"No podemos quedarnos de brazos cruzados". Así resume un guardia civil el ambiente en el que, dice, está sumido el cuerpo ante las "discriminaciones, precariedades y faltas de derechos" que sufren. Es por ello que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha convocado una manifestación el próximo sábado 18 de septiembre. Partirá desde la plaza de Colón y, tras recorrer calles aledañas, finalizará frente a la sede del Ministerio del Interior, en el número cinco del Paseo de la Castellana. La última marcha multitudinaria tuvo lugar en 2015, reuniendo a 12.000 asistentes.
"A día de hoy continúa sin atender las principales reclamaciones de los guardias civiles", señala Pedro Carmona, portavoz de la asociación convocante, sobre el ministro Fernando Grande-Marlaska. En declaraciones a 20Minutos, entre esas reclamaciones, destaca el "incumplimiento" del acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018 por los sindicatos y el Ejecutivo. Los sindicatos policiales y las asociaciones profesionales de la Benemérita acordaron que Interior destinase 1.207 millones de euros entre 2018 y 2020 para recortar la brecha salarial de ambos cuerpos policiales con los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza. En concreto, suponía que los guardias civiles percibiesen 176,83 euros más al mes para igualar sus nóminas con las de los policías autonómicos.
La AUGC asegura que el Gobierno no ha cumplido con dos de las cláusulas acordadas: la referida a que se puedan incorporar al servicio los guardias civiles en situación de reserva y sin destino y otra que versa sobre la tramitación de una ley "que no permita en el futuro discriminaciones salariales entre cuerpos policiales que realizan las mismas funciones". Además, señalan desde la asociación, hubo "diferencia de trato": pese a que la Guardia Civil obtuvo el 59% del montante de la equiparación, la cantidad para las "escalas de base" fue menor que para las de la Policía Nacional, que tenía el 41% del presupuesto.
"Un guardia civil es el policía que más horas de trabajo realiza anualmente sin que este esfuerzo se vea recompensado en su nómina. Somos policías de segunda", denuncian desde el sindicato, desde el que también reclaman "complementos dignos" por el servicio realizado en horario festivo, nocturno u horas extra. Esto condiciona, se quejan, su "conciliación", pues aseguran que tampoco conocen qué días trabajarán y cuáles no "con apenas semanas de antelación". "Marlaska no está a la altura de las necesidades y retos que demandan los guardias civiles", sentencia García.
Quieren sindicarse y que no se les aplique el Código Penal Militar
Otras de las reivindicaciones del colectivo pasan por poder tener sus derechos como otros trabajadores. Y es que, los guardias civiles carecen de derecho de sindicación, lo que ven como "fundamental para negociar con la institución mejoras sociolaborales". A esto suman la "persecución" a la que, denuncian, se somete a los miembros de la AUGC, "los únicos que sufren aperturas de expedientes y la aplicación de sanciones".
Asimismo, solicitan dejar de estar bajo el yugo del Código Penal Militar, "un anacronismo impropio en una verdadera democracia". Explican las fuentes consultadas que se utiliza como "una herramienta laboral represora". Desde 2010, detallan, se han impuesto 60 condenas, de las que 52 fueron a guardias civiles de base. En casi la mitad de ellas, continúan, el delito que se cometió fue el de "insulto a un superior". Este delito está recogido bajo el capítulo II (insubordinación), en el artículo 42 y su castigo va desde los seis meses hasta los cinco años de prisión e, incluso, la pérdida de empleo.
El Código Penal Militar fue reformado en 2015 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con el único voto favorable del PP, que tenía mayoría absoluta en las cámaras. Entre sus novedades, incluyó que los jueces de los tribunales militares fueran nombrados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y no por el ministro de Defensa, dejó a la justicia civil delitos menores e incluyó nuevos delitos como el abuso de autoridad, las amenazas y el trato humillante.
Desde la asociación critican la reforma, ya que hasta entonces el código solo se les aplicaba "en tiempo de conflicto armado o durante la vigencia del estado de sitio". Además, señalan que tampoco están conformes con el Código de Conducta aprobado a comienzos de este año, porque "supone una involución en las políticas de personal aplicadas a los guardias civiles para hacerles retroceder a épocas ya superadas".
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