Empezar de cero. Ese es el reto que tienen por delante los vecinos de La Palma que han perdido sus viviendas ya o cuyos hogares previsiblemente quedarán enterrados bajo la lava en las próximas horas o días. Y no solo las casas, hay quien también se ha quedado sin su forma de vida: sus cultivos y empresas. ¿Qué hacer en estas situaciones?
La solución no es nada sencilla. Ante estos "riesgos extraordinarios" responde el Consorcio de Compensación de Seguros, pero solo si los bienes dañados estaban cubiertos por una póliza en vigor. Por otro lado, además de las "medidas de todo tipo" que el Gobierno se ha comprometido a aprobar ad hoc "para agilizar enormemente las ayudas y hacer proyectos de reconstrucción de la isla" tras la erupción del volcán, Canarias podrá reclamar ayuda de los Fondos de Solidaridad de la Unión Europea (UE) para paliar los daños causados al sobrepasar su importe los 400 millones de euros, según informó el presidente, Ángel Víctor Torres.
Este viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció desde La Palma que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará la declaración de zona catastrófica y un plan de reconstrucción para la isla, con medidas inmediatas y a largo plazo. Medidas que se suman a los ERTE específicos anunciados por la ministra Yolanda Díaz.
Sin embargo, según explica la abogada especializada en Medio Ambiente y Urbanismo Pilar Martínez, "el Estado no tiene ninguna obligación legal que le imponga suplir los daños y perjuicios causados por el volcán" y por tanto considera que una media posible sería la declaración de espacio natural protegido para así poder aprobar una partida presupuestaria destinada a indemnizar a las personas afectadas.
"Si la zona fuese declarada catástrofe natural, la situación cambiaría e indemnizaría el Gobierno y no el CCS"
Debido a que hasta el momento la legislación española no recoge el supuesto de que la lava de un volcán engulla una vivienda -"sí hay medidas previstas en el Código Civil para cuando un río se retira de su cauce o inunda inmuebles o fincas colindantes"- la gestión de esta situación "sentará precedentes" en España, considera la letrada. Por otro lado, Martínez cree que el Estado sí puede tener "interés político" en contentar a los afectados, que tendrían esta vía para presionar y exigir medidas.
Desde Rastreator, el responsable de aseguradoras, Víctor López, señala también que "si la zona es declarada catástrofe natural, la situación cambia y es entonces el Gobierno y no el Consorcio de Compensación de Seguros ni la aseguradora quienes se harían cargo de las indemnizaciones". En ese caso, el Ministerio del Interior ofrecería ayudas para paliar daños materiales en viviendas, industrias o servicios, comunidades de vecinos, entidades locales y a personas físicas en el plazo máximo de seis meses desde la presentación de la solicitud. El requisito: acreditar la propiedad.
Ley de Segunda Oportunidad
Al margen de las medidas que se adopten, en España existe desde 2015 la posibilidad de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, aprobada con el Gobierno de Rajoy "por imperativo de la Unión Europea". Según explica la directora letrada de ReparatuDeuda, Ana Isabel García, este texto, que se aplica desde hace 15 años en otros países miembro, da derecho a las personas a liberarse de una deuda y "puede ser una salida" para los vecinos de La Palma, así como para cualquier persona que cumpla los requisitos.
Desde este bufete especializado en casos de personas insolventes aseguran que la Ley de Segunda Oportunidad protegería a los vecinos afectados en La Palma, que "pueden solicitar la cancelación de sus deudas por motivos más que justificados".
Los requisitos que se deben reunir para beneficiarse de esta norma son: que la deuda no sea superior a los cinco millones de euros; que los solicitantes no hayan cometido delitos socioeconómicos en los últimos 10 años; que antes de acudir al juzgado se haya intentado pasar por una negociación previa con los bancos y entidades; y que sea un deudor de buena fe, esto es, que no haya ocultación de bienes ni ingresos.
"Lo destacable de los vecinos de La Palma es que pueden demostrar la buena fe"
"Lo destacable de los [vecinos] de La Palma es que pueden demostrarlo, la buena fe es indiscutible", asegura la abogada Ana Isabel García. Para iniciar el proceso por el cual acogerse a esta exención, la experta recomienda dirigirse a un despacho de abogados "porque esta ley no está suficientemente divulgada". El proceso se iniciaría en un notario y con toda la documentación necesaria para iniciar una mediación concursal con los bancos o entidades. Cuenta García que en la mayoría de los casos no se llega a un acuerdo y el asunto acaba en el juzgado. Es entonces cuando comienza un litigio que dura entre 12 y 18 meses.
Según los datos del INE, desde la entrada en vigor de esta ley más de 12.000 procesos han pasado por fase judicial. ReparatuDeuda ha tramitado 15.000 casos de particulares y autónomos, tanto en fase extrajudicial como judicial.
Consorcio de Compensación de Seguros
El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital pero financiada con una pequeña parte de las cuotas de los clientes de las aseguradoras privadas, ha recibido hasta este miércoles, 22 de septiembre, 40 solicitudes de indemnización procedentes de vecinos de Los Llanos de Aridane y El Paso y que corresponden a 33 viviendas, cinco automóviles, un comercio y una industria.
Según ha informado el CCS, continúa abierto el plazo para solicitar cobertura a través del teléfono gratuito 900 222 665 y a través de su página web. El CCS registrará y gestionará las solicitudes aunque hubieran transcurrido los siete días previstos en la legislación de seguros desde la producción de los daños, aseguró en un comunicado.
El CCS respalda en caso de "riesgos extraordinarios" como inundaciones, embates de mar, terremotos o maremotos, tempestad de viento con rachas de velocidad superior a 120 km/h, tornados o erupciones volcánicas. Pero siempre y cuando, recalca, el bien afectado "esté asegurado y tuviera su seguro en vigor en el momento" del suceso. En ese caso, cubre daños a personas y bienes, así como de establecimientos comerciales, industrias, infraestructuras, ya sean de titularidad privada o pública. No se recogen, en cambio, los cultivos.
Según los cálculos de Rastreator, de las más de 25 millones de viviendas que existen en la actualidad en España, 19,6 millones sí cuentan con un seguro, pero los casi seis millones de inmuebles restantes no. Estas son las que no serían cubiertas por el CCS en caso de un riesgo extraordinario.
En este sentido, el Notariado español ha anunciado que habilitará soluciones gratuitas para ayudar a los damnificados por el volcán prestando "asesoramiento notarial, recuperar documentación destruida" o "facilitar la prueba documental de derechos existentes". "La lava del volcán está destruyendo viviendas y fincas y con ellas cultivos, mobiliario, ilusiones y recuerdos. Muchas de las propiedades borradas por el volcán tenían sus escrituras públicas, de las que se podrá obtener copia, pero de otras sólo existían 'hijuelas' y documentación privada", ha explicado el decano del Colegio Notarial de Canarias, Alfonso Cavallé, en un comunicado.
"Lo que hace falta es dinero"
El portal Idealista ha cuantificado en 86,8 millones de euros el valor total de las 245 viviendas desaparecidas hasta el momento más suelos rústicos, garajes y naves. Ha extraído estos datos a partir de la información del catastro y de las imágenes del satélite Copernicus a 21 de septiembre. El sistema de observación terrestre europeo aumentó este miércoles 22 a 166 hectáreas el área afectada por la lava y a 350 inmuebles los destruidos. Hasta el momento hay más de 6.000 personas evacuadas.
El consejero canario de Vivienda ha anunciado este jueves la adquisición de 280 viviendas para alojar a las familias que han perdido sus casas. A este anuncio se suma el realizado este miércoles por su homólogo de Hacienda, que aseguró que liberará de manera inminente los fondos precisos para la adquisición de 73 viviendas privadas vacías. También estudia la fórmula de viviendas prefabricadas para que puedan albergar con urgencia a quienes han perdido su hogar.
El director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende, ha agradecido la gran solidaridad recibida en forma de bienes de primera necesidad, pero ha dejado claro que "lo que hace falta es dinero".
Desde Rastreator añaden otra forma de ayuda: la psicológica, muy necesaria igualmente. "Numerosas compañías, como por ejemplo, Zurich o Adeslas, disponen de un servicio gratuito de asistencia telefónica con un equipo de psicólogos especializados en catástrofes naturales para todos los asegurados que lo necesiten", agrega Víctor López.
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