La reforma constitucional impulsada por el Gobierno para reformar el artículo 49 y sustituir el término "disminuidos" por el de "personas con discapacidad" seguirá adelante, después de que el Congreso haya rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad de PP y Vox por 142 votos a favor, 205 en contra y 2 abstenciones. Sin embargo, y a pesar de que la modificación continuará ahora su tramitación parlamentaria, estos dos partidos tienen votos suficientes para impedir que se apruebe definitivamente en el futuro. 

PP y Vox defendieron sus enmiendas a la totalidad y argumentaron que es un momento "inoportuno" para esta reforma. Mantienen así su rechazo a la iniciativa, pese a las peticiones del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de que ambas formaciones retiraran su veto para allanar el camino hacia la aprobación final: "No se me ocurre ni un solo motivo que justifique votar en contra de que el Estado reconozca el respeto y la dignidad que todas las personas merecen", lamentó el ministro, apelando a la "obligación" de todos los diputados como representantes públicos.

"La reforma no es fruto de la voluntad del Gobierno, es el cumplimiento de un deber que tenemos todos como sociedad", insistió Bolaños desde la tribuna, recordando que se trata de una decisión tomada con el "apoyo incondicional" del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y en consonancia con los marcos internacionales y europeos.

CERMI y CERMI CV presentan un estudio jurídico que avala la expresión 'persona con discapacidad' frente a otros términos

El objetivo del texto no es otro, según señaló el ministro, que el de "consolidar la obligación de los poderes públicos de promover los derechos de las personas con discapacidad", que suman 3,8 millones en España y que, de acuerdo con datos de las organizaciones, están presentes en uno de cada cinco hogares españoles. Así, Bolaños animó a la Cámara a "no darles la espalda" e invitó a los partidos de la oposición a olvidar sus "diferencias" para que puedan decidir conjuntamente cómo "perfeccionar" el texto. "Les pido que a la hora de votar no piensen en lo que hubieran querido que fuese, si no que piensen si es más útil y mejor para ellos", recalcó.

De este modo, Bolaños destacó la "necesidad" de "adaptar" la Constitución "a los tiempos" y "abandonar la concepción médica-rehabilitadora" del artículo 49. "No creo que nadie pueda sentirse cómodo usando el término 'disminuidos' en una conversación", ha sostenido. 

PP y Vox apuntalan su 'no'

A pesar de las peticiones de Bolaños, el PP mantuvo su 'no' a la propuesta de reforma. Tal y como los populares expusieron en su enmienda, la diputada 'popular', Isabel Borrego, negó el apoyo de su grupo parlamentario a la reforma por la supuesta falta de "consenso" y de "rigor jurídico-técnico". El PP sostiene que la Carta Magna de 1978 se redactó con "espíritu integrador" y exige un acuerdo más amplio en el proceso de modificación y que cuente con el favor del Consejo de Estado. "La Constitución no es del Gobierno, es de todos", zanjó Borrego.

Tampoco Vox retiró su enmienda, a pesar de admitir que el debate de este jueves en el Congreso es uno de los más "trascendentales". "Ni el actual Gobierno de España ni esta Cámara tienen la legitimidad moral necesaria para abordar un debate de reforma constitucional", consideró la secretaria general del grupo parlamentario de Vox, Macarena Olona, quien apuntó que el Ejecutivo debería "respetar la Constitución" antes de plantear cualquier modificación. Así, insistió en la negativa de su partido a seguir adelante con la propuesta, que no cree que "reconozca ningún derecho adicional" a las personas con discapacidad.

"Es una reforma que llega tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena", comentó por su parte Ismael Cortés (Unidas Podemos), quien subrayó que "la meta" debe ser el reconocimiento de los derechos humanos, y acusó a PP y Vox de no querer reformar el artículo 49 "porque se oponen a reformar el 'status quo' y temen que si rompemos el sello constitucional, la Constitución avance al ritmo que avanza la sociedad".

Por su parte, Ciudadanos lamentó que ni PP ni Vox estén dispuestos a modificar la norma que utiliza "un mensaje ofensivo" para las personas con discapacidad. "El mejor homenaje que podemos rendir es trabajar en la actualización de nuestra Constitución y adaptarla a los nuevos tiempos", señaló la diputada Sara Jiménez. Desde la formación naranja asumen que "claramente" el cambio propuesto "no resuelve" todo lo que se debe mejorar en los derechos de este colectivo, "pero el uso del lenguaje también mejora y supone avances", apuntó.

La reforma continuará ahora su tramitación parlamentaria, ya que para superar el veto de PP y Vox únicamente se necesitaba el voto de la mayoría simple de la Cámara. El rechazo de estos dos grupos a eliminar el término "disminuidos", sin embargo, sí puede impedir que la reforma promovida por el Gobierno se apruebe, ya que al tratarse de una reforma constitucional es necesario el voto favorable de tres quintos del Pleno (210 diputados). Por un solo voto, populares y Vox –que tienen 141 diputados– podrían impedir que este proyecto del Ejecutivo se haga realidad.