El Ministerio de Igualdad presentará su borrador de la Ley Trans -finalmente unificado con el de la ley LGTBI- en el Consejo de Ministros del próximo martes. Después de varios intentos, el departamento que encabeza Irene Montero podrá cumplir así con el último plazo que se había marcado para iniciar los trámites de uno de sus principales proyectos. El texto llegará a la reunión del Ejecutivo coincidiendo con la semana de celebraciones por el Día del Orgullo el 28 de junio y tras meses de confrontación con la vicepresidenta, Carmen Calvo, a cuenta de la autodeterminación de género.
El anteproyecto permitirá que las personas trans puedan modificar su sexo en el Registro Civil solo con su declaración expresa y sin necesidad de testigos o pruebas. El documento, acordado con el Ministerio de Justicia, establece que ese cambio deberá solicitarse por escrito y ser ratificado en un plazo máximo de tres meses.
El borrador recoge además que el procedimiento para detectar una posible irregularidad será el mismo que el que se utiliza en cualquier otra actuación. Después de la comparecencia de la persona trans, el funcionario emitirá un informe y podrá paralizar el tramite, como ocurre en el resto de casos, si considera que se comete fraude o es dudoso, algo que deberá demostrar para suspenderlo definitivamente. Tal y como exigía Igualdad, no se determina un procedimiento especial para la revisión de estas solicitudes.
La semana pasada se conoció que "la buena sintonía" entre los equipos de Irene Montero y Juan Carlos Campo había permitido desbloquear las negociaciones y que Vicepresidencia Primera se había visto obligada a aceptar la libre determinación. Calvo ha llegado a asegurar que le intranquilizaba "fundamentalmente la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles".
La medida sin embargo era una línea roja para Igualdad, que sí se avino a fusionar el texto de la ley trans con el de la ley LGTBI, otra de las reivindicaciones de la parte socialista del Ejecutivo. De esta forma, en una única ley quedan reguladas otras cuestiones como la filiación de las mujeres lesbianas, un aspecto que últimamente también había generado discrepancias pero que finalmente ha quedado solventado. Si la norma sale adelante, estas parejas no tendrán que casarse para poder registrar a sus hijos como descendientes de ambas.
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