El Gobierno supera el primer escollo para los Presupuestos y el Congreso acepta suspender la regla de gasto por la Covid

A los Presupuestos Generales del Estado para 2022 les queda aún un largo proceso de negociación, puesta en común con los socios parlamentarios y tramitación para que su aprobación sea una realidad. Pero, este lunes, el Gobierno puede decir que está un poco más cerca de tener cuentas para el año que viene, ya que el Congreso de los Diputados aprobó, por segundo año consecutivo, que el Ejecutivo pueda esquivar la regla de gasto y abrir el grifo de la inversión sin estar constreñido por cumplir objetivos de déficit, un paso que el PP calificó de "irresponsabilidad" -aunque se abstuvo- y Vox de "cheque en blanco" para el Gobierno.

El año pasado, la Cámara Baja consideró por primera vez que la grave crisis económica provocada por la Covid-19 justificaba que el Gobierno pudiera evitar estar sujeto a cumplir objetivos de déficit y deuda, una herramienta que la Constitución reserva para casos de "catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria". Y, este lunes, la mayoría absoluta del Congreso estimó que esa situación extraordinaria se mantiene: a favor de esta consideración votaron 198 diputados -los de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, EH Bildu o Cs- mientras 54 -Vox y Foro- votaron en contra y 97 -entre ellos, el PP- se abstuvieron.

Lo que se votaba este lunes no era en ningún caso un acuerdo presupuestario, sino únicamente si se considera que existe una situación suficientemente grave como para que el Estado no esté sujeto a objetivos de restricción del gasto. Pero lo cierto es que el hecho de que el Gobierno haya recibido este lunes luz verde para poder invertir sin estar sujeto a límites de cumplimiento forzoso supone un espaldarazo para el Ejecutivo, ya que implica que el primer obstáculo parlamentario para que haya Presupuestos en 2022 queda superado.

El Gobierno, no obstante, sí ha diseñado una senda de reducción del déficit para los próximos años, aunque en 2022 no vaya a ser de obligado cumplimiento. El Ministerio de Hacienda prevé que el crecimiento de la economía española el año que viene sea de un 7%. Y esa cifra, unida al 6,5% que el Ejecutivo estima que crecerá la economía española este año, permitirá reducir el déficit público hasta un 5% en 2022, 3,4 puntos menos que el 8,4% con el que el Gobierno prevé que se cerrará este ejercicio. En 2020, el déficit ascendió al 11%, por lo que el Gobierno calcula que se habrá reducido a más de la mitad en apenas dos años.

Será el Estado central el que asuma un mayor desequilibrio en sus cuentas para 2022, si se cumplen las previsiones del Gobierno. Hacienda calcula que la Administración central incurrirá en un déficit del 3,9%, y estima, además, que las comunidades tendrán un déficit del 0,6% y que la administración local alcanzará el equilibrio presupuestario, mientras la Seguridad Social ingresaría un 0,5% menos de lo que gastaría. 

"El Estado continúa asumiendo la mayor parte del coste de la pandemia, mediante los ERTE, las transferencias a las comunidades autónomas" o la asunción de determinados gastos de la Seguridad Social, presumió este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La ministra señaló que mantener abierto el grifo de la inversión pública permitirá que "nuestras empresas ganen competitividad" y "generar empleos de calidad con alto valor añadido" para, en definitiva, "ofrecer esperanza para el futuro" y "dar un salto cualitativo" para dejar atrás la crisis.

ERC y Bildu se posicionan de cara a la negociación

No obstante, los principales socios parlamentarios del Gobierno quisieron rebajar su optimismo y pidieron la derogación del artículo 135 de la Constitución para que la herramienta que permitirá al Ejecutivo aumentar la inversión pública sin estar sujeto a reglas fiscales sea la norma y no una excepción únicamente aplicable a periodos de crisis muy graves. Así se pronunció ERC, que pidió "valentía para no volver a unas normas que limitan la capacidad de inversión" y para "derogar el artículo 135 de la Constitución, que prioriza el pago de la deuda por encima del Estado del bienestar".

En la misma línea lo planteó la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, cuyos votos -como los de los republicanos catalanes- serán necesarios para sacar adelante los Presupuestos y que también pidió acabar con el artículo 135. Aizpurua, de hecho, señaló que su apoyo al Gobierno implica que "arranque la negociación hacia los Presupuestos de 2022", y planteó que en esas cuentas se debe afrontar la crisis "de la única forma posible para que el futuro sea mejor: con más inversión pública". 

Y es que parece claro que las pequeñas formaciones nacionalistas y progresistas serán los socios prioritarios del Gobierno para sacar adelante las cuentas, como ya lo fueron el año pasado a pesar de que durante meses la parte socialista del Ejecutivo buscó un acercamiento a Cs. Este lunes, los naranjas apoyaron la suspensión de la regla de gasto para 2022 apelando a su "coherencia" y "responsabilidad", pero eso no fue óbice para que expresaran sus "dudas" por el "incumplimiento constante" que, dijeron, es la seña de identidad del Gobierno en materia económica. "Cuando se dejan de tomar decisiones se entra en el mundo de las excusas, y la pandemia no puede ser la excusa para una gestión irresponsable", espetaron los naranjas.

El PP habla de "irresponsabilidad" y Vox, de "cheque en blanco"

Mucho más dura fue la portavoz del PP en cuestiones de economía, Elvira Rodríguez, que acusó al Gobierno de utilizar la cláusula de salvaguarda que le permite eludir la regla de gasto en situaciones de emergencia para incumplir "todas las leyes presupuestarias". Rodríguez sostuvo que el Ejecutivo se hace "trampas al solitario" con unas previsiones económicas que pecan de "optimismo" y rayan la "irresponsabilidad", e ironizó asegurando que para el Gobierno es muy "cómodo" no tener "reglas ni compromisos" y limitarse a establecer "una tasa de referencia y un techo de gasto sin hablar de los escenarios de recaudación con los que hay que financiarlos".

Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, aseguró que suspender la aplicación de la regla de gasto para 2022 supone volver a entregar "un cheque en blanco" a la "peor persona" para gestionarlo, en referencia al presidente Pedro Sánchez y a un Gobierno que "ha perdido el temor al déficit".