Espadas alega a la Ley de Patrimonio estatal para aclarar si hay "invasión competencial"

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha informado este jueves de que el Ayuntamiento hispalense ha alegado al anteproyecto de la Ley de Patrimonio estatal para que se aclare si se produce "una invasión competencial" entre el Gobierno central y los órganos de gestión de los bienes Patrimonio de la Humanidad, como es el caso del Alcázar de Sevilla, de gestión municipal.

A preguntas de los periodistas, tras visitar las obras que se están acometiendo en diversas calles de Bellavista, Espadas ha explicado que se ha generado "una interpretación de un texto de la norma que no está clara en el anteproyecto de ley, que deja dudas sobre el objetivo que se persigue con esa modificación en bienes Patrimonio de la Humanidad o en la protección de los mismos como Bien de Interés Cultural (BIC)".

Señala que la voluntad del Estado es aumentar la coordinación y la protección de esos bienes "desde que se considera que es parte de una red de patrimonio de interés mundial". Sin embargo, avisa de que esa "protección extra", que supondría la coordinación de una serie de medidas, "no se puede hacer saltándose la propia titularidad o la capacidad de gestión de unos inmuebles de titularidad autonómica, local o privada".

Por ello, en la fase de alegaciones en la que se encuentra este anteproyecto, el Ayuntamiento ha hecho una alegación formal al Gobierno central para trasladar que "la interpretación de la norma no deja claro si se produce una invasión competencial entre el Estado y los órganos de gestión de esos bienes", como sería el Patronato del Alcázar en el caso de Sevilla, "donde el Ayuntamiento tiene articulados los órganos de decisión".

"Entendemos que esto puede ser un órgano para coordinar distintos bienes y que no tenga que ver con decisiones de gestión, como puede ser una campaña de comunicación o de difusión de ese patrimonio", añade el alcalde.

En este sentido, la presentación de esta alegación, adelantada por el diario ABC, pretende "clarificar qué se puede entender de la norma", según Espadas. "Queremos que se despeje la ley y que no invada competencias y decisiones que le pueden corresponder en este caso al Ayuntamiento o a la Junta de Andalucía o entidades privadas en el caso de otros bienes", recalca.