Interior niega a la Audiencia haber dado la orden de devolver a los menores y señala como responsable a Ceuta

El Ministerio del Interior ha pedido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que inadmita el recurso presentado por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra el retorno a Marruecos desde Ceuta de menores extranjeros no acompañados. El departamento alega que no es la administración competente en este trámite y que estos hechos están ya siendo enjuiciados por un juzgado de la ciudad autónoma.

"No existe acto o instrucción del Ministerio del Interior que pueda ser recurrido ante la Sala a la que nos dirigimos", alega el departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska "No se trata de un acto dictado por un ministro o secretario de Estado", insiste. 

Con este escrito, el ministerio da respuesta al plazo de 24 horas para que presentara el oficio sobre el retorno de los niños que accedieron a Ceuta en mayo. El escrito tiene fecha de 10 de agosto y en él la Secretaría de Estado de Seguridad fundamenta la repatriación de menores en virtud del acuerdo de 2007 firmado con Rabat.

"El escrito cuya copia se solicita se limita a poner de manifiesto que el Ministerio del Interior ruega se proceda a efectuar el retorno de los menores respetando sus intereses o derechos", se señala en un recurso que firma el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. En él mantiene la línea de lo defendido en los últimos días: es el Gobierno de Ceuta quien procedió a solicitar el retorno de los menores.

El número dos de Grande-Marlaska considera que "no existe actividad administrativa impugnable por parte del Ministerio del Interior" y continúa apuntando que "desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta se ha venido solicitando la aplicación del  acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007". "En estos términos dirigió su último escrito, del pasado 10 de agosto, a la Delegación del Gobierno en Ceuta, la cual lo remitió a la Secretaría de Estado el mismo día", agrega.

Interior, que adjunta copia de todas estos trámites, señala que el 10 de agosto "se dirigió un escrito rogando se procediera a efectuar el retorno de los menores respetando en todo momento sus intereses y derechos". "Todo ello con el fin último de garantizar en cada caso las condiciones de reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela", añade.

El departamento ministerial recuerda que la entrada a la ciudad autónoma de personas procedentes de Marruecos los días 17 y 18 de mayo "hizo necesario implementar medidas para garantizar la efectiva protección y tutela", incluyendo a los niños, así como para su "retorno siempre que ello sea aconsejable tras haber analizado sus circunstancias personales".

Repatriación "coordinada y conjunta"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, defendió este martes el procedimiento a través del acuerdo bilateral pese a las dudas planteadas por la falta de expedientes individualizados y de entrevistas con cada menor previas al retorno a Marruecos. El jefe del Gobierno ceutí alegó que se estaban enfrentando a una situación de emergencia.

Este miércoles, Vivas ha reiterado en declaraciones a la Cope que la actuación se ha hecho de forma "coordinada y conjunta" con Interior ante un "problema de Estado" que afecta de forma excepcional al territorio ceutí donde los menores no acompañados que llegaron los días 17 y 18 de mayo viven en "condiciones de precariedad" desde hace ya tres meses. 

Preguntado por si la administración ceutí ha emitido expedientes individualizados de los menores, el presidente ha afirmado que colaborará "en todo lo que sea necesario con la justicia" aunque sin aclarar si efectivamente estos informes se han realizado. Sin embargo, ha admitido que esta es "la primera vez" que se pone en marcha este convenio y que "el camino se hace también al andar" por lo que "si ha habido algún defecto, se subsanará".

A nivel político, el dirigente popular no ve "ninguna contradicción" con el PSOE a nivel nacional, con el que manifiesta una "coincidencia plena" y ha manifestado que tanto él como Grande-Marlaska buscan "el cumplimiento de la ley", aunque a las cuestiones jurídicas tendrá que dar solución el juez.