Los indultos a los condenados por el procés no son más que el primer paso en la estrategia del Gobierno para tratar de solucionar la crisis territorial de Cataluña. Pero, entre sus próximos movimientos a corto plazo, el Ejecutivo no incluirá la reforma del delito de sedición en el Código Penal, una medida anunciada hace meses y que el Ministerio de Justicia lleva tiempo estudiando, pero que fuentes gubernamentales ahora alejan. Mientras la Moncloa insiste en que es el independentismo el que tiene que mover ficha, ERC y JxCat insistieron este miércoles en que es el Gobierno el que tiene que seguir haciendo gestos.
Desde hace meses, Justicia trabaja en un borrador para rebajar las penas del delito de sedición, que el Gobierno considera anacrónico en su formulación actual y que piensa, además, que tiene penas desproporcionadas. De hecho, tal y como publicó El País, el Ejecutivo llegó a plantearse poner en marcha esta reforma del Código Penal como argumento para apoyar la concesión de los indultos. Una reforma de calado del delito hubiera tenido el mismo efecto que la medida de gracia, habida cuenta de que la reducción de penas se hubiera aplicado a los condenados del procés con efectos retroactivos porque, en estas disyuntivas, el derecho siempre se aplica en beneficio del reo.
No obstante, una vez instalado el debate sobre los indultos y habiéndose concedido ya la medida de gracia, el Gobierno considera que ha hecho su parte por el momento, y cree que son los independentistas quienes ahora tienen que moverse. Así lo explican fuentes gubernamentales, que señalan que la decisión del Ejecutivo con respecto a los presos del procés ha liberado a ERC del principal escollo que tenía para negociar con el Ejecutivo sin quedar en una posición de debilidad excesiva en Cataluña frente a JxCat y la CUP, partidarios de una estrategia frentista contra el Estado.
El Gobierno, además, justifica su decisión de enfriar la rebaja del delito de sedición asegurando que no está claro que exista en la actualidad una clara mayoría parlamentaria que le permita llevar a cabo una reforma del Código Penal en este sentido. En la Moncloa hay algunas dudas sobre esos apoyos, especialmente sobre el voto de los grupos independentistas. Por eso son partidarios de aplazar esta reforma, que no llegará a corto plazo al Consejo de Ministros, y hay voces que se inclinan por avanzar otras reformas parciales del Código Penal, como la relativa a la ley del 'solo sí es sí' o la ley mordaza, donde a priori el consenso sería más amplio.
ERC y JxCat piden más pasos
El independentismo, no obstante, no tiene entre sus planes inmediatos hacer un gesto para responder a los indultos y cree que es el Gobierno quien tiene que seguir cediendo, o al menos eso es lo que expresa públicamente. Así lo plantearon, aunque con distinto tono, ERC y JxCat este miércoles: los republicanos mantuvieron su habitual actitud menos beligerante con el Ejecutivo, pero le recordaron que depende de sus votos, mientras que la formación del expresident Carles Puigdemont acusó al presidente Pedro Sánchez de querer "reeditar el régimen del 78" y le exigió que acepte un referéndum de independencia y ponga en marcha una ley de amnistía.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, fue muy insistente este miércoles preguntando a Sánchez "qué viene" ahora, una vez concedidos los indultos. "Para nosotros hay muchísimo camino que recorrer en torno al Código Penal, el Tribunal de Cuentas, el poder judicial o la ley mordaza. La pregunta es si para ustedes también", dejó caer Rufián pese al intento del presidente de poner la pelota en el tejado de los independentistas. Y se preguntó si la "valentía" de Sánchez no responde más bien a la "necesidad" que tiene de los votos de ERC. "Usted hace dos años se presentó a unas elecciones hablando de Fiscalía, y hoy habla de política. Todo el mundo sabe lo que a nosotros nos gusta hablar de política, así que a buen entendedor, pocas palabras bastan", afirmó.
No obstante, la parte más pragmática del independentismo no ve con malos ojos que el Gobierno aleje la rebaja del delito de sedición, habida cuenta de que lo más urgente para ellos, la salida de los condenados de prisión, ya es una realidad. En la línea de lo planteado por Rufián en el pleno, algunos dirigentes independentistas creen que ese retraso abre la oportunidad de encarar una reforma legal más amplia que incluya medidas como la derogación de la ley de seguridad ciudadana aprobada por el PP, más conocida como ley mordaza, que a su juicio ha servido como instrumento para reprimir las protestas pacíficas.
Todas las partes, en cualquier caso, asumen que la solución de la crisis territorial tendrá que cocinarse a fuego lento y será algo que llegue a largo plazo. Pero los indultos y la relación que han entablado desde el inicio de la legislatura el Gobierno y ERC -que ahora preside la Generalitat- augura una etapa en la que las declaraciones subidas de tono quedarán atrás y serán sustituidas por conversaciones más discretas.
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