Las claves del nuevo modelo de financiación
NOTICIA
16.07.2009 - 00:23h
- Las comunidades autónomas dan el visto bueno al nuevo modelo.
- Seis autonomías gobernadas por el PP se han abstenido
- El Gobierno ha ofrecido 11.000 millones de euros adicionales.
El nuevo modelo de financiación autonómica
aprobado este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) culmina un
proceso de negociación de
más de un año, que aún deberá ser
refrendado por el Parlamento antes de que las comunidades lo ratifiquen en sus comisiones mixtas con el Gobierno.
Las
claves del nuevo modelo son las siguientes:
Es la forma que tiene el Gobierno central de
financiar los servicios básicos que prestan las comunidades autónomas, como la
educación, la
sanidad y otras competencias transferidas hace años.
El Gobierno creyó oportuno
reformar el modelo dado el incremento de población registrado por algunas comunidades y la necesidad de
dotar con más recursos algunos servicios. Además, era necesario dar respuesta al Estatuto de Cataluña, una ley orgánica de
obligado cumplimiento que establece un sistema de financiación para esa comunidad.
A las
quince de régimen común -todas salvo las dos forales:
País Vasco y
Navarra, que cuentan con un sistema propio- y a las ciudades autónomas de
Ceuta y
Melilla.
El Gobierno ha ofrecido
11.000 millones de euros adicionales al sistema, que incluirá en los Presupuestos Generales del Estado para 2010. La última liquidación conocida del modelo de financiación autonómica corresponde a 2007 y ascendió a
114.357 millones de euros en 2007, con un
incremento del 3,9% respecto al año anterior.
El Gobierno ha propuesto
cuatro fondos. Uno de ellos garantizará la prestación de los
servicios públicos fundamentales -sanidad, educación y servicios sociales- residan donde residan. Supone el 80% del sistema y se financiará con el 75% de los tributos cedidos a las comunidades y un 5% procedente del Estado.
De cada euro que recaude la comunidad, 0,75 céntimos irán a parar a una
bolsa común para garantizar que todos ciudadanos dispongan de esos servicios, mientras que las autonomías podrán disponer libremente del 0,25% restante.
Otro fondo es el de
Suficiencia Global, sufragado íntegramente por el Estado y que pretende asegurar el mantenimiento del "statu quo" de las comunidades financiando las otras competencias que tienen transferidas. Para reducir las diferencias de financiación per cápita, la propuesta prevé un
Fondo de Competitividad que se calculará anualmente. Estos dos suponen el 16,5% de los recursos.
El cuarto fondo es el de
Cooperación, que se distribuirá entre las c
omunidades de menor renta y las que registren una evolución negativa en su población. Representa el 3,5%.
Fundamentalmente el
número de habitantes, que pondera el 30%. Por su parte, la población protegida (gasto sanitario), dividida en
siete grupos de edad, pondera el 38%, y la escolar, el 20,5.
Por su parte, el envejecimiento pondera un 8,5%; la superficie, un 1,8%; la dispersión, un 0,6, y la insularidad, otro 0,6.
Para dar respuesta a las peticiones de las comunidades, en esta ocasión se tendrá en cuenta la densidad, la superficie y el bilingüismo.
El nuevo modelo prevé
ceder el 50% del IRPF y del IVA, frente al 33 y 35 del actual, y el 58% frente al 40 de los impuestos especiales de hidrocarburos, tabaco, alcoholes y cerveza y el 100% de los impuestos de electricidad y matriculaciones. Les da también a las comunidades una mayor capacidad normativa.
Mientras en el actual el 70% de todos los recursos de las comunidades proviene de los cedidos parcial o totalmente por el Estado, con el nuevo ese porcentaje pasaría a ser el 90%.
El Gobierno entiende que sí, al
reducir las diferencias actualmente existentes hasta
en un 25% en el primer año de aplicación. Así, mientras que ahora las diferencias de financiación per cápita entre la que más tiene y la que menos es de 40 puntos, ahora se pretende rebajar hasta los 30 puntos.
El sistema tendrá
mecanismos anuales de revisión, pero cada cinco años un Comité informará sobre posibles modificaciones, que someterá a la consideración del Consejo de Política Fiscal y Financiera.