El Gobierno acelera la ley que limitará los beneficios caídos del cielo de las eléctricas para atajar el alza de precios

El Gobierno mete una marcha más a la tramitación de la norma con la que pretende reducir una parte de los conocidos como "beneficios caídos del cielo" que perciben las eléctricas por el diseño del mercado, que les permite repercutir en el consumidor costes que en realidad no han tenido al generar la electricidad. El Consejo de Ministros aprobó este martes remitir al Congreso este proyecto de ley, que presentó el Ejecutivo hace dos meses en fase de anteproyecto. Y, además, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, anunció que solicitará que la Cámara Baja lo tramite por la vía de urgencia, lo que implica que los plazos para su aprobación se reducirán a la mitad.

El Gobierno ha aprovechado el último Consejo de Ministros del curso político para dar un empujón a esta norma después de un mes de julio con precios récord de la electricidad. En el inicio de agosto, el recibo tampoco ha dado tregua a los consumidores: el pasado lunes, día 2, el precio de la luz superó los 103 euros por kilovatio y hora, el triple que hace un año y rozando máximos históricos. Y el Gobierno prevé que la factura eléctrica siga disparada, al menos, hasta finales de año, como admitió hace unos días la propia vicepresidenta Ribera, que este martes afirmó que "este no es un momento para maximizar beneficios", sino para "garantizar la equidad".

Este alza de los precios se debe, fundamentalmente, al incremento de los precios del gas. El sistema que rige el mercado eléctrico cobra toda la luz al precio que tiene la más cara de generar, que es precisamente la producida en centrales de gas, por lo que el aumento del coste de esta materia prima arrastra hacia arriba los precios de todo el recibo. Y este aumento de los precios del gas también conlleva que crezca el importe que tienen que pagar las eléctricas por los derechos de emisión de CO2, un aumento de costes que al final terminan repercutiendo al usuario.

El Gobierno no se plantea tocar el diseño de este mercado, básicamente porque depende de la UE y opera a escala comunitaria. Pero sí ha tratado de poner en marcha medidas que sirvan para rebajar el precio de la electricidad y "aliviar lo antes posible el bolsillo de los ciudadanos", en palabras de Ribera. Entre ellas, quizá la más popular sea la rebaja del IVA de la luz del 21% al 10% hasta final de año. Pero otra, probablemente de mayor calado a largo plazo, es el proyecto de ley que este martes el Ejecutivo aprobó remitir al Congreso para que lo tramite lo antes posible.

La medida básicamente impedirá a las empresas lucrarse cobrando el coste de los derechos de emisión de CO2 cuando generen la energía a través de centrales nucleares o hidroeléctricas, que no emiten estos gases. Ese lucro es precisamente el que se conoce como "beneficios caídos del cielo", y aunque con el planteamiento del Ejecutivo no se acabará con todas esas ganancias, Transición Ecológica calcula que, si el precio de los derechos de emisión de CO2 se mantiene como hasta ahora, las empresas verán reducidos en unos 625 millones de euros estos beneficios que consiguen a costa de repercutir costes que no tienen.

"Esto permitiría bajar la factura final de todos los consumidores, en un rango que abarca desde el 2,5 % en el caso de un hogar hasta el 0,85 % para una gran industria, según la actual coyuntura", señaló Ribera. Esta previsión es más pesimista que la que hizo el Gobierno en un primer momento, cuando llegó a hablar de rebajas de hasta el 5% en la factura. 

No obstante, el Ejecutivo mantiene su pronóstico de que el precio de la luz se reducirá un 15% combinando la reducción de los beneficios caídos del cielo con otra norma ya en tramitación: la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Este instrumento estará financiado por las empresas energéticas en función de sus beneficios y que servirá para pagar los gastos ocasionados por la electrificación y la implantación de energías renovables.

Cambios en el proyecto

Tal y como anunció Ribera, el proyecto de ley que finalmente llegará al Congreso incluye cambios con respecto al anteproyecto que presentó el Gobierno en junio con el objetivo de garantizar su "solvencia" jurídica y evitar posibles reclamaciones legales de las eléctricas. En primer lugar, el mecanismo de limitación de los beneficios caídos del cielo solo se activará cuando el precio de los derechos de emisión de cada tonelada de CO2 esté por encima de los 20 euros, un umbral que ahora mismo se supera ampliamente y que fuentes del Ejecutivo prevén que siga superándose a largo plazo.

La segunda de las modificaciones implica que este mecanismo para limitar los beneficios caídos del cielo se aplicará a las plantas puestas en marcha hasta el año 2003 y no 2005, como se establecía inicialmente. Y, según explicó Ribera, el proyecto de ley finalmente remitido al Congreso establece que el 10% de los beneficios caídos del cielo requisados por el Estado a las eléctricas se destine a financiar el bono social para los consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social, mientras el 90% restante servirá financiar los costes de transición a las renovables.