El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, confirmó este miércoles que el Gobierno aprobará en las próximas fechas un real decreto para que se mantengan las medidas que frenen los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional una vez decaigan las actualmente vigentes, el 9 de agosto. En concreto, el Ejecutivo planea adelantar los mecanismos pactados ya entre PSOE y Unidas Podemos para ser incluidos en la ley de vivienda a este respecto.
Así lo señaló Ábalos en su comparecencia ante la Comisión de Transportes en el Congreso, donde explicó que no se trata de prorrogar un decreto coyuntural como el actual, aprobado para combatir las consecuencias sociales de la Covid, sino de poner en marcha medidas de carácter "estructural". Se hará así, señaló el ministro, "aunque en esa parte nos adelantemos a la propia ley de vivienda, que va a tardar mucho más tiempo" en estar en vigor porque, además de aún no estar acordada entre PSOE y Unidas Podemos, después tendrá que afrontar un largo trámite parlamentario.
En la actualidad, y desde el pasado mes de diciembre, el decreto prohíbe desahuciar a las familias consideradas vulnerables por los servicios sociales. Únicamente existe un escenario en el que puede ejecutarse el desalojo: para ello, el arrendador ha de ser un pequeño propietario y la comunidad autónoma debe facilitar una vivienda alternativa al afectado. Si la administración no es capaz de realojar a la familia, esta puede quedarse en su residencia aunque no pueda pagarla, y en tal caso el Estado otorga al casero una compensación.
La protección es mayor si el arrendador es una empresa o un propietario de más de diez viviendas, ya que en ese caso la norma suspende automáticamente el desalojo si la familia acredita su vulnerabilidad. Y Unidas Podemos quiere que, a partir del día 9 de agosto, ese pase a ser el criterio general a utilizar, sea el arrendador pequeño o gran propietario. Eso implicaría prohibir todos los desahucios de familias consideradas vulnerables "mientras no haya una alternativa habitacional real que sea una vivienda", explican fuentes moradas.
Contrapropuesta sobre alquileres
Los morados, además, mantienen la presión para que la ley de vivienda permita a los ayuntamientos forzar que bajen los precios del alquiler en zonas tensionadas, y remitieron este miércoles una contraoferta en este sentido a los socialistas apenas una semana después de que se hiciera público que Ábalos acepta ya que puedan congelarse los precios en estas zonas, pero no que se establezcan límites que obliguen a bajarlos. Según la interpretación de Unidas Podemos, solo así se cumpliría el acuerdo firmado con el PSOE.
La semana pasada, los morados celebraron que, por primera vez desde el inicio de una negociación que ya lleva casi cuatro meses de retraso, Transportes hubiera aceptado establecer una limitación de los precios del alquiler, pero ya insistieron entonces en que no solo es necesario congelar las cuotas, sino bajarlas por ley. No obstante, pese a que durante la semana Ábalos y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, han mantenido alguna conversación, el PSOE no se ha movido de su última oferta, y este mismo miércoles el ministro planteó en el Congreso que su objetivo es "frenar las subidas abusivas de precios en zonas tensionadas".
El uso de ese verbo, "frenar", no es casual, ya que implicaría renunciar a reducir los precios y únicamente se impediría subirlos por encima de los ya vigentes -tanto para nuevos contratos como para inquilinos antiguos- en las zonas especialmente tensionadas, siempre que los ayuntamientos así lo decidieran. Pero para Unidas Podemos ni es suficiente con congelar cuotas, ni con ello se cumple a su juicio el pacto suscrito en octubre, pues este establece que "se establecerán mecanismos de contención o, eventualmente, bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes".
"La propuesta de Transportes incumple el acuerdo de Gobierno", sostienen tajantemente fuentes de Unidas Podemos, que la tachan de "insuficiente" pese a que, la semana pasada, admitían que era un avance, ya que el PSOE inicialmente solo contemplaba ofrecer rebajas fiscales a los propietarios que bajaran precios. Los socialistas no comparten esa interpretación del texto del pacto, y el propio Ábalos afirmó este miércoles que "en ese acuerdo pone frenar las subidas abusivas" y eso es lo que el Gobierno va a "hacer". Cualquier otra cosa, afirmó, habrá que "negociarla con los socios de Gobierno", es decir, con Unidas Podemos.
Un mecanismo basado en el índice de Transportes
La contrapropuesta remitida por los morados al PSOE plantea establecer límites vinculados al índice de precios del alquiler diseñado por el propio Ministerio de Transportes, que presentó Ábalos el año pasado. Esta herramienta ofrece una referencia sobre los precios que existen en cada zona y su evolución, y para elaborarlo se tuvieron en cuenta más de 11 millones de arrendamientos de los últimos cuatro años con datos (2015, 2016, 2017 y 2018). El índice ofrece información sobre la el precio por metro cuadrado en cada zona, la cuantía que pagan de media los inquilinos por sus alquileres o la superficie media de los inmuebles arrendados.
Según explican fuentes de Unidas Podemos, su propuesta plantea fijar en las zonas tensionadas estos precios medios como tope, con lo que "los alquileres de los nuevos contratos" estarían obligados a bajar hasta esa cifra "si el precio anterior era superior". Además, señalan los morados, "si el precio del contrato anterior estaba por debajo del índice" el propietario no podrá subirlo hasta el tope establecido por la administración, sino que tendrá que mantenerlo igual.
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios