![El expresidente socialista de la Junta de Andalucía Manuel Chaves a su llegada a la Audiencia de Sevilla.](https://imagenes.20minutos.es/files/image_640_360/uploads/imagenes/2017/12/13/598856.jpg)
El Gobierno andaluz de coalición formado por el Partido Popular y Ciudadanos pretende que los expresidentes de la Junta cuenten con un sueldo vitalicio una vez concluyan sus responsabilidad al frente del Ejecutivo.
La intención de la Consejería de la Presidencia, responsable de la iniciativa, es que cobren sueldos públicos por convertirse en consejeros permanentes del Consejo Consultivo -órgano que se encarga del asesoramiento legal a la Junta y los ayuntamientos-, según El País.
En la actualidad, los expresidentes andaluces, una vez concluyen su mandato y si ese es su deseo, pasan a ser miembros permanentes de este Consejo Consultivo hasta los 65 años de edad, cuando cesan sus responsabilidades.
Pero este cargo no está remunerado en la actualidad y solo perciben gastos y dietas por desplazamiento. A lo que sí tienen derecho es a recibir una pensión vitalicia correspondiente al 60% de su sueldo al llegar a los 65 años.
Con la modificación de la Ley del Consejo Consultivo que pretende la consejería que encabeza Elías Bendondo, los expresidentes tendrían antes de los 65 años acceso a un sueldo vitalicio como miembros de este órgano asesor.
Más de 68.000 euros anuales como consejero
Según figura en el portal de transparencia de la Junta, la retribución anual de la presidenta del Consultivo es de 69.243,84 euros; de 68.149,92 para los seis consejeros electivos y de 58.352,06 para el secretario general.
De los cinco expresidentes andaluces, tres podrían pasar al Consejo Consultivo con un sueldo anual garantizado. Serían Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla y Susana Díaz, aunque esta última tendría que renunciar a ser designada senadora por la comunidad autónoma, cargo que ha aceptado recientemente.
En el caso de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, no podría al estar condenados a nueve y 15 años de inhabilitación, respectivamente, para ocupar cargos públicos por el caso ERE. Esta sentencia, no obstante, se encuentra pendiente de revisión en el Tribunal Supremo.
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