La ley de eutanasia entra en vigor este viernes. El texto fue aprobado el pasado marzo por amplia mayoría en el Congreso y establecía un plazo de tres meses para su entrada en vigor definitiva, tiempo durante el que el Ministerio de Sanidad y las CCAA han trabajado en el protocolo y el manual de buenas prácticas para su desarrollo. Por su parte, el PP anunció este jueves que recurrirá la norma al Constitucional, como ya hizo Vox.

La ley de eutanasia –aprobada con 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones en el Congreso– permite que soliciten ayuda para morir las personas mayores de edad que padezcan una enfermedad grave e incurable y un sufrimiento "constante e intolerable". El paciente podrá decidir cómo será el proceso final de su vida, en todo momento acompañado por un equipo de profesionales sanitarios, y se facilitará que esté acompañado por su familia.

El proceso será supervisado por una Comisión de Garantía y Evaluación creada en cada comunidad autónoma y el afectado podrá recibir la eutanasia unas cinco semanas después de solicitarla, tras ser informado de las distintas alternativas y de los cuidados paliativos disponibles, y después de confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo de todo el proceso.

La ayuda para morir podrá prestarse tanto en centros sanitarios -públicos, privados o concertados- como en el domicilio del enfermo, y la ley contempla la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios.

España es el séptimo país del mundo en el que esta práctica es legal, después de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda (donde ya se ha aprobado, pero entrará en vigor en noviembre) y Colombia (en este último país por decisión del Tribunal Constitucional, pero sin que el Parlamento haya aprobado una ley que la regule).

PP y Vox se oponen

El PP, por su parte, va a interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de Eutanasia. El portavoz nacional de los populares y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dijo que su partido con este recurso "lo único que hace es, en un Estado de derecho, apelar al Tribunal Constitucional", porque "hay determinados aspectos de esa ley de eutanasia que pueden ser inconstitucionales".

Vox ya presentó un recurso el pasado miércoles, en el que, además, solicitaba que se suspendiera de forma cautelar la ley hasta que el Constitucional se pronunciara al respecto, al considerar que supone "una derrota de la civilización" y la victoria de la cultura de la muerte. El tribunal, sin embargo, rechazó esa suspensión cautelar.

Por su parte, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, confió este jueves en que se permita a los hospitales y residencias de inspiración católica ser lugares "libres de eutanasia", y calificó de mala noticia la aprobación de esta ley.

Finalmente, el presidente de Derecho a Morir Dignamente (DMD), Javier Velasco, pronosticó que será una prestación "minoritaria" –aunque su organización la considera "necesaria"– y estimó que el número de eutanasias que se realicen en España no superará las 4.200 anuales, teniendo en cuenta la experiencia de países como Bélgica y Holanda.