Escrivá deja para 2022 lo más complejo de la reforma de las pensiones: recortes a los 'boomers', subir las cotizaciones...

El Gobierno podría tener más dificultades de las esperadas para sacar adelante su reforma de las pensiones. Este miércoles, la oposición mostró públicamente sus dudas con respecto a la primera parte del proyecto elaborado por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, un texto pactado con patronal y sindicatos. Y eso no es un buen augurio para un Ejecutivo que, precisamente, ha dejado los asuntos más espinosos para negociarlos de cara a la segunda parte de la reforma de un sistema que Escrivá ha insistido en calificar de "sostenible".

En la primera parte de la reforma de las pensiones, Gobierno, patronal y sindicatos han acordado los temas menos controvertidos. Se han vuelto a vincular las pensiones con el IPC anual, se han incluido medidas para fomentar la jubilación más tardía, se han impulsado penalizaciones a las prejubilaciones más tempranas y se ha pactado sacar determinados gastos del presupuesto de la Seguridad Social. Pero aún quedan por tratar asuntos como el posible recorte a las pensiones de los nacidos entre 1960 y 1975 o el aumento del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión. Y las conversaciones se prevén peliagudas.

El periodo de cómputo

Precisamente este último asunto, el aumento del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, es uno de los temas que van a generar más discrepancias. En los planes remitidos por el Gobierno a Bruselas se establece que, para 2022, tendrá que haberse alcanzado un acuerdo sobre "el ajuste" de este periodo -actualmente se toman como referencia los últimos 25 años de vida laboral para calcular la pensión que le queda al trabajador- "con el objetivo de reforzar la progresividad del sistema y adaptar la actual normativa a las carreras discontinuas y a otras formas de trabajo atípicas". El texto también deja claro lo que el Ejecutivo entiende por "ajuste": una "extensión".

El documento remitido a la UE no ofrece cifras, aunque uno de sus borradores sí lo hacía: tal y como desveló en enero 20minutos, Escrivá barajaba elevar este periodo de cómputo de los actuales 25 años a 35. Y ese cambio no sería indoloro, sino que supondría una bajada de las pensiones "en términos medios", "aun cuando el efecto en cada trabajador es diferente, aumentando la pensión en algunos casos y disminuyéndola en otros". En concreto, "el efecto medio de calcular la pensión sobre un máximo 35 años en lugar de 25 supondrá a las pensiones comprendidas entre la mínima y la máxima una reducción media de la pensión inicial del 6,3%", se señalaba en ese borrador, ya que al principio de las carreras profesionales los sueldos suelen ser más bajos.

La mención a la concreción de la extensión del periodo de cómputo y a sus efectos se eliminó tras la frontal oposición mostrada por Unidas Podemos y los sindicatos cuando se dio a conocer que Seguridad Social barajaba esta reforma. De hecho, el entonces vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, sostuvo a tenor de esta propuesta que "sería inaceptable cualquier recorte de las pensiones". Pero Escrivá, según se refleja en el documento final enviado a Bruselas, mantiene su intención de extender el periodo de cómputo, lo que anticipa un choque con la parte morada del Gobierno y con las centrales sindicales.

El tajo a la pensión de los 'baby boomers'

Otro de los puntos controvertidos que aún están por negociar y que prometen no ser fáciles de acordar es el diseño del mecanismo de equidad intergeneracional, la herramienta que debe sustituir al polémico factor de sostenibilidad del PP, cuya derogación ya se ha puesto en marcha. Escrivá ha dado pocos detalles acerca de la que será su propuesta para este mecanismo, aunque lo poco que ha dicho ha puesto a patronal, sindicatos y Unidas Podemos en alerta, ya que el ministro ha abierto la puerta a que se apruebe por esta vía una pequeña reducción en la pensión de los nacidos entre 1960 y 1975.

La semana pasada, el ministro planteó que esta generación -conocida como la del baby boom- deberá asumir "un pequeño ajuste en su pensión" o, en su defecto, trabajar más tiempo para compensar que la generación que viene inmediatamente por detrás de la suya es mucho menos numerosa. El miércoles, tras varios días de matizaciones, fue mucho menos explícito, pero trasladó el mismo mensaje. "En su caso, si hubiera que hacer llegar nuevas fuentes de financiación al sistema [...] la disyuntiva es si se paga con impuestos, que los pagan todos, o podría contemplarse la posibilidad de establecer mecanismos más selectivos", apuntó Escrivá.

La idea no gusta ni a Unidas Podemos, ni a los agentes sociales, ni a los socios parlamentarios del Gobierno. Los morados argumentan que el sistema tiene un problema de "ingresos" y no de gastos, y el miércoles dijeron, por boca de su diputada Aina Vidal, que no apoyarán "recortes ni fórmulas raras ni a nuestras abuelas, ni a los boomers, ni a los que vengan detrás". ERC, EH Bildu o el PDeCAT también rechazaron frontalmente dar su voto a una bajada de las pensiones. E incluso los empresarios afirmaron que no "comparten" la propuesta.

El tope de cotización

Otro de los puntos que aún están por negociar y que generarán un choque es el destope de la base máxima de cotización para la pensión, lo que implica, a efectos prácticos, que los sueldos más altos coticen más. El plan enviado a Bruselas señala que, para finales del año que viene, tiene que estar en vigor "la legislación relativa a la adecuación de la base máxima de cotización", una norma que debe incluir el "incremento gradual de la base de cotización máxima del sistema" y, en paralelo, la adaptación a este incremento de las pensiones máximas.

Actualmente, los sueldos cotizan únicamente por aproximadamente los primeros 49.000 euros brutos anuales. Todo lo que sobrepase esa cantidad está exento de cotización, y el Gobierno busca elevando los topes "aumentar la progresividad del sistema" y los "ingresos" de la Seguridad Social. Los sindicatos están completamente a favor de la medida e incluso apuestan por el destope total, pero son conscientes de que genera muchas resistencias en la patronal. "Es una forma de derivar recursos a la Seguridad Social", apuntó hace unos días el secretario general de CCOO, Unai Sordo, que no obstante admitió que "es obvio que entra en conflicto con intereses de la CEOE".

El 'superfondo' público de pensiones

El último gran asunto a negociar en la segunda parte de la reforma es la "revisión del actual sistema de pensiones complementarias para promover los planes de pensiones mediante la creación de fondos de promoción pública abiertos a todos los trabajadores y empresas". Con esa promesa realizada a Bruselas, el Gobierno explicita su apuesta por crear estas herramientas de ahorro que gestionaría "el sector privado" pero que serían de titularidad pública, y propone ofrecer "incentivos fiscales" a los trabajadores y empresas que participen en ellos como forma de complementar su prestación.