El decreto antidesahucios y la prohibición de los suministros básicos a familias vulnerables se mantendrán vigentes, como mínimo, hasta noviembre. Fuentes del Gobierno confirman que el Consejo de Ministros que tendrá lugar el martes que viene aprobará prorrogar hasta el 31 de octubre el decreto que incluye esas medidas y otras desplegadas de forma extraordinaria en materia de vivienda, como la posibilidad de que los caseros en situación de vulnerabilidad soliciten la moratoria del alquiler cuando el arrendador sea una empresa o un gran propietario.

Estas medidas decaían el 9 de agosto, después de que el pasado mes de abril el Gobierno decidiera extender por otro plazo de tres meses unas medidas que iban a terminar en mayo. El mes pasado, el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ya confirmó que el Ejecutivo extendería las medidas destinadas a frenar los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional una vez decayeran las actualmente vigentes, aunque señaló que sus planes pasaban por adelantar los mecanismos pactados ya entre PSOE y Unidas Podemos para ser incluidos en la ley de vivienda a este respecto.

Ábalos extenderá por decreto las medidas antidesahucios pactadas con Podemos hasta que haya ley de vivienda

No obstante, las fuentes gubernamentales consultadas sostienen que el decreto se ampliará tal cual está redactado -tal y como han acordado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el nuevo titular de Presidencia, Félix Bolaños- habida cuenta, además, de que la negociación de la ley de vivienda sigue encallada y no se prevé un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos a corto plazo. 

La norma prohíbe desahuciar a las familias consideradas vulnerables por los servicios sociales, y únicamente existe un escenario en el que puede ejecutarse el desalojo: para ello, el arrendador ha de ser un pequeño propietario y la comunidad autónoma debe facilitar una vivienda alternativa al afectado. Si la administración no es capaz de realojar a la familia, esta debería poder quedarse en su residencia aunque no pueda pagarla, y en tal caso el Estado otorga al casero una compensación.

La protección es mayor si el arrendador es una empresa o un propietario de más de diez viviendas, ya que en ese caso la norma suspende automáticamente el desalojo si la familia acredita su vulnerabilidad. Unidas Podemos, no obstante, no ha conseguido que a partir del 9 de agosto ese pase a ser el criterio general a utilizar sea el arrendador pequeño o gran propietario, como era su deseo. La propuesta morada hubiera implicado prohibir todos los desahucios de familias consideradas vulnerables mientras no hubiera una alternativa habitacional real que fuera una vivienda.

La moratoria de alquileres

Menos letra pequeña incluye el veto a cortar luz, agua y gas a las familias consideras vulnerables por los servicios sociales. El decreto también prohíbe dejar sin suministros básicos a "aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social".

Se amplía el plazo para la moratoria de deuda del alquiler: en qué consiste y quién puede dejar de pagar

Asimismo, se extenderá más allá del 9 de agosto las medidas relativas al alquiler. Los inquilinos cuyo contrato de alquiler venza hasta el 31 de octubre podrán pedir a su casero que se lo prorrogue durante un periodo máximo de seis meses más en las mismas condiciones. El arrendador estará obligado a hacerlo, salvo que acuerde con el inquilino unos términos diferentes. 

Si el casero es un gran tenedor (un particular o empresa con más de 10 pisos), el inquilino tiene otras opciones. En caso de que el arrendatario haya perdido total o parcialmente el empleo, sus ingresos no sobrepasen los 1.613 euros mensuales y el alquiler, junto a los suministros básicos, se lleve más del 35% de los mismos, podrá solicitar un aplazamiento de la cuota de alquiler.