El Constitucional admite a trámite el recurso de Vox contra la ley de eutanasia pero no suspende su aplicación

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox contra la ley de eutanasia, que ha entrado en vigor este viernes. Según fuentes jurídicas consultadas por 20Minutos, el Alto Tribunal ha optado por rechazar la suspensión de la aplicación del articulado.

"No podemos apoyar una ley de eutanasia que nos lleva por una pendiente resbaladiza por la que ya se han deslizado los países en los que estas leyes se aplican", como Países Bajos, donde el 30% de los médicos han firmado eutanasias sin el consentimiento de los pacientes, señaló Santiago Abascal, líder de Vox, tras la presentación del recurso hace una semana.

La norma, que fue aprobada en el Congreso con el rechazo del PP y Vox, regula el derecho a la eutanasia para quienes sufran "una enfermedad grave e incurable" o un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" que afecte a la autonomía y que genere un "sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable", establece que la entrada en vigor tendrá lugar tres meses después de su publicación.

La proposición establece que tendrán derecho a solicitar la ayuda para morir todos los ciudadanos españoles o residentes en España que sufran "una enfermedad grave e incurable" o, en su caso, "crónica e invalidante", que provoque un sufrimiento "intolerable". Estos ciudadanos deberán "disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico" y "las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos".

El proceso para solicitar la eutanasia será breve, aunque garantista. El primer paso lo dará el paciente, que será quien tenga que solicitar por escrito que se active el procedimiento en dos ocasiones, separadas por 15 días la una de la otra. Hecho esto, en un máximo de 48 horas su médico tendrá que valorar si cumple los requisitos y facilitar al paciente, tanto verbalmente como por escrito, información sobre "su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos".

24 horas después de dicha conversación, el paciente deberá decir si mantiene o no su decisión de solicitar la eutanasia. Si fuera así, su caso pasaría a manos de un segundo médico, encargado de corroborar en un plazo máximo de diez días que el enfermo cumple los requisitos para recibirla. Y, si ese facultativo diera su visto bueno, el caso se comunicaría a la Comisión de Evaluación y Control, que nombrará otras dos personas para que elaboren un informe que servirá de guía al órgano para decidir si, finalmente, se ajusta a las condiciones necesarias.

Así, la ley se pondrá en marcha a la espera que de que el Constitucional se pronuncie sobre el fondo del recurso de Vox, que sostiene que supone "una derrota de la civilización" y la victoria de la cultura de la muerte.

También recurrió el articulado el PP, que votó junto a Vox en contra del mismo. El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dijo ayer a los periodistas en un acto público que su partido con este recurso "lo único que hace es, en un Estado de derecho, apelar al Tribunal Constitucional", porque "hay determinados aspectos de esa ley de eutanasia que pueden ser inconstitucionales".

El propio presidente del partido, Pablo Casado, señaló desde Bruselas que han incorporado parte del texto de la ley de Cuidados Paliativos que ellos llevaron al Congreso y algunas aportaciones que les han dado desde los colectivos y asociaciones.

España es el séptimo país del mundo en el que esta práctica es legal después de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda (donde ya se ha aprobado, pero entrará en vigor en noviembre) y Colombia (en este último país por decisión del Tribunal Constitucional, pero sin que el Parlamento haya aprobado una ley que la regule).