La regulación del cannabis se abre paso en España. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Más País han presentado este martes en el Congreso de los Diputados sendas proposiciones de ley donde lo equiparan al tabaco y plantean medidas para acabar con el mercado negro. Sostienen que así el Estado se beneficiaría económicamente de una industria que, según datos aportados por Más País, podría llegar a suponer la recaudación de 3.000 millones de euros y la creación de 90.000 empleos. Ambas formaciones se han adelantado a Unidas Podemos, que el viernes anunció que estaba ultimando la presentación de su propuesta.

"Es la ley más avanzada de Europa en cuanto a regulación del cannabis se refiere", ha dicho Íñigo Errejón sobre su proposición. El líder de Más País ha coincidido con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y la parlamentaria Marta Rosique, proponente de la ley de los republicanos, en que el consumo de cannabis es algo ya existente y que la mejor vía es regularlo, como también, dicen, opina la mayoría de la población. Según la encuesta que llevó a cabo el CIS en abril, el 90,1% de los ciudadanos apoya la legalización del cannabis medicinal -un planteamiento con el que tanto Ciudadanos como el PNV están cómodos- y alrededor de un 50%, la regulación de su uso con fines recreativos.

Además, tal y como expone el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, más del 35,2% de las personas entre 15 y 64 años han consumido cannabis al menos una vez en su vida y el 2,1% lo hace a diario. Según ERC, son más de 600.000 españoles consumen diariamente cannabis y sustancias derivadas. Además, el Observatorio Español del Cannabis Medicinal estima que unas 120.000 personas consumen cannabis con finalidades médicas. "Queremos reducir su consumo, pero también promover el acceso seguro al cannabis para uso recreativo, controlando así el flujo del mercado", ha señalado Rosique.

No obstante, pese a sus coincidencias, tanto ERC como Más País han optado por presentar textos independientes, al igual que hará Unidas Podemos. "Siempre hemos dicho que la mejor fórmula era una proposición conjunta", ha defendido Rosique antes de que Rufián haya asegurado que los dos textos se han presentado por separado porque ellos son "un partido de orden".

Con todo, si bien es cierto que los dos textos mantienen un espíritu común (regulan el autocultivo, la compra, el transporte, la publicidad o el etiquetado), hay ciertas diferencias entre los articulados. No tanto en concepto sino en concreción, pues la ley de Más País da cifras sobre los impuestos y el autocultivo. En el apartado recaudatorio, ambas formaciones optan por crear un impuesto especial sobre el cannabis, pero los verdes han avanzado ya que ese tipo impositivo debe ser del 35%, con el que sostienen que se podrían recaudar 3.000 millones de euros en España.

También hay diferencias en cuanto a los números referidos al autoconsumo. En la propuesta de ERC se limita a seis plantas el número máximo de cosecha por persona en un domicilio privado, con una recolección máxima de 480 gramos anuales. Además, deja la puerta abierta a que la administración competente, el Estado o la autonomía, pueda añadir más limitaciones. Más País, por su parte, pone el límite en 12 plantas y la prohibición de emplear potencias superiores a los 1.200 vatios para su cultivo. Además, marca que el almacenaje de sus derivados no puede superar los 3.650 gramos. También fija las condiciones para asociaciones, que tendrán la posibilidad de obtener entre 150 a 450 kilogramos, además de pautar un registro de profesionales para el uso medicinal del cannabis.

El cannabis, un mercado desbocado

Como ya informó 20Minutos, el mercado del cannabis se ha disparado en España. En 2014, la Policía se incautó de poco más de 100.000 plantas. En 2019, último año con datos consolidados, se confiscaron más de un millón y medio. Este crecimiento imparable ha provocado que se establezcan en el país mafias "violentas" que se dedican a la exportación al resto de Europa y que llevan aparejados fenómenos de trata de seres humanos. Es tanto el volumen que las organizaciones trafican a otros países porque el consumo interno no es suficiente y ha provocado, incluso, que la Policía tarde más en destruir la droga incautada de lo que marca la legislación vigente.