Sobre una ola de indignación social por el manto de 5.000 kilos de peces muertos en el Mar Menor, dos administraciones --Comunidad autónoma de la Región de Murcia y Gobierno de España-- están librando una batalla política por determinar quién es el responsable de atajar la tragedia medioambiental que está causando daños irreversibles en la mayor laguna salada de Europa. 

"Llevamos así muchos años, viendo como se culpan unos a otros, esto es un  auténtico mareo", resopla Isabel M., portavoz de la plataforma SOS Mar Menor. "Ni cuando el mismo partido ha estado al frente del Gobierno de España y de Murcia se ha hecho nada", se lamenta Rocío García, promotora de la ILP para dotar al Mar Menor de un estatus de persona jurídica con que defenderse de los ataques.

Mientras, en la zona no dejan de salir a la superficie cadáveres de peces víctimas de una falta de oxígeno cuyo origen también es motivo de debate entre administraciones. Para el Gobierno central, el problema se origina en los vertidos de fitosanitarios en explotaciones de regadía agrícolas ilegales. Mientras que para el Gobierno murciano, la causa emana del nivel freático de un acuífero que acumula 300.000 toneladas de nitratos desde hace décadas y cuya limpieza debería de acometer el Estado.

Este martes el Gobierno de España, a través de su portavoz, Isabel Rodríguez, culpaba al Ejecutivo de Murcia, que preside el popular Fernando López Mirás, de "permisividad" y "dejación de funciones". Rodríguez dijo que el gobierno regional apila 800 expedientes no resueltos de pozos ilegales.

"Lo que hay que hacer es parar de contaminar. Si limpio el acuífero, pero no dejo de contaminar entonces nunca acabaría con el problema"

No perdió ni un minuto López Miras en negar la mayor. "Es rotundamente falso" que exista dejación de competencias, dijo, para rebajar después los expedientes de regadío ilegal abiertos por su administración a un centenar. El Gobierno murciano reprocha a Sánchez hacer política a costa de la crisis ecológica, al negarle el Consejo de Ministros la declaración de zona catastrófica que dotaría a la región de fondos suficientes para limpiar la zona afectada.

Embrollo de competencias

Alfonso Manzano, jurista promotor de la ILP para la defensa del Mar Menor, se atreve a explicar el embrollo en el que se han metido los políticos. "Lo que está contaminado es el mar, que es competencia del Estado, por vertidos que llegan por ramblas o cauces, que son competencia de la Confederación Hidrográfica del Segura (del Ministerio de Transición Ecológica), pero que vienen de terrenos agrícolas, explotaciones que son competencia de la Comunidad de Murcia".

Manzano defiende, como las plataformas vecinales y las asociaciones ecologistas o el colegio oficial de biólogos de Murcia, que lo primero que hay que hacer es ir al origen de la contaminación: la agroindustria y los vertidos de fertilizantes. "Lo que hay que hacer es parar de contaminar. Si limpio el acuífero, pero no dejo de contaminar entonces nunca acabaría con el problema".

Las plataformas vecinales y las ambientalistas exigen la inmediata paralización del regadío ilegal, que calculan en 10.000 hectáreas en la zona. Una tarea  competencia de la región de Murcia. "Hay 800 expedientes que están durmiendo el sueño de los justos", denuncia Manzano, "Y debería actuarse aquí como cuando te pillan bebiendo y conduciendo, que te paralizan el coche. Cuando se vea un regadío legal, hay que pararlo para que no vuelva a regar".

Sin embargo, Murcia defiende que por tratarse de explotaciones con regadío de trasvase de cauces, en este caso del Tajo al Segura, autorizados por el Ministerio, la responsabilidad en estos casos es, como mínimo, compartida. Greenpeace es otro de las voces cualificadas que también culpa al trasvase de ser la causa primigenia de la muerte de peces en la laguna, por haber traído consigo un aumento de la agricultura intensiva y la contaminación de las aguas.

Sea como fuere, desde la plataforma SOS Mar Menor apuntan cuáles serían los siguientes pasos a dar, una vez cortado el riego ilegal. "Que se implante un modelo agrícola sostenible en la zona de Cartagena que sea compatible con la protección del Mar Menor",  y "que todos los actores pongan en marcha intervenciones para recuperar la zona. Para eso el Gobierno de España tiene dinero que puede aportar", aseguran.

En este ambiente caldeado por el fuego cruzado de culpas y responsabilidades, este miércoles la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, visita la zona. Tras reunirse por la mañana con los alcaldes de la comarca y portavoces de organizaciones vecinales y ecologistas, por la tarde hablará con el presidente murciano, Fernando López Miras. 

El Defensor del pueblo habla de una doble competencia

Y es que instituciones como el Defensor del Pueblo también hablan de una responsabilidad compartida. De ahí que el defensor, Francisco Fernández Marugán, se haya dirigido este miércoles a la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia y al Ministerio para la Transición Ecológica para conocer las actuaciones que están llevando a cabo para la restauración del Mar Menor y las que prevén realizar en un futuro. Fernández Marugán considera por tanto responsables a ambas administraciones.

En julio de 2020, la Región de Murcia aprobó una Ley para la recuperación y protección del Mar Menor que establece medidas de diverso tipo (creación de órganos, planificación estratégica, control de la actividad urbanística, agrícola y turística). Un año después de su entrada en vigor, el Defensor ha preguntado al Gobierno murciano por su eficacia.

Por otra parte, la administración estatal, a través de distintos organismos, como la Confederación Hidrográfica del Segura, el SEPRONA o la Fiscalía de Medio Ambiente de Murcia, ha llevado a cabo numerosas actuaciones denunciando la irregular situación de la zona, especialmente en lo referente a los cultivos agrícolas. Fernández Marugán quiere conocer el detalle de las mismas.