El Ministerio de Igualdad prepara una reforma estructural de la ley de interrupción del embarazo que elimine los "obstáculos" que observa en la actual norma y parta de cuatro ejes principales: la equidad territorial –garantizando el derecho al aborto en todo el territorio–, la elaboración de un registro de los objetores de conciencia, que las menores de 16 y 17 años puedan interrumpir el embarazo sin autorización de sus padres y la ampliación de la educación sexual a edades más tempranas.
Los primeros indicios de cambio ya se empezaron a hacer públicos en julio, cuando la ministra de Igualdad, Irene Montero, anunció que la futura reforma era "inminente". Desde principios de septiembre, trabajan con los sectores implicados para elaborar el primer texto que pretenden tener listo en diciembre de este mismo año. ¿El objetivo? "Blindar" los derechos reproductivos sexuales y eliminar los "obstáculos" que consideran que impiden el acceso pleno a un derecho que se hizo efectivo en 2010, según fuentes de Igualdad.
De hecho, para seguir avanzando en este proceso, y con motivo del Día Internacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos, el Ministerio abrió este martes una consulta pública en la que colectivos y organizaciones sociales podrán ofrecer sus aportaciones hasta el 12 de octubre.
Lo hace reconociendo que la ley de 2010 "fue una conquista y supuso un avance", pero destacando que, "once años después", hay que despojarse de los "obstáculos que han dificultado el ejercicio efectivo y pleno del conjunto de los derechos", según declaró este lunes la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas.
Registro de objetores y equidad territorial
Uno de los principales escollos con los que el departamento de Montero justifica la necesidad de la reforma es la "mala práctica" en relación a la objeción de conciencia, explicó Morillas. Desde Igualdad aseguran que este asunto, en la práctica, ha derivado en una vulneración del derecho de las mujeres a abortar en centros sanitarios públicos, y abogan por regularlo.
Según el Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE), en 2020 el 84,51% de los abortos realizados en España se llevaron a cabo en centros privados y concertados, frente al 15,49% que se practicaron en centros públicos. Además, cinco comunidades autónomas -Madrid, Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura y las ciudades de Ceuta y Melilla-, derivaron la prestación de este servicio a la sanidad privada.
Fuentes de Igualdad explican a 20minutos que el objetivo es tomar como referencia el modelo que se estableció en la reciente Ley de Eutanasia, y crear un registro de objetores "que permita identificar las necesidades en cada territorio, de modo que se pueda garantizar el derecho en todos los casos". El pasado jueves, la titular de Igualdad señaló que "son poquísimos" los que se inscriben en este tipo de registros y apuntó que la objeción no se puede esgrimir ante "casos concretos", sino que "tiene que ser algo que plantees con carácter previo".
Igualdad cree que así alcanzaría dos de sus metas, pues la estrategia busca que, al regular las objeciones, se acabe con el desequilibrio territorial que predomina actualmente y que "el hospital público garantice el derecho al aborto sin tener que desplazarse a otra provincia o autonomía".
El departamento dirigido por Montero choca frontalmente en este asunto con Sanidad, que en principio rechaza regular la objeción de conciencia, que está recogida en la Constitución. "El acceso y la calidad asistencial de la prestación de la interrupción del embarazo no puede ser menoscabada por el derecho a la objeción de conciencia", aseveró la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el pasado miércoles. Eso sí, especificó que la objeción no debe ser "un impedimento para la prestación asistencial y el derecho a la salud" de los pacientes.
Con todo, Igualdad se mantiene optimista. Cree que, tal y como sucedió con la ley de regulación de la eutanasia aprobada en marzo de 2021, se logrará llegar a un acuerdo sobre este tema. "Va a haber consenso porque es evidente que algo va mal", aseveran fuentes del Ministerio.
Aborto sin consentimiento a los 16 y 17 años
Otro punto central que persigue es la eliminación de la reforma llevada a cabo en 2015 y aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que incluía que las mujeres menores de edad debían contar con el consentimiento paterno o de los tutores legales para interrumpir el embarazo.
Un cambio que, según Igualdad, "restringe la capacidad de decisión sobre la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres de 16 y 17 años, limitando lo establecido para otro tipo de prestaciones sanitarias" recogidas en la ley de Autonomía del Paciente.
Sobre la eliminación de esta modificación parten de una base mucho más sólida, pues ya se contempló en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos.
El "impulso definitivo" hacia la reforma
Están sobre la mesa otros asuntos. Uno de ellos considerado por el Ministerio la "principal herramienta" para promover una relación "basada en los buenos tratos": garantizar la educación sexual integral con "enfoque de género" y en todas las etapas de la vida, así como el acceso a la anticoncepción.
Otros objetivos pasan por atajar las situaciones de "acoso" a las puertas de las clínicas de interrupciones de embarazo y promover la formación de los profesionales sanitarios "desde la diversidad y el enfoque feminista" para evitar cualquier posibilidad de violencia obstétrica.
Son solo los primeros pasos de un proceso que podría modificar la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. "No existe otra alternativa regulatoria o no regulatoria apropiada", aseveran en el documento difundido para la consulta pública.
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios