Los médicos ven inconstitucional limitar la objeción de conciencia para el aborto
- Igualdad contempla "regular" ese derecho para que cualquier mujer pueda acudir a un hospital público y cercano.
- El consejo de colegios oficiales insta a las administraciones a poner medios para quienes se tengan que desplazar.
- Montero prevé además quitar los días de reflexión, lo que choca con el consentimiento informado, según el doctor Altisent
Las últimas declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre los cambios que pretende introducir en la ley del aborto han provocado rechazo entre los profesionales sanitarios. En concreto han suscitado críticas la intención de eliminar los tres días de reflexión que actualmente son obligatorios antes de iniciar el proceso y la de limitar el derecho a la objeción de conciencia de los médicos.
"Dificultar la objeción de conciencia del personal sanitario es una mala solución que resulta inaceptable, ilegal e injusta", reprueba el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom), que agrega que se trata de un derecho fundamental recogido en el artículo 30 de la Constitución. La corporación critica que se pretenda "forzar la conciencia de los médicos para ampliar el número de facultativos disponibles en todas las poblaciones" y sugiere que "mejor sería que los servicios de salud y los Servicios Sociales hicieran bien su trabajo, y pusieran medios para que las mujeres que han de someterse a un interrupción voluntaria del embarazo tengan el apoyo apropiado en el caso de que sea necesario desplazarse". "Dado que se trata de procedimientos quirúrgicos normalmente ambulatorios, el que puedan prestarse localmente dependerá de una adecuada organización de los servicios sanitarios", continúa.
La institución considera no obstante que en "muchas prestaciones" es difícil asegurar la misma accesibilidad en todas las localidades y remarca que "en ocasiones, incluso resulta conveniente centralizar procesos o procedimientos por razones de calidad y eficiencia". Incluso plantea que "en pueblos y ciudades pequeñas no es fácil mantener la obligada privacidad, por lo que una cierta concentración en la prestación de estos servicios podría tener un efecto protector para la intimidad de las mujeres".
informe matic
- El planteamiento de Montero sobre la objeción de conciencia va en línea con el texto aprobado el 24 de junio por la Eurocámara. El conocido como Informe Matic -por el eurodiputado socialdemócrata que lo planteó- señala que "no es un derecho absoluto" y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostiene que "no debe utilizarse para bloquear el acceso de la población a servicios a los que legalmente tiene derecho". "Esto ocurre todos los días en el conjunto de la Unión: las mujeres no tienen acceso al aborto, un derecho que tienen reconocido por ley, porque el personal médico les deniega la asistencia médica y los hospitales públicos no ponen en marcha sistemas de remisión. Este hecho constituye una violación manifiesta y multidimensional del ejercicio de un derecho legal ya alcanzado, así como su denegación en la práctica", mantiene un documento que ha suscitado polémica. Aprobado con 378 votos a favor frente a 255 en contra y 42 abstenciones, no es vinculante para los Estados miembro.
El Consejo responde así a la ministra, quien la semana pasada manifestó que contempla "regular la objeción de conciencia" para que cualquier mujer pueda acudir a abortar a un hospital público y cercano a su domicilio, además de elegir el método. Según publicó Newtral el año pasado, hasta ocho provincias no han practicado ningún aborto en las últimas tres décadas, al derivar a las solicitantes a centros de otros territorios, con el consiguiente gasto que el desplazamiento les pueda ocasionar. "El derecho de los médicos no puede estar por encima del derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos", comentó Montero, sin dar más detalles de por dónde iría esa regulación.
La Ley de Autonomía del Paciente
Entre otros aspectos, la titular de Igualdad también avanzó que la nueva ley pretende eliminar los tres días de reflexión que actualmente son obligatorios para la interrupción voluntaria del embarazo. "Institucionalmente debemos lanzar el mensaje de que las decisiones de las mujeres no necesitan supervisión ni tutela", afirmó, algo que ha sorprendido al doctor Rogelio Altisent: "No alcanzo a entender que ese periodo de reflexión suponga una tutela. Por qué va a serlo. La reflexión no se puede identificar con la tutela".
Este profesor titular de Bioética de la Universidad de Zaragoza cree que "es muy difícil" que esta medida pueda prosperar dado que "choca contra el consentimiento informado", un elemento "básico y enraizado en la cultura jurídica, filosófica y bioética". "Es necesario un periodo de reflexión para que el consentimiento informado sea válido y el consentimiento informado es imprescindible en cualquier intervención quirúrgica, invasiva... Lo establece la Ley de Autonomía del Paciente de 2002, que considera que es fundamental y que en ese caso tiene que quedar por escrito", remarca.
El doctor Altisent recuerda que hay médicos que han sido condenados por los tribunales por haber realizado operaciones en las que han hecho firmar a los pacientes los documentos del consentimiento a las puertas del quirófano: "La información no se puede dar de forma precipitada".