El Tribunal de Cuentas ha comunicado este martes a los líderes del 'procés' y a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat la deuda millonaria que deberán pagar por la promoción internacional del independentismo: 5,4 millones de euros. Según fuentes jurídicas consultadas por 20Minutos, se le exigen 2,8 millones al expresidente Artur Mas y su exconsejero Andreu Mas Colell; y 1,9 millones a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras. También se le reclaman más de 3 millones al exconsejero Francesc Homs y al exsecretario general del Diplocat, Alberto Royo. A Raül Romeva, otro de los indultados, se le solicitan más de 2 millones de euros, además de cantidades menores a otros responsables de la administración catalana entre los años 2011 y 2017.

Estos montantes individualizados son el resultado del cálculo que ha realizado el Tribunal sobre el gasto público del que fue responsable cada implicado cuando ejercían cargos políticos en la Generalitat. Sin embargo, no será necesario que Mas, Puigdemont, Junqueras y la otra treintena de implicados depositen el máximo marcado para ellos, pues bastará con que, en conjunto, todos ellos abonen los 5,4 millones que costó la promoción del 'procés' en el exterior.

Ninguno de los acusados ha acudido presencialmente a la cita. Sí han asistido sus defensas, a las que se les ha notificado que deberán abonar el pago en los próximos 15 días cuando la vista finalice -se prevé que termine este miércoles-. Los abogados han alegado que solo han tenido tres horas para leer un expediente que tiene 504 páginas y otros 10 minutos para presentar alegaciones. Gonzalo Boye, defensa de Puigdemont, ha dicho que el procedimiento es "una tomadura de pelo" porque, a su juicio, el Tribunal de Cuentas está sobrepasando sus consecuencias al ejecutar "la derogación implícita del Estatuto de Cataluña por la vía de coartar la acción exterior."

Después de escuchar las alegaciones de los acusados, este miércoles será el turno de los representantes legales de la Generalitat, del Diplocat y de las sociedades Abogados Catalanes por la Constitución y Sociedad Civil Catalana.  Antes de que el Tribunal acuerde si hace o no alguna modificación al montante final exigido, también escuchará a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, que no presentará demanda -cabe recordar que el Tribunal de Cuentas no es un órgano jurisdiccional-. Así lo ha avanzado este martes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que lo ha justificado señalando que "una vez que hay liquidación provisional, la Abogacía no presenta demanda". "Es lo que se hace", ha dicho.

Las declaraciones del ministro llegan después de que los independentistas comenzaran a presionar al Gobierno de Pedro Sánchez para que no abriese causa en los tribunales. Jordi Sànchez, uno de los presos indultados y actual secretario general de Junts, ha pedido al Govern actual, presidido por Pere Aragonés, una respuesta "coherente y urgente" a las fianzas impuestas y "coherencia" a Pedro Sánchez. "No se puede llevar a más de 40 personas delante del Tribunal de Cuentas, con la Abogacía del Estado apoyando unas demandas absolutamente surrealistas y creo que malintencionadas y prevaricadoras, y decir que es el momento de la concordia", ha añadido.

Esta presión también ha la trasladado Ferran Bel, diputado del PDeCAT en el Congreso de los Diputados. En una rueda de prensa este martes, ha asegurado que el Gobierno "sabe lo que tiene que hacer", en referencia a las declaraciones de los ministros de Transportes e Igualdad, José Luis Ábalos e Irene Montero, que señalaron días atrás que la cuenta pendiente del Tribunal de Cuentas era "una piedra en el camino" del diálogo entre el Gobierno y el Govern. "La Abogacía del Estado va a ser la primera interesada en que algunas de estas situaciones absolutamente ridículas no puedan prosperar judicialmente", ha señalado.

Más de 400 millones en acción exterior

La deuda -que tendrá que ser repuesta con la fianza o, en última instancia, con embargos personales- se debe a los gastos de la acción exterior que fueron presuntamente desviados a las denominadas 'embajadas catalanas' que abrió el Govern en más de 30 países, como Bélgica, Reino Unido, Irlanda o Estados Unidos.

También se recogen los gastos de la acción del Consejo de Diplomacia Pública de Catalunya (Diplocat). Este consorcio público-privado fue creado en 2012 por el entonces ejecutivo de Artur Mas para potenciar y dar a conocer la acción de Cataluña en el extranjero. Cesó su actividad en abril de 2018, después de que así lo decretara el Ejecutivo de Mariano Rajoy tras aplicar el artículo 155 de la Constitución Española, lo que le permitió tomar el control de la autonomía después de que Puigdemont y su Govern intentaran hacer efectiva la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

Las diligencias que se han trasladado a las partes provienen del informe que el Tribunal de Cuentas aprobó en marzo de 2019 y en el que fiscalizó dichas partidas presupuestarias. Según este escrito, la Generalitat gastó en ese período un total de 416,8 millones de euros en acción exterior. Tal y como confirmó el órgano, el gasto total de las delegaciones superó los 27 millones de euros y el de Diplocat casi alcanzó los 16. Todo ese dinero, concluyó el tribunal, se gastó sin justificación, con subvenciones a dedo y bajo la fracción de contratos públicos con el fin de eludir controles, además de invadir competencias del Estado.

Estos más de 5 millones se sumarán así a los otros 4,1 millones que ya fueron consignados a los acusados por la celebración y la ejecución de la consulta que tuvo lugar el 1 de octubre de 2017 y que fue precedida por las leyes de desconexión aprobadas por el Parlament los días 6 y 7 de septiembre, por las que fueron juzgados y condenados Junqueras y otros ocho miembros del Govern por el Tribunal Supremo.