La ampliación del aeropuerto de El Prat, una polémica que enfrenta el desarrollo económico y el impacto medioambiental
La ampliación del aeropuerto de El Prat es uno de los acuerdos a los que llegaron Gobierno y Generalitat el pasado lunes en la comisión bilateral. Una decisión que convertirá el aeropuerto en un "hub internacional", como presumió el Ejecutivo durante su anuncio, para lo que será necesario una inversión de 1.700 millones de euros que se traducirán, a su vez, en 85.000 empleos directos y 365.000 totales. Sin embargo, no todo el mundo ha recibido la noticia como algo positivo por el impacto medioambiental que puede suponer.
¿Dónde está la polémica?
El principal rechazo de este acuerdo está motivado en el impacto medioambiental que puede provocar la ampliación del aeropuerto. Los actuales planes de Aena pasan por construir una terminal satélite y alargar en 500 metros la tercera pista, que invadiría así el estanque de La Ricarda, en el Delta del Llobregat, un espacio protegido por la red europea Natura 2000. El Govern, en cambio, ha asegurado que no se alargará la pista 500 metros, pero no ha detallado cómo se llevará a cabo la ampliación del aeropuerto para alcanzar la capacidad de 90 vuelos por hora. Aumentar la frecuencia de vuelos hasta ese número provocaría también un aumento de ruido para cerca de 17.000 vecinos de Castelldefels y Gavà.
¿Quiénes han participado en la negociación?
El acuerdo del pasado lunes es el resultado de negociaciones previas entre distintas administraciones. En las reuniones técnicas, celebradas en julio, han participado la Generalitat, el Gobierno, Aena y las administraciones locales de El Prat, Barcelona, Viladecans, Gavà, Sant Boi de Llobregat y Castelldefels; además de Reus, Girona y Adif, que se reunieron en un encuentro a parte con los gobiernos catalán y central y el gestor aeroportuario.
Los comunes, en contra
El Ayuntamiento de El Prat ha mostrado su frontal rechazo al proyecto de ampliación con duras acusaciones de "deslealtad" al Govern por haber acordado "clandestinamente" la ampliación y por haber "cedido al chantaje de Aena", mientras que el de Barcelona, de coalición entre comunes y socialistas, no ha escondido su división sobre la cuestión.
La alcaldesa, Ada Colau, ha pedido que se rectifique el anuncio y ha explicado que ha llamado al presidente del Govern, Pere Aragonès, para mostrar su disconformidad con la decisión, y a la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz para aunar posturas. Y es que tanto las organizaciones ecologistas como la parte morada de la coalición del Gobierno también se oponen a la ampliación. "No es una decisión correcta", advertía el diputado de Unidas Podemos y coordinador de Alianza Verde, Juan López de Uralde, quien preside, además, la Comisión de Transición Ecológica en el Congreso de los Diputados. La formación morada ya ha avisado de que votará en contra de esta medida en la Cámara Baja.
La plataforma Zeroport, formada por organizaciones ecologistas, ha convocado una protesta para septiembre que ya cuenta con la confirmación de asistencia de más de 120 asociaciones
Bruselas, al tanto de los planes del Gobierno
La ampliación ha llegado a la Comisión Europea (CE), que tiene que dar su visto bueno y confirmó el pasado martes que está al tanto de los planes. Recordó, además, que los países de la UE deben comprobar el impacto ambiental del proyecto "sobre las aguas, la tierra o los hábitats naturales" y subrayó que es sobre todo responsabilidad de las autoridades nacionales asegurarse de la "correcta aplicación de la legislación europea en estos casos". El comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ha hecho también una advertencia señalando que antes de que "pueda salir adelante" la ampliación "es necesario abordar las deficiencias" en el Delta del Llobregat, por las cuales el ejecutivo comunitario ha abierto dos procedimientos de infracción a España.
La inversión también amplía la conectividad ferroviaria, "menos contaminante"
Las críticas por el impacto medioambiental, además de por La Ricarda, también son por promover un transporte altamente contaminante. No obstante, desde el Gobierno defienden que el proyecto de ampliación lleva asociadas también inversiones para mejorar la conectividad con los aeropuertos de Girona-Costa Brava y de Reus (Tarragona), así como una mejora de la red ferroviaria de Cercanías, lo que supone "fomentar otros tipos de transporte menos contaminante", en palabras de la vicepresidenta Ribera.
¿Cuándo está lista la ampliación?
La previsión es que durante los primeros años se lleve a cabo la planificación y los informes de impacto ambiental, de forma que el aeropuerto pueda ser una realidad a partir del año 2030, según informó la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, exalcaldesa de Gavà (Barcelona), uno de los municipios afectados por la ampliación de El Prat.
El Gobierno defiende que se cumplirán los criterios ambientales
La ministra Ribera, así como otros miembros del Ejecutivo, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad afirmando que serán "totalmente estrictos" con el cumplimiento de los requisitos ambientales "que deben cumplirse" en el desarrollo de cualquier infraestructura, más aún cuando "genera sensibilidad en el territorio" y se "han venido pronunciando algunos actores locales". Además, ha insistido en el compromiso con la agenda verde manifestado por el Gobierno y que se incidiría en el ámbito de respeto a las normas ambientales ante cualquier desacuerdo.