El Govern catalán avalará las fianzas de 5,4 millones de euros impuestas por el Tribunal de Cuentas a 34 ex altos cargos de la Generalitat por haber promocionado la consulta del 1-O en el extranjero entre 2011 y 2017 con dinero público, tal y como ha anunciado este martes el ejecutivo de Pere Aragonès (ERC). El Consell Executiu ha aprobado destinar inicialmente 10 millones de euros a una partida de nueva creación, el Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña (FCRCAT). Esta aportación económica se actualizará anualmente.
La fórmula escogida por el Govern
El anuncio del gobierno de coalición ERC-Junts en Cataluña viene precedido por el ultimátum de la entidad fiscalizadora a los encausados, que han de depositar las cantidades exigidas por el Tribunal antes del próximo 21 de julio.
La fórmula escogida por el equipo del president Pere Aragonès se concreta en un aval que generará una entidad bancaria aún por especificar al que responderá con un contra aval el Institut Català de Finances, dependiente de la Generalitat. Con este método, parecido al de un seguro, el Govern quiere evitar posibles denuncias y acusaciones de "malversación de fondos públicos" y de "prevaricación".
"El decreto se basa en el principio de indemnidad que obliga a las administraciones a defender a los trabajadores públicos mientras no haya sentencia firme", ha detallado el conseller de Economia catalán, Jaume Giró.
La primera denuncia al aval
La organización Convivencia Cívica Catalana ha interpuesto este mismo martes, el mismo día del anuncio de fondo, una denuncia ante el Juzgado de Guardia de Barcelona contra el president Aragonès y todos los consellers del Govern por "asumir ilegalmente el pago de las cantidades exigidas por el Tribunal de Cuentas", lo que consideran "malversación de caudales públicos y prevaricación", puesto que estos gastos "no pueden ser asumidos de ninguna manera por la Generalitat".
El PSC y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han declarado este martes que se estudiará este aval para valorar "si se ajusta o no a derecho" y se toman las medidas legales oportunas. Desde la oposición, tanto PPC y Cs en Cataluña como el PP en Madrid se han mostrado contrarios al fondo.
El líder nacional popular, Pablo Casado, ha anunciado que interpondrán un recurso contra la medida y denunciarán a la Generalitat. Ha hablado de "graves irregularidades" que a su juicio se están competiendo en esta ocasión con "la complicidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La reclamación del Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas reclama un total de 5.422.879,48 euros a 34 ex altos cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos públicos para la promoción exterior del referéndum del 1 de octubre de 2017 que declaró ilegal el Tribunal Constitucional.
Esta cantidad se añade a los 4,1 millones de euros que el órgano fiscalizador calcula que costó la consulta. El Tribunal reclama la suma más importante al ex secretario general de Diplocat, Albert Royo (3,6 millones de euros).
También pide 2,8 millones de euros al expresident Artur Mas y al exconseller de Economia Andreu Mas-Colell. Al expresident huido Carles Puigdemont y al exvicepresident indultado Oriol Junqueras les exige 1,9 millones de euros.
Los encausados declararon el pasado 29 de junio en la sede del Tribunal de Cuentas y sus abogados presentaron las respectivas alegaciones. Acudieron el exconseller catalán y exdiputado del PDeCAT Francesc Homs y el abogado de Carles Puigdemont, huido en Bélgica, Gonzalo Boye.
Los condenados por el procés ya abonaron ante el órgano fiscalizador una fianza de 4,1 millones de euros por el dinero destinado a la realización del referéndum de independencia de 2017.
El pasado 1 de julio, el Tribunal Supremo rechazaba los recursos de casación presentados por el expresident Mas y siete ex altos cargos de la Generalitat contra la sentencia de 2019 del Tribunal de Cuentas que les condenó a devolver 4,9 millones de euros por los gastos de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. Mas depositó 2,2 millones de euros.
La causa contra Puigdemont
El fiscal del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, pedía en marzo de 2019 que se abriese una causa contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y otros exmiembros del Govern por el presunto desvío millonario de fondos para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Torres citaba entre otros gastos los referentes a locales de votación -por valor de 900.906,70 euros-, publicitarios por cerca de un millón de euros, 979.661,96 euros en papeletas y 38.431,20 en cartelería. El informe también destacaba una asignación de 2,3 millones de euros para la acción exterior de la Presidencia catalana más otros gastos en viajes que superaban los 100.000 euros.
Días antes, Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución presentaban su propia denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el expresident y sus exconsellers, cifrada en 1,9 millones de euros.
En noviembre de 2017, poco después de la declaración unilateral de independencia de Cataluña del 27 de octubre de ese año, Hacienda denunciaba a Puigdemont ante el Tribunal de Cuentas por los costes del referéndum del 1-O.
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