El anteproyecto de la Ley Trans llega este martes al Consejo de Ministros coincidiendo con la semana del Orgullo y tras un largo periodo de negociaciones entre los partidos de la coalición de Gobierno. La norma llevaba meses encallada por discrepancias entre ministerios de PSOE y Podemos, más concretamente, entre la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, por aspectos tan sensibles como la autodeterminación de género, de la que Calvo se ha mostrado siempre en contra y que finalmente estará incluida en esta ley, con el correspondiente cambio de postura de la vicepresidenta.
Esta ley permite realizar un cambio de sexo en el Registro Civil sin que sea necesario que la persona disponga de un informe médico o psicológico clínico que acredite "disforia de género". Bastará con que se solicite el cambio por escrito, sin necesidad de presentar pruebas ni testigos, y que se ratifique en un plazo de tres meses.
En una entrevista en La Sexta Noche el pasado sábado, la vicepresidenta, preguntada sobre este asunto, afirmaba rotundamente que "nunca se ha planteado un informe médico para cambiar de sexo", aunque tanto en público como en privado ha defendido lo contrario, alegando que para cualquier trámite que llegue al Registro Civil, como por ejemplo un matrimonio, se necesita alguna prueba o testigo que certifique lo que haya que registrar.
"Hasta para casarse tiene usted que llevar un testigo", afirmaba en una entrevista al diario Infolibre el pasado mes de mayo. "No le preguntan si está usted enamorado o está usted seguro. Estos nuevos derechos tienen que ir por los mismos caminos que otros. Es así como funciona la seguridad jurídica en todos los países del mundo", reiteraba.
La preocupación que mostraba Calvo se basaba en esa seguridad jurídica y en no dejar flecos sueltos que pudieran hacer al Tribunal Constitucional -al que está convencida que recurrirá la oposición- tumbar la norma o que suceda como en otros países, donde después de aprobar leyes similares han tenido que dar un paso atrás porque los derechos, defiende la vicepresidenta, "no son absolutos" y muchos de ellos colisionan con otros ya existentes.
"Me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo", señalaba el pasado mes de febrero en una entrevista en la Cadena Ser, en la que advertía, además, que este hecho ponía "en riesgo los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles".
También se posicionó en otro punto relacionado con los menores de edad, ya que el cambio registral del sexo podrá ser solicitado por cualquier persona mayor de 16 años, y entre los 14 y los 16 años podrán hacerlo con el consentimiento de sus progenitores. "El problema no es solamente la edad, estos asuntos relativos a los menores tienen que estar particularmente protegidos", sostuvo entonces.
Discrepancias también dentro del movimiento feminista
La norma llega con discrepancias también entre el movimiento feminista, que se muestra dividido. Este fin de semana se han producido manifestaciones de varias organizaciones que pedían la dimisión de la ministra Montero al considerar que con esta ley hay "un retroceso en la protección" de los derechos de las mujeres. Para Calvo, sin embargo, no existe esta división. "Las feministas no estamos divididas porque sabemos cuál es nuestra agenda", defendía en otra entrevista en TVE coincidiendo con el 8 de marzo.
Argumentario transfóbico
La ley trans no solo puso de manifiesto las discrepancias entre los dos socios de coalición. El mes pasado, la abstención del PSOE junto al voto en contra de PP y Vox impidió que una proposición de ley trans prácticamente calcada al texto diseñado por Igualdad comenzara a tramitarse en el Congreso. Entonces los socialistas sostuvieron que la propuesta contenía "deficiencias" y elementos de "dudosa constitucionalidad", mientras que Unidas Podemos votó a favor.
La nueva norma también ha abierto una brecha en las filas socialistas que se profundizó tras la difusión de un documento interno firmado por la propia Carmen Calvo junto al secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, el secretario de Coordinación Territorial, Santos Cerdán, y el secretario de Relaciones Institucionales, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.
En dicho documento se asegura que “el sexo es un hecho biológico” y afirma que “el activismo queer -con el que Calvo se ha mostrado abiertamente en contra- desdibuja a las mujeres como sujeto político y jurídico, poniendo en riesgo los derechos, las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres y los logros del movimiento feminista”.
El documento fue calificado de "transfóbico" por parte de algunos socialistas como la entonces diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, también activista por los derechos de las mujeres trans. "A mi no me representa ningún documento transfóbico envuelto en seda", denunciaba públicamente a través de sus redes sociales. Finalmente la ley ha llegado al Consejo de Ministros en los términos en los que se siempre defendió Unidas Podemos y que Calvo ha aceptado finalmente.
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