La detención del expresident Carles Puigdemont en Cerdeña (Italia) ha sacudido el tablero político y ha abierto un escenario de incertidumbre que puede afectar al guion que el Gobierno había preparado para este curso político. Puigdemont, cuya situación es la última gran consecuencia pendiente del año más duro del procés, 2017, quedo este viernes en libertad provisional y fue citado a declarar el próximo 4 de octubre, lo que garantiza al menos diez días de dudas y alto voltaje.
Su arresto se produjo en el aeropuerto, nada más bajar del avión procedente de Bruselas, y en virtud de la orden de busca y captura emitida en su contra por el Tribunal Supremo. Las autoridades judiciales italianas serán ahora quienes decidirán sobre su posible extradición a España. Sánchez insiste en que tiene que comparecer ante la Justicia, la oposición aprieta al presidente para que se comprometa a no indultarlo y los independentistas exigen la amnistía.
La gran incógnita ahora es cómo se resolverá la situación del expresident en los tribunales, pero lo que es seguro es que el procés regresará por unos días al centro del debate público y mediático, que es justo lo que el Gobierno central quería evitar una vez pagado el coste político de conceder los indultos a los líderes independentistas condenados, especialmente ahora que parecía iniciar una remontada en las encuestas a lomos de anuncios sociales.
Más agenda social, menos Cataluña
De hecho, la hoja de ruta sanchista para recobrar el liderazgo era justo opuesta a la que ha impuesto Puigdemont con su arresto. Tras el descalabro en las elecciones autonómicas de Madrid y la polémica sobre los indultos, Sánchez decidió acometer una amplísima renovación de su equipo y cambiar el paso multiplicando sus apariciones en la calle, incidiendo en las medidas para una "recuperación justa" y encapsulando la cuestión catalana en la mesa de diálogo.
Así, el presidente decidió arrancar el curso con el anuncio de la subida del salario mínimo interprofesional, y en su guion hasta el parón navideño figuraban medidas como la aprobación de unos presupuestos con un alto volumen de inversión pública, la aprobación de la ley de vivienda –aunque el acuerdo con Unidas Podemos aún está lejos– y la derogación parcial de la reforma laboral del PP, una medida pactada con Bruselas para el último trimestre de este año.
En paralelo, la estrategia con la cuestión catalana era de apaciguamiento. La semana pasada, Sánchez mantuvo una bilateral con Aragonès y se celebró la primera reunión de la mesa de diálogo desde la llegada de ERC a la Generalitat, que sirvió para constatar que no hay acuerdo a la vista pero donde el presidente dejó claro su propósito: estirar las conversaciones, porque los desencuentros larvados durante "diez años no se van a resolver en dos años, ni en tres", dijo.
Y la estrategia parecía funcionar: tras meses de ventaja de los populares en las encuestas, que llegaron a pronosticar una cómoda mayoría absoluta para la suma de PP y Vox, sondeos como el barómetro publicado esta semana por 20Minutos reflejan que ahora la situación es de empate técnico, con PP y PSOE en el entorno del 26% de los votos –pero con tendencias dispares: Casado a la baja y Sánchez al alza– y Unidas Podemos también recuperando terreno.
Una mesa y unos presupuestos en peligro
Hasta que se resuelva el plano judicial es seguro que la tensión irá en aumento. y que afectará especialmente a dos actores clave para la continuidad de la legislatura: el PSOE y ERC. La derecha apretará al presidente –"pido a Sánchez que se comprometa a no indultar a Puigdemont para recibir los votos de los secesionistas y seguir en el poder", dijo Casado este viernes– y Junts hará lo propio con ERC, que ya ha elevado el tono y ha admitido que todo se complica.
"Estos hechos no ayudan al proceso de resolución. Exigimos la retirada de las órdenes de detención contra Puigdemont. Esto no ayuda al proceso de negociación", insistió Aragonès antes de viajar a Cerdeña para mostrar su apoyo al expresident. Y es que, en un abrir y cerrar de ojos, la detención de Puigdemont ha provocado que ERC y Junts –que la semana pasada discreparon por la mesa de diálogo– hagan piña en torno a Puigdemont.
El presidente Sánchez, por su parte, se limitó a decir que el líder fugado tiene que "comparecer y someterse ante la justicia", e intentó lanzar un guiño a su gran apuesta, la mesa con la Generalitat, al proclamar que "el diálogo es la única vía" y que resulta "más necesario que nunca". Aragonès pareció recoger el guante y, preguntado por la mesa, rechazó "especular", mientras que Oriol Junqueras abogó por que se mantenga la "voluntad de negociar".
Sin embargo, tanto Aragonés como Junqueras coincidieron en que la detención no es el camino para "una negociación efectiva". Y si el independentismo sube el tono, en este caso en favor de la amnistía de Puigdemont, será cada vez más complicado sostener el diálogo, que el Gobierno pueda pactar las cuentas con ERC –algo clave para agotar la legislatura– y centrar la agenda en las medidas sociales. Cuanto más dure el protagonismo del expresident más difícil tendrá Sánchez cumplir su plan. Las respuestas llegarán a partir del 4 de octubre.
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