Expertos de Sanidad y juristas rechazan los planes autonómicos para exigir PCR o la vacuna para el ocio

La inesperada evolución de la pandemia, con una quinta ola que se ceba con los jóvenes y, a este paso, con la recuperación del ocio y el turismo, está dando lugar a que los gobiernos autonómicos tomen medidas para intentar mantener la actividad para quienes no es probable que se contagien y limitarla solo a quienes aún no están desprotegidos.

Mientras se asienta la diferencia entre inmunizados y no inmunizados para identificar qué parte de la población se contagia, Galicia ha empezado a exigir PCR para entrar en bares y discotecas, Extremadura no obligará a observar el cierre perimetral a quienes estén vacunados, y la Comunitat Valenciana quiere pedir el 'pasaporte Covid' para poder acceder a eventos culturales. El sector del ocio y la cultura saluda estas medidas, mientras los expertos sanitarios y juristas advierten de que son "discriminatorias".

Todas tienen en común el intento de asegurar que la entrada en determinados locales o la participación en determinados eventos no supone un peligro de contagio, pero al permitir la entrada de unos ciudadanos y no la de otros, pueden incurrir en lo que los expertos consideran un trato desigual. 

"Es lo que denominamos una pendiente resbaladiza, un instrumento se crea con un fin y vamos a ver cómo se va a utilizar para otros fines", apunta David Larios, presidente de la Asociación Juristas de la Salud, sobre la idea que defiende el Gobierno valenciano, para que el 'pasaporte Covid', que se creó para facilitar los viajes por la UE, se convierta en un 'portero' que permita o cierre la entrada a determinados espacios. Larios admite que ya temía "que [el 'pasaporte Covid'] se utilizase para otros fines como permitir o no el acceso espectáculos, centros comerciales o lugares con concentraciones de gente".

Dejando al margen la discriminación que puede implicar, varias empresas dedicadas a la promoción de festivales de música y conciertos ponen el foco en la amenaza de ruina que se cierne sobre el sector y consideran que pedir el 'pasaporte Covid' para acceder a esta clase de eventos es "una de las mejores soluciones" a la situación catastrófica que atraviesa el sector después ante el segundo verano de pandemia.

De hecho, durante el proceso de creación, las autoridades sanitarias han insistido en que el Certificado Digital Covid de la UE no era un 'pasaporte', porque sin él también se podía viajar, no era discriminatorio, pero sí permite ir por una "vía rápida" al no tener que pasar controles a la llegada de un país de la UE a otro.

Conciertos con 'pasaporte Covid'

Sin embargo, este documento que la UE se cuidó de que no fuera discriminatorio acaba de convertirse en Francia en un elemento obligatorio para poder acreditar que se está vacunado para poder acceder a cafés, teatros o restaurantes. Con ello, París ha querido -con éxito, a tenor de la avalancha para vacunarse- reducir las cifras de población que rechaza el pinchazo, algo que en España no es un problema. Sin embargo, la Comunitat Valenciana ha tomado el guante para pedir al Gobierno central que permita que el 'pasaporte Covid' sea  exigible para algo más que para viajar. Así se dará "tranquilidad y seguridad" a los asistentes a determinados tipos de eventos o espacios, según defendió hace unos días su consellera de Sanitat, Ana Barceló. 

"No sólo para cruzar fronteras, sino también entrar en un festival", abundó el secretario valenciano de Turismo, Francesc Colomer, que mencionó la entrada a hoteles o dar un "uso cultural" al 'pasaporte Covid'. Según explica Larios, "es una manera de establecer una obligación sin obligatoriedad", lo que en términos jurídico se denomina "carga", que "no te obliga, pero si tienes que hacer X cosa, tienes que pasar por eso y si no, no la haces".

El Gobierno valenciano ha lanzado al aire una propuesta, que la consellera ya ha trasladado en privado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, sin que de momento haya luz verde al "marco jurídico" que piden para ello.

Uno de los expertos que asesora a Darias traslada una negativa a esta y otras medidas que diferencien entre ciudadanos vacunados y no vacunados, dado que en España son pocos los que rechazan ser inmunizados. Es decir, que los que no han recibido aún el pinchazo no están vacunados porque no les ha llegado el turno o por tener alguna enfermedad que lo imposibilita, no por voluntad propia.

"¿Qué hacemos con la gente que tenga alguna enfermedad que le impida vacunarse porque esté contraindicado, o con los niños y adolescentes que no se pueden vacunar porque por edad todavía no hay estudios? ¿Qué pasa con los jóvenes que todavía no han tenido acceso a la vacunación", se pregunta este experto, que desconoce qué "encaje jurídico" habría que dar a una medida como la que pide la Comunitat Valenciana pero que adelanta que iría en contra del principio de solidaridad que atraviesa toda la Estrategia Estatal de Vacunación contra la Covid: si la población más joven hizo gala de generosidad al dejar paso a los más mayores y vulnerables, no le parece de recibo que ahora se establezcan penalizaciones para quienes no están vacunados simplemente porque no les ha tocado el turno.

PCR y cierres perimetrales

Lo cierto es que no solo lo pide Valencia. En su último catálogo de medidas contra la quinta ola, la Xunta de Galicia incluyó la obligación de que para entrar en pubs y discotecas de los municipios más afectados sea obligatorio presentar una PCR negativa. Aquí no se pide vacuna, pero sí se añade, al coste de salir una noche, los alrededor de 100 euros que cuesta una de estas pruebas.

Este mismo viernes, la Junta de Extremadura decretó cierres perimetrales en tres localidades, que no tendrán que respetar quienes puedan acreditar estar vacunados con pauta completa. Ellos sí podrán entrar y salir de los municipios que estén cerrados y para ello deberán demostrarlo "de manera fehaciente", según explicó este viernes el consejero extremeño de Sanidad, José María Vergeles.

"Hay un elemento claro de discriminación que para mí deslegitima estas medidas", dice Larios, que se refiere tanto a la obligación de estar vacunado cuando aún no hay vacunas para todos y también a la necesidad de poder sumar al coste de una noche de copas los 100 euros que cuesta una PCR. "Si fuera porque todo el mundo que ha querido está vacunado y [el pinchazo] es voluntario puramente, esta 'carga' tiene más sentido, pero en un contexto donde hay población sin vacunar aunque quiera es desproporcionado y discriminatorio con los que no es que no hayan querido, sino que no han podido".

Para más adelante, cuando eventualmente se alcance la inmunidad de grupo, este jurista y experto en Bioética cree que tampoco tendría sentido. De la misma manera que nadie exige estar vacunado contra la varicela -que no se expande porque la sociedad está inmunizada en términos generales- tampoco debería hacerse con el 'pasaporte Covid' cuando la inmunidad de la mayoría proteja a la minoría.

"El primer requisito es que si vas a imponer este tipo de cargas, primero tienes que tener la oferta de vacunas completa, que todo el mundo que quiera se haya podido vacunar, y si se consigue la inmunidad de grupo a un nivel suficiente, a lo mejor no tiene sentido", dice Larios sobre las más recientes -pero previsiblemente no las últimas- ideas para que al menos una parte de la población  -la vacunada- pueda empezar a ver la luz al final de la pandemia.