Cataluña exige al Gobierno que amplíe la suspensión de desahucios de personas vulnerables hasta finales de año

Miembros de la PAH concentrados ante la vivienda de la calle Aragó de Barcelona donde residían las familias desahuciadas.
Miembros de la PAH concentrados ante la vivienda de la calle Aragó de Barcelona donde residían familias que fueron desahuciadas.
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Miembros de la PAH concentrados ante la vivienda de la calle Aragó de Barcelona donde residían las familias desahuciadas.

El Govern de Cataluña ha aprobado este martes reclamar al Gobierno que alargue hasta el 31 de diciembre la suspensión de desahucios y la moratoria de alquileres de personas vulnerables. En la actualidad, está previsto que estas medidas de protección finalicen el 9 de agosto, después de que ya se prorrogasen tres meses tras el fin del estado de alarma el pasado 9 de mayo.

Así lo ha anunciado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, este martes en rueda de prensa para informar de los acuerdos alcanzados en el Consell Executiu. "El final de la moratoria está cerca y es obvio que es insuficiente. Es necesario dar aire a los que todavía están inmersos en una crisis que la pandemia de la Covid ha agravado", ha considerado.

La portavoz ha explicado que los acuerdos para reclamar esta medida se han aprobado después de que la semana pasada se reuniera el Grupo de Trabajo por la garantía del derecho a la vivienda y estableciera que "es urgente un protocolo que permita a las conselleries implicadas, a las administraciones municipales y a los órganos jurídicos -la suspensión de los desahucios depende de la aprobación de los jueces tras acreditar la vulnerabilidad- mejorar la respuesta ante esta emergencia".

Así, el Govern "ha hecho suya la propuesta realizada por el Grupo de Trabajo relativa a la necesidad de continuar prorrogando la suspensión de los lanzamientos en el caso de que afecten a personas con vulnerabilidad social o económica" e insta al Gobierno a que, "en el ejercicio de sus competencias, tome las medidas necesarias para garantizar que ninguna persona en situación de vulnerabilidad se vea privada del derecho a la vivienda".

Para ello, la Generalitat reclama que el Ejecutivo central dé el "primer paso" de ampliar, "como mínimo hasta el 31 de diciembre de este año", el plazo de suspensión de los lanzamientos y de moratoria de los alquileres de familias con situación de vulnerabilidad.

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