El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el pasado jueves el informe Cumpliendo, un balance de la acción del Ejecutivo en el último medio año con el que Sánchez presumió de que, en año y medio de legislatura, ya se han puesto en marcha el 93,8% de los compromisos asumidos por el Gobierno y se han completado casi un tercio del total. Pero ese informe también revela que el Ejecutivo no ha registrado avances en los últimos seis meses en más de una decena de compromisos alcanzados con el electorado o con sus socios. Y entre ellos se encuentran algunos tan importantes como la reducción de las ratios en la educación, la eliminación del sobreprecio de productos destinados a las mujeres o el incremento del presupuesto sanitario hasta el 7% del PIB.

Así puede comprobarse en el documento adjunto al informe en el que se detallan los 1.463 compromisos analizados y se detalla en qué estado se encuentra cada uno. El estudio califica cada uno de los asuntos en una de las siguientes categorías: "cumplido", "en proceso" o "no iniciado". Y, en aquellos que se encuentran "en proceso", se detalla si se han registrado "avances" en el último semestre o no. Una iniciativa se considera en marcha pero "sin avances" cuando, aunque "en algún momento del pasado se ha desarrollado alguna actividad que ha permitido identificar un progreso, en el semestre de referencia no se ha llevado a cabo ninguna".

Sánchez marca la apertura de una "nueva etapa de recuperación" y exige al PP que abandone "la confrontación"

En ese estado se encuentra un tema tan sensible como la promesa del Gobierno de alcanzar durante la legislatura un gasto público en sanidad equivalente al 7% del PIB, un compromiso incluido en el acuerdo de coalición firmado entre PSOE y Unidas Podemos. "En la actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024 el gasto en salud se situaba en 7,1%; 6,5%; 6,4%; y 6,2% para dicho periodo", explica el propio documento anexo al informe Cumpliendo, lo que implica que solo este año 2021 el Gobierno prevé alcanzar el 7% de referencia. Y la falta de progresos también afecta al desarrollo de "un sistema de atención temprana" a nivel sanitario al que se comprometió el Ejecutivo.

Tampoco hay avances en lo relativo a otro acuerdo recogido en el acuerdo de coalición: el de impulsar un programa de retorno de profesionales sanitarios españoles que hayan tenido que salir al extranjero. Este asunto ya se encontraba "en proceso sin avances" en el informe del pasado diciembre, y en la actualización presentada el pasado jueves sigue estancado, como lo está el impulso a "la comisión creada para revisar la Ley 15/1997", la que abrió la puerta a la externalización de ciertos servicios en la sanidad pública.

Las ratios educativas o la "tasa rosa"

Celaá permitirá sacar el Bachillerato con un suspenso y que los niños avancen en Primaria en función de su "madurez"

En los últimos seis meses también ha estado igualmente paralizada la derogación de la llamada "tasa rosa", recogida en el acuerdo de coalición en el que PSOE y Unidas Podemos prometieron acabar con "el incremento de precio de un mismo producto cuando se trata de una 'versión femenina'", un fenómeno cuyo ejemplo paradigmático es el de las cuchillas de afeitado. El último avance registrado es de hace seis meses, cuando se explicitaba que se habían "llevado a cabo reuniones" para eliminar este sobreprecio. Desde entonces, ningún progreso, como tampoco lo ha habido a la hora de "revisar con carácter urgente los protocolos de intervención en los casos de violencia sexual", un compromiso adquirido en febrero por el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

En materia de educación, el Gobierno también reconoce que no ha avanzado en los últimos seis meses a la hora de "apoyar a las comunidades para reducir las ratios en todos los niveles educativos", aunque lo cierto es que la competencia para ello pertenece a las autonomías, que son las que también gestionan el número de profesores que contratan. En diciembre del año pasado, Educación afirmaba que estaba "trabajando en un programa de cooperación territorial para la contratación de profesorado que atienda las necesidades de la Covid-19". Pero también admitía que, pese a la financiación extra de 2.000 millones de euros ofrecida por el Estado a las comunidades, no existía "una normativa que establezca la reducción de ratio".

"Sin avances" aparecen asimismo los compromisos de "reforzar la obligación de constancia expresa del horario en el contrato de trabajo a tiempo parcial" y "actualizar normativamente el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música" y mejorar sus "condiciones laborales". Y en el mismo punto está el de "impulsar criterios homogéneos de regulación de locales de apuestas" -que, en su modalidad física, competen a las comunidades autónomas- "para que abran después de las 22.00 y limiten proximidad a centros escolares".

En los últimos seis meses tampoco ha habido progresos a la hora de crear un bono energético para familias vulnerables que incluya el bono gasista. Las últimas noticias son de diciembre del año pasado, cuando el Gobierno se limitó a informar de que estaba "en proceso de diseño".