Odyssey peleará para no devolver el tesoro de 'Las Mercedes' a España

  • Creen que la recomendación del juez está mal fundamentada.
  • Aseguran que aunque el barco era español, su carga era privada.
  • Los descendientes de los dueños de la carga también reclaman al juez.
Con el Plan Nacional de Arqueología Subacuática se pretende, entre otros objetivos, evitar polémicas como la del Odyssey.
Con el Plan Nacional de Arqueología Subacuática se pretende, entre otros objetivos, evitar polémicas como la del Odyssey.
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Con el Plan Nacional de Arqueología Subacuática se pretende, entre otros objetivos, evitar polémicas como la del Odyssey.

La empresa estadounidense Odyssey presentó este miércoles en un tribunal de Tampa (Florida) sus objeciones a la recomendación de un juez para que devuelva a España un tesoro valorado en más de 500 millones de dólares.

Devolverlo sería premiar a España con un tesoro del que nunca fue propietaria

En el escrito, la empresa de exploración submarina impugna el informe y las recomendaciones del juez encargado del caso, Mark Pizzo, que dio la razón a España en su reclamación del tesoro de 500.000 monedas de plata y oro rescatado por Odyssey en el Atlántico en mayo de 2007.

Odyssey, con sede en Tampa, esgrime como argumentos contrarios a la decisión del magistrado Pizzo el hecho de que los "estándares legales aplicados en la revisión (del caso) son incorrectos" y que "no existen restos congruentes de un barco en el lugar" donde tuvo lugar el rescate del tesoro.

"Hay una prueba convincente y clara de la naturaleza comercial" del buque Nuestra Señora de las Mercedes en el momento de su desaparición en 1804, "lo que legalmente anula el principio de inmunidad soberana", señala Odyssey.

La empresa estadounidense asegura que, a pesar de que el barco pertenecía a España, su cargamento era de naturaleza privada, de mercaderes y personas que pagaron por su transporte, por lo que no tenía como destino las arcas públicas españolas.

Este buque de guerra zarpó de las costas del entonces Virreinato del Perú y fue hundido el 5 de octubre de 1804 frente a las costas del Algarve (Portugal) por barcos ingleses.

Éste es el mismo argumento de una treintena de descendientes de los mercaderes propietarios de aquella carga, que también han presentado alegaciones contra la recomedación del juez Pizzo.

Los reclamantes sostienen que el informe y la decisión del magistrado "elude lo obvio": que "la propiedad del buque está totalmente separada de la propiedad del cargamento". El buque, señalan los reclamantes, "transportaba bienes privados en el momento de su desaparición", por lo que "España no es la propietaria de las monedas que formaban parte del cargamento que reclaman los descendientes" de los comerciantes propietarios.

Lo contrario, aducen, sería premiar a España con un tesoro "del que nunca fue propietaria".

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