La factura de la luz para la tarifa semirregulada PVPC sufrió un incremento en el mes de julio de hasta un 35,4% para un usuario medio con respecto al mismo mes del año anterior, alcanzándose el día 21 el precio medio de la subasta diaria del mercado mayorista más alto de la historia: 106,57 euros el megavatio hora (MWh), según denunciaba Facua.
La organización de consumidores consideraba inaceptable la pasividad del Gobierno y lamentaba que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se limitara a anunciar que estaban "monitorizando" el precio "para poder tomar medidas allí cuando lo considere la situación política", puesto que la situación ya se tornaba alarmante.
Es como si al ir al supermercado a hacer la compra tuviésemos que pagar un litro de leche al mismo precio que el de un kilo de chuletón de ternera
"Es como si al ir al supermercado a hacer la compra de los productos de alimentación tuviésemos que pagar un litro de leche al mismo precio que el de un kilo de chuletón de ternera", señala el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, que añadía que "con su pasividad, el Gobierno está dando una imagen lamentable".
El precio de la luz, por las nubes
En los primeros meses del año, el recibo del usuario medio fue de 80,48 euros en enero; de 62,08 euros en febrero; 70,90 euros en marzo, 81,55 euros en abril, 82,13 euros en mayo y 81,27 euros en junio. La electricidad ya era cara en España y más en un marco de inestabilidad laboral y ERE por doquier propiciada por la pandemia de la Covid-19, pero ha ido a más y son demasiadas las familias que se enfrentan a serias dificultades para poder abonar la factura de la luz.
Bono Social: ahorro de entre un 25% y un 40%
Para esos hogares, una opción es decantarse por solicitar el Bono Social de Electricidad, que sufraga entre el 25% y el 40% de la factura eléctrica. Se trata de una ayuda destinada al usuario más vulnerable en riesgo de pobreza energética, una prestación del Gobierno para los consumidores que tienen dificultades para abonar el importe de sus facturas eléctricas que, sin embargo, se encargan de gestionar las empresas que comercializan el suministro.
Es decir, a diferencia del resto de países europeos, donde el subsidio a la tarifa eléctrica lo financian los gobiernos o el resto de consumidores, en España no se le solicita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que es el organismo competente en materia de energía; ni al de Consumo, sino que debe presentarse una petición a la empresa comercializadora y ésta tiene la obligación de ofrecerlo y financiarlo.
Requisitos básicos para solicitarlo
Para poder optar al Bono Social se deben cumplir diferentes requisitos básicos, que pasan por tener una potencia contratada de hasta 10 kW, haber contratado la tarifa de Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y tener en cuenta que únicamente puede ser solicitado por el titular del contrato y es exclusivo para viviendas habituales, nunca para segundas residencias.
En todo caso, se distinguen diferentes perfiles de usuarios que pueden acceder a la ayuda: vulnerables, vulnerables severos y usuarios en riesgo de exclusión social, además de desempleados o afectados por ERTE y autónomos. Un consumidor vulnerable podría beneficiarse de un descuento de hasta el 25%, los severos pueden llegar al 40%, y en el caso de los severos en riesgo de exclusión social, que requieren de los servicios sociales, la factura eléctrica sería gratuita y la Administración asumiría el 50%.
Los beneficiarios del bono, además, pueden obtener una ayuda a la calefacción mediante el Bono Térmico, que a diferencia del eléctrico se costea a través de los Presupuestos Generales del Estado y se facilita al margen del sistema de calefacción del consumidor, incluso aunque no disponga de ella. El Bono Térmico varía en función de la zona climática donde esté el domicilio, pero parte de 25 euros y se incrementa un 60% si el beneficiario es considerado un consumidor vulnerable severo.
Nuevos perfiles: desempleados, afectados por ERTE...
La Covid 19, además, ha propiciado que haya nuevos perfiles de usuarios susceptibles de poder beneficiarse del bono, que permite considerar como consumidores vulnerables, con un 25% de descuento en su factura eléctrica, a los desempleados, afectados por ERTE y, en caso de ser empresario, quienes hayan visto reducida su jornada laboral por tener que cuidadar de otras personas o presentar circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos.
Una vez agotada la vigencia del bono para desempleados y trabajadores afectados por ERTES, estos deberán pedir de nuevo la ayuda si siguen cumpliendo las condiciones de acceso. La comercializadora debe avisar al cliente de la finalización de la ayuda con treinta días de antelación y, ojo, porque desde el 9 de agosto, el consumidor tiene que abonar la electricidad al precio marcado por la PVPC (tarifa regulada de luz) o cambiarse a cualquier compañía de mercado libre.
Muchos hogares reúnen los requisitos para conseguir el Bono Social eléctrico, pero desconocen su existencia o bien no lo piden por falta de información o porque los trámites para solicitarlo pueden ser tediosos. Pero una vez que se cuenta con él, los beneficiarios disponen de más tiempo que el resto de clientes para abonar las facturas impagadas: cuatro meses desde que se les notifica inicialmente un impago en lugar de los dos meses que marca el plazo general.
Además, en caso de impago no se podrá interrumpir el suministro a los hogares acogidos al bono con al menos un menor de 16 años o algún miembro con una discapacidad igual o superior al 33% o un grado de dependencia II o III, previa presentación del certificado que facilitan los servicios sociales. Las facturas son mucho más sencillas con el bono, ya que solo reflejan lo que se paga por la electricidad más impuestos y peajes, pero no incluyen productos o servicios adicionales
Ganar 7.500 euros al año
Para saber si tienes derecho al Bono Social de Electricidad se fija como referencia el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples de 14 pagas, que otorgará el bono a rentas sin menores de 1,5 veces ese IPREM, que es de poco más de 7.500 euros en la actualidad; o de dos veces el IPREM si hay un menor en la familia y de 2,5 veces si hay dos. También si hay algún discapacitado en la familia igual o superior al 33% o dependiente, e igualmente se valoran al alza las familias monoparentales, con víctimas de violencia de género y de acciones terroristas.
Pueden acceder también al bono los pensionistas, jubilados o incapacitados permanentes que perciban la cuantía mínima vigente de su tipo de pensión, siempre que no tengan ingresos extra superiores a 500 euros al año. Los jubilados disponen de tres maneras de acceder al descuento: por rentas bajas, familias numerosas y por ser beneficiarios de una pensión mínima de incapacidad o jubilación sin más ingresos, aunque quedarían fuera las viudas y los pensionistas con algún ingreso fijo.
En el caso de los autónomos, podrán considerarse como consumidor vulnerable y obtener un descuento del 25% en su factura de la luz si acreditan un cese de actividad profesional con fecha posterior al Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo y la facturación del mes anterior a la solicitud del bono se vio reducida al menos un 75% con respecto al semestre anterior.
Cómo puedo solicitarlo
Para pedir el Bono Social eléctrico, cada solicitante debe contactar con su comercializadora de referencia y cumplimentar un formulario que ésta ha de facilitarle y presentárselo firmado por todos los miembros de la familia mayores de 14 años, junto con una fotocopia del DNI del titular del contrato del resto de personas que convivan en el hogar, Libro de familia o certificación de la hoja individual del Registro Civil, certificado de empadronamiento del titular y de todos los miembros de la unidad familiar, fotocopia del título de familia numerosa y certificado de Servicios Sociales que acredite circunstancias especiales de algún miembro.
Una vez entregada la documentación, la comercializadora deberá responder al solicitante en un plazo de quince días.
Si se accede al bono, debe renovarse cada dos años presentando una nueva solicitud. No es vitalicio salvo para las familias numerosas que no vean alterado su precario estatus económico y conviene no olvidar los trámites burocráticos que conlleva por si es necesario repetirlos una vez agotada la ayuda.
Las comercializadoras no suelen poner fácil acceder a él y los trámites pueden ser pesados. Pese a todo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que podrían ser beneficiarios hasta 5,5 millones de consumidores que desconocen la existencia del bono o han desechado su solicitud por lo tedioso del proceso.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no otorga las ayudas, lo hacen las comercializadoras, que deben asesorar a quienes se lo soliciten, pero aporta en su web información sobre los requisitos para acceder al bono y dispone de un número de teléfono (913 146 673) donde facilita información sobre las ayudas de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, que también pueden consultarse a través de un correo electrónico: ciudadano@idae.es.
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