El PSOE y Unidas Podemos alcanzaron este martes un acuerdo en torno a la Ley de Vivienda tras un año de duras negociaciones en el seno de la coalición de Gobierno, lo que permitió desbloquear el proyecto de Presupuestos para 2022. El borrador de las cuentas se aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario este jueves, mientras que la futura ley aún tardará semanas en recibir el primer visto bueno del Ejecutivo.
El pacto se cerró poco antes de comenzar la habitual reunión del Consejo de Ministros. Los últimos flecos se cerraron en un café que compartieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta segunda y líder del espacio de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el titular de Presidencia, Félix Bolaños, y la responsable de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra.
Entre las medidas figura una nueva ayuda para los jóvenes -que sus socios de Unidas Podemos aseguraron que conocían por la prensa y que quieren "mirarla bien"-, se abre la puerta a congelar e incluso rebajar por ley los alquileres, se establecen medidas para que aumente el parque público de vivienda, se aprueban nuevos incentivos para la rehabilitación y se penaliza a los propietarios de pisos vacíos con un recargo en el IBI. Estas son algunas de las las claves, según fuentes de la negociación y partes del borrador de la ley, a los que ha accedido 20minutos:
Bono para jóvenes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reservó uno de los anuncios estrella de la jornada: una nueva ayuda de 250 euros al mes, con una duración de dos años, y que podrán recibir los ciudadanos de entre 18 y 35 años con "rentas de trabajo e ingresos anuales" inferiores a 23.725 euros brutos anuales.
Sánchez hizo el anuncio en un foro sobre urbanismo en Sevilla, y poco después, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Presidencia, Félix Bolaños, puso en valor que este bono aporta una cantidad económica "nada despreciable" y afirmó que constituirá "una importante ayuda" para que los jóvenes se emancipen y "tengan una vivienda digna". No obstante, aún quedan algunas dudas por resolver. Por ejemplo, no está claro si dos personas podrán convivir en el mismo inmueble cobrando el bono a la vez –por ejemplo, una pareja que se vaya a vivir junta y cuyos dos miembros cumplan los requisitos– o si podrán pedirlo jóvenes que compartan piso. Para todos estos detalles, habrá que esperar aún algunos días o semanas, dijo Bolaños.
Zonas tensionadas
Las Comunidades Autónomas podrán delimitar y declarar tensionada una determinada zona por un máximo de tres años. No será una decisión arbitraria, sino que estará sujeta a datos objetivos, por ejemplo, que el precio del alquiler haya crecido cinco puntos por encima del IPC y que las familias tengan que destinar un porcentaje de su renta superior al 30% para costearlo. Además, tendrán que comunicarlo al Gobierno central, encargado de aplicar medidas como las deducciones fiscales.
Congelación de alquileres para los inquilinos actuales
Si se declara una zona tensionada y el inquilino lo solicita, los propietarios tendrán que prorrogarle el contrato de alquiler al mismo precio que venía disfrutando hasta que concluya la vigencia de la declaración de zona tensionada. Durante ese tiempo, sólo se podrá revalorizar la renta de acuerdo al IPC. Esta medida rige para todos los pisos, tanto de particulares como de personas jurídicas.
Congelación o rebaja para nuevos inquilinos
Si un contrato de alquiler de una vivienda situada en una zona tensionada vence y el inquilino no solicita la prórroga, el precio tope al que se podrá firmar un nuevo contrato dependerá de quién es el propietario del piso. Si la casa es de un particular o de una persona jurídica con menos de diez inmuebles, el límite lo marca la renta del contrato anterior. Es decir, no se podrá subir el precio de un inquilino a otro –salvo causas justificadas, como haber hecho una obra de mejora, en cuyo caso se podrá aplicar un porcentaje también tasado–. En cambio, si el propietario es un gran tenedor –una persona jurídica con más de diez pisos–, en el nuevo contrato estará obligado a bajar el precio hasta el precio medio de referencia para la zona tensionada.
La combinación de estas dos medidas provocará la siguiente situación: cuando se declare una zona tensionada, los particulares y pequeñas empresas no podrán subir el precio del alquiler, ni a su actual inquilino –que tendrá derecho a permanecer en el piso mientras esté vigente esa declaración de zona tensionada– ni a otro posible inquilino –ya que no podrán subirle el precio en el nuevo contrato–. Por su parte, los grandes fondos y empresas con más de diez pisos tendrán que ofrecer la prórroga al mismo precio a sus actuales inquilinos o bien firmar un nuevo contrato con otro arrendador a un precio más bajo.
Nuevas viviendas en el mercado
Estas mismas limitaciones se aplicarán a las nuevas viviendas que salgan al mercado del alquiler en las zonas tensionadas. En el caso de particulares y pequeñas empresas, no habrá precio límite, porque no hay un contrato previo que sirva como referencia. Pero si quien saca el piso al mercado es un gran tenedor –una persona jurídica con más de diez propiedades–, tendrá que sujetarse al precio de referencia de esa zona tensionada.
Rebajas fiscales
Las bonificaciones fiscales que disfrutan en el IRPF las personas físicas que alquilan un piso a un tercero también sufren modificaciones para fomentar los alquileres asequibles. Ahora pueden desgravarse un 60% de la renta que cobran al inquilino, pero en las zonas tensionadas se rebajará al 50%. A cambio de esa bajada generalizada, la deducción crecerá hasta el 90% si rebaja la renta del alquiler al menos un 5% con respecto al contrato anterior; y hasta el 70% si se saca una nueva vivienda al mercado y se le alquila a un joven de entre 18 y 35 años. También hay deducciones extra para las viviendas que se rehabiliten o se pongan a disposición de las instituciones para que las arrienden en régimen de alquiler social.
Parque de vivienda pública
El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos también incluye cláusulas para el fomento de la vivienda pública de alquiler. La norma obligará a reservar para vivienda protegida el 30% de los inmuebles de todas las nuevas promociones que se construyan. Y la mitad de este porcentaje, es decir, el 15% del total, deberán destinarse al programa de alquiler social, con precios especialmente reducidos.
Más impuestos a pisos vacíos
Asimismo, la norma penalizará económicamente la tenencia de pisos vacíos para fomentar que salgan al mercado. Lo hará ofreciendo a los ayuntamientos la posibilidad de poner en marcha un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de hasta el 150%, si bien el Gobierno aún no ha ofrecido detalles sobre qué condiciones ha de cumplir un inmueble para considerarse vacío.
En su última propuesta conocida al respecto, el PSOE fijaba que un piso está desocupado si lleva al menos dos años sin uso, y siempre y cuando el propietario lo fuera, como mínimo, de cuatro inmuebles. Según este borrador -que es posible que haya experimentado cambios-, quedarían exentos de esta penalización por tener el piso vacío los propietarios que hayan debido abandonarlo por un traslado temporal por razones laborales o de formación, así como quienes hayan cambiado de domicilio por motivos de salud o porque estén realizando obras. En todo caso, la decisión final dependerá de los ayuntamientos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (PP), ya ha asegurado que no lo aplicará.
Ayudas a la rehabilitación
El presidente Sánchez anunció asimismo dos programas para fomentar la rehabilitación de viviendas por un valor total de 6.800 millones de euros. El primero de los decretos saca de los fondos europeos su presupuesto de 2.900 millones de euros: destinará 976 millones a ayudas para la rehabilitación de viviendas y reurbanización de espacios públicos en barrios con necesidades específicas, y 1.774 millones para rehabilitar edificios residenciales para mejorar su eficiencia energética. El segundo de los decretos, por su parte, establece deducciones en el IRPF para los propietarios que rehabiliten sus viviendas por un valor total de 450 millones de euros. “Y se ha establecido una línea de avales por valor de 1.100 millones de euros para que el Estado pueda avalar a las comunidades de vecinos con menos recursos para rehabilitar las viviendas", detalló Sánchez.
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