Igualdad quiere eliminar los tres días de reflexión antes de abortar y limitar la objeción de conciencia de los médicos

La ministra de Igualdad ha dado a conocer este jueves más detalles sobre la reforma de la ley del aborto que su departamento prepara. Tras lograr el impulso de la ley trans y LGTBI y el de la ley del solo sí es sí y poner en marcha el Plan Corresponsables, Irene Montero ha asegurado que ahora "toca hablar de salud sexual y reproductiva". "En eso nos vamos a volcar en los próximos meses", ha avanzado.

Después de que ya se conociera que el Gobierno pretende impulsar la derogación del permiso paterno para abortar a partir de los 16 años -introducido por el PP en 2015-, Montero ha manifestado su intención de eliminar los tres días de reflexión que actualmente son obligatorios para la interrupción voluntaria del embarazo. "Institucionalmente debemos lanzar el mensaje de que las decisiones de las mujeres no necesitan supervisión ni tutela", ha defendido en la inauguración de un acto organizado por el Instituto de las Mujeres bajo el título Conversatorios sobre salud sexual y reproductiva: hacia la modificación de la Ley Orgánica 2/2010.

La nueva norma prevé igualmente penalizar el acoso a las clínicas, según la ministra "uno de los principales problemas a los que se enfrentan" quienes deciden abortar. "El acoso, sobre todo por parte de la extrema derecha, no solo se produce a las mujeres sino también a las profesionales que trabajan en esas clínicas. Queremos garantizar que esos centros y sus entornos son lugares seguros, igual que hacen otros países, como Francia", ha apuntado. 

Los planes de Igualdad también contemplan "regular la objeción de conciencia", para que cualquier mujer pueda acudir a un hospital público y cercano a su domicilio, elegir el método y "tener la seguridad de que todos sus derechos están garantizados". "El derecho de los médicos no puede estar por encima del derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos", ha dicho Montero, quien también ha anunciado que la reforma debe dar pasos en ámbitos como la educación afectivo sexual y el acceso a los métodos anticonceptivos, tanto femeninos como masculinos.

La ministra ha reconocido que la La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en 2010 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, supuso un "avance significativo", pero ha defendido que necesita ser reformada "porque han surgido nuevas necesidades vinculadas al acceso efectivo al derecho a la interrupción voluntaria del embarazado y también porque existen necesidades que ya había entonces pero que quizás no tenían el consenso necesario para ser abordadas desde el punto de vista institucional". "España está preparada para despenalizar definitivamente el aborto", ha remarcado.

El ministerio pretende asimismo que la gestación subrogada sea un tipo de violencia contra la mujer. Su intención es que, junto a ella, la nueva ley del aborto considere también en ese rango la esterilización forzada, el aborto forzado y la violencia ginecoobstétrica, reconocidos en los acuerdos internacionales y que aún no se recogen en la legislación española. El objetivo es regular de esta manera violencias que se quedan fuera de otras normas, como la de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género o la futura Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.