Cataluña ingresa 554 millones de euros por el impuesto de patrimonio, casi la mitad de lo recaudado en toda España

Cataluña recauda prácticamente la mitad de lo que ingresan el conjunto de comunidades autónomas con el impuesto de patrimonio, un tributo que grava los bienes de los contribuyentes más acaudalados del país. Según datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública hechos públicos este miércoles, en 2019 -el último ejercicio fiscal del que hay datos- Cataluña registró una cuota a ingresar de 554 millones de euros en concepto de patrimonio, una cifra que representa el 45% de los 1.219 que correspondían a todas las comunidades autónomas en su conjunto. 

Tras Cataluña, las autonomías con una recaudación más grande fueron la Comunidad Valenciana (153 millones), Galicia (91 millones) y Andalucía (88,6 millones). En el otro lado del espectro aparecen Extremadura (5,2 millones) y La Rioja (3,8 millones), con las cuotas más reducidas. La Comunidad de Madrid, -que bonifica al 100% este impuesto y por tanto ha decidido no recaudarlo- y Navarra y País Vasco -sometidas al régimen foral- son las únicas regiones que dejaron a cero sus ingresos por este tributo. En el caso de la capital, el gobierno autonómico dejó de ingresar en este concepto 989,9 millones de euros en 2019.

Los ingresos fiscales por patrimonio se incrementaron en seis millones de euros entre 2018 y 2019, de los cuales dos procedían de la recaudación de Cataluña. En términos relativos, Castilla y León, que aumentó lo recaudado en un 15,7%, Murcia (14,4%) y Galicia (10,5%) fueron las que más incrementaron sus ingresos en este concepto.

730.479 millones de euros en patrimonio declarado

En su conjunto, los más acaudalados del país acumulaban antes de la pandemia un patrimonio total de 730.479 millones de euros, una cifra un 7% superior a la de 2018 y que no ha dejado de incrementarse en los últimos años. De esta cuantía, más de la mitad procedía de personas afincadas en Cataluña (211.126 millones) y en la Comunidad de Madrid (193.947 millones)

A nivel nacional, más de 200.000 españoles estuvieron obligados a presentar la declaración de este impuesto, 3% más que el año previo. En términos absolutos, Cataluña, que sumó 2.479 declarantes, fue la que más incrementó su nómina de contribuyentes adinerados.

Las autonomías que más 'fortunas' consiguieron atraer en términos relativos fueron La Rioja, que incrementó un 5% sus declarantes entre 2019 y 2018, Canarias (4%) y Baleares (3,2%). Por otro lado, Castilla-La Mancha y Castilla y León, con subidas menores al 1%, y Cantabria -que perdió grandes contribuyentes- presentaron los peores números. 

A juzgar por las declaraciones presentadas, la Comunidad de Madrid acogía los patrimonios más elevados del país. De media el contribuyente que presentó su declaración en la comunidad -aunque solo sea a efectos informativos- tenía un patrimonio de 10 millones de euros. Tras la capital aparecen, Galicia, con seis millones de promedio y Murcia, con 3,5 millones. Además, los grandes contribuyentes madrileños tenían también las rentas más elevadas del país: medio millón de euros anuales de promedio.

Una norma plagada de excepciones

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El impuesto al patrimonio es una tasa que en teoría grava los bienes de los contribuyentes más ricos de España, aunque su aplicación y lo que se considera un gran patrimonio varía mucho entre comunidades. Como criterio general, todos los contribuyentes españoles con unos bienes con un valor que supere los 700.000 euros están obligados a presentar la declaración, pero las comunidades autónomas tienen el poder de fijar un suelo más bajo o más alto. 

Además, también de forma general, los primeros 300.000 euros de la vivienda habitual quedan exentos de tributación. En este caso, las autonomías también pueden aumentar o reducir la cuantía exenta a discreción. Asimismo, otro tipo de bienes como el ajuar doméstico o productos financieros como los planes de pensiones también gozan de exenciones. Al margen de todo ello, cualquier patrimonio superior a los dos millones de euros tiene la obligación de declarar, aunque sea solo a efectos informativos.

Por ejemplo, en el caso catalán, que es el más llamativo, todos los contribuyentes con un patrimonio superior al medio millón de euros están obligados a declarar, un factor que sumado a su población y poderío económico explican la elevada cifra de recaudación de esta comunidad. Por el contrario, en Madrid, que desde 2008 no cobra este impuesto a sus residentes, solo están obligados a declarar a efectos informativos los contribuyentes cuyo patrimonio supere los dos millones de euros.