y desde el pasado mes de diciembre, el decreto prohíbe desahuciar a las familias consideradas vulnerables por los servicios sociales. Únicamente existe un escenario en el que puede ejecutarse el desalojo: para ello, el arrendador ha de ser un pequeño propietario y la comunidad autónoma debe facilitar una vivienda alternativa al afectado. Si la administración no es capaz de realojar a la familia, está puede quedarse en su residencia aunque no pueda pagarla, y en tal caso el Estado otorga al casero una compensación. 

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La protección es mayor si el arrendador es una empresa o un propietario de más de diez vivienda, ya que en ese caso la norma suspende automáticamente el desalojo si la familia acredita su vulnerabilidad. Y Unidas Podemos quiere que, a partir del día 9 de agosto, ese pase a ser el criterio general a utilizar, sea el arrendador pequeño o gran propietario. Eso implicaría prohibir todos los desahucios de familias consideradas vulnerables "mientras no haya una alternativa habitacional real que sea una vivienda", explican fuentes moradas.

Además, actualmente las familias tienen que solicitar ellas mismas iniciar el procedimiento de suspensión de su desahucio ante los tribunales, y solo una vez hecho eso la justicia se pone en contacto con los servicios sociales para que puedan acreditar que los arrendatarios son vulnerables. Unidas Podemos plantea que el proceso se ponga en marcha de manera automática, es decir, que los jueces tengan que solicitar obligatoriamente un informe a los servicios sociales aunque los afectados no lo pidan.

Por último, los morados quieren aumentar los criterios de vulnerabilidad para que más personas puedan estar protegidas contra los desahucios. Actualmente, se considera que entran en esta definición quienes hayan caído en el paro a causa de la Covid-19 o hayan sufrido "una pérdida sustancial de ingresos" o una caída en su facturación si son autónomos. Y también son vulnerables para la administración las familias que ingresen menos de 1.613,52 euros mensuales, una cantidad que se incrementa en 53,78 euros por cada hijo a cargo.