Sánchez se abre a rebajar el recorte de beneficios a las eléctricas tras pedirlo el PNV, y UP le reclama que no ceda

La crisis por el precio de la luz se complica. El presidente Sánchez se abrió este miércoles a introducir cambios de última hora en el decreto que votará el jueves el Congreso y que incluye un recorte de los beneficios extraordinarios de las eléctricas, después de que el PNV criticara el texto y pidiera abiertamente "retoques" para aprobarlo. Pero esa posición no es unánime en el Gobierno, ya que fuentes de Unidas Podemos insisten en la necesidad de no "ceder a la presión de las eléctricas". El rifirrafe se produce justo cuando la vicepresidenta Ribera termina su ronda de contactos con las compañías del sector, muy críticas con el Gobierno, y en el día en que Bruselas ha descartado aplicar -por ahora- las medidas que reclamó el Ejecutivo a la UE. Una tormenta (eléctrica) perfecta.

El primer toque de atención llegó en la sesión de control, poco después de las nueve de la mañana. El portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, calificó de "simplona" la receta del Gobierno y advirtió al presidente de que las eléctricas están intentando compensar la pérdida de beneficios que les inflige el decreto renegociando al alza las tarifas que aplican a grandes consumidores industriales. Por ello, prosiguió, "algunas empresas están parando su producción", y si "para la producción industrial" estará en juego "el futuro de la economía y el futuro del propio Gobierno", avisó el diputado vasco.

Sánchez defendió la hoja de ruta del Gobierno, porque es de "justicia" que las empresas "arrimen el hombro y no [lo] repercutan en el recibo de la luz", pero también se mostró abierto a "aclarar y precisar lo que haga falta del decreto" para que "no se generen consecuencias perjudiciales ni para los consumidores domésticos ni para las empresas". En su réplica, Esteban insistió: "El decreto necesita ser retocado" porque el invierno, dijo, puede ser "muy complicado".

La reacción en el seno del Gobierno no se hizo esperar: fuentes de Unidas Podemos en el Ejecutivo aseguraron, poco después de que Sánchez abriera la puerta a rebajar la presión a las grandes compañías, que el espacio morado defenderá "las medidas de intervención del mercado de la luz" en los términos en las que se aprobaron en Consejo de Ministros, y redoblaron la apuesta: UP quiere que sean "estructurales, no sólo hasta marzo". "Si el PSOE cede a la presión de las eléctricas y trata de rebajar las medidas en el Real Decreto Ley que se debate mañana, no van a encontrar números en el Congreso que les respalden", advirtieron.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, puso poco después voz a ese malestar: "No hay que ceder ni un milímetro a los chantajes burdos de las grandes eléctricas porque nos va la defensa del interés general y de los artículos 33 y 128 de la Constitución", dijo en declaraciones a los medios. El decreto es el primer punto del Pleno de este jueves, que comienza a las 9.00. Fuentes parlamentarias explican que el Gobierno puede retirarlo hasta el instante previo al inicio del debate para evitar su aprobación en los términos actuales. Si quiere introducir cambios, tendría dos vías: retirarlo y remitir a la Cámara un nuevo decreto, o intentar reunir los apoyos necesarios para sacarlo adelante en su estado actual y, posteriormente, enmendarlo, algo que descartó la vicepresidenta Ribera.

Reuniones y tono conciliador

Lo cierto es que el Ejecutivo -o al menos la parte socialista del Ejecutivo- lleva días intentando conciliar todos los intereses, incluidos los de las grandes compañías. "Este es un Gobierno que ha mostrado capacidad de diálogo", dijo el lunes la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, quien aseguró que el Ministerio para la Transición Ecológica está intentando compatibilizar los intereses de las familias -en primer lugar- con los de las industrias y las eléctricas.

En ese sentido, la vicepresidenta Ribera emprendió la semana pasada una ronda de reuniones con asociaciones industriales y de consumidores, que posteriormente abrió a las principales empresas eléctricas del país. Esa ronda de contactos arrancó el pasado jueves con Endesa, continuó con EDP y Acciona y concluyó precisamente este miércoles con Naturgy e Iberdrola, cuyo presidente, Ignacio Sánchez Galán, criticó por "intervencionistas" las medidas del Gobierno y advirtió de que pararían parques eólicos y se replantearían nuevas inversiones. El Ministerio de Industria también está manteniendo contactos para evitar que el impacto de los precios de la energía en la industria electrointensiva.

A la espera de ver si si esas reuniones aplacan los ánimos, como desearía el Ejecutivo, los consejeros delegados de varias de las principales eléctricas europeas hicieron este miércoles pública una carta en la que reclaman evitar "intervenciones drásticas" en el mercado con vistas a atajar el alza de los precios de la electricidad, como el impuesto a las ganancias extraordinarias aprobado en España, según el texto, que será remitido a los gobiernos de la UE esta semana y al que tuvo acceso 'Financial Times'. En el caso de las medidas 

Kristian Ruby, secretario general de Eurelectric, responsable de coordinar a las diferentes compañías para la firma conjunta de la carta, dijo que Bruselas debería dejar en claro que el impuesto español contraviene la ley de la UE. "Si todos los estados miembros [toman medidas] como España, no hay duda de que ralentizará o incluso descarrilará la transición energética", agregó.

Bruselas aplaza la receta de Sánchez

También este miércoles, Bruselas lanzó un jarro de agua fría sobre las peticiones del presidente Sánchez, que la semana pasada planteó en la reunión informal del Consejo Europeo la necesidad de una "respuesta europea" al alza del precio de la energía, que pasaba, a su juicio, por una modificación del sistema de formación de precios, una compra centralizada y una reserva estratégica de gas, y medidas para atajar la "especulación" de los fondos en el mercado de los derechos de CO2.

La Comisión Europea, sin embargo, decidió postergar para el medio plazo esas medidas e instó este miércoles a los países a dar "prioridad" a actuaciones ya previstas en la legislación actual que pueden tener un impacto "inmediato". El Ejecutivo comunitario afirmó que las compras conjuntas se estudiarán a medio plazo, advirtió de que es "improbable" que otro sistema de formación de precios lograra rebajar la factura -aunque estudiará las alternativas- y apostó, a corto plazo, por medidas como "ayudas de emergencia" a consumidores vulnerables.

Tras conocer esa posición, la vicepresidenta Ribera aseguró que las propuestas de la UE son "manifiestamente incongruentes", porque a pesar de reconocer el "impacto económico" que tiene la evolución de los precios para las familias, las empresas y la industria, no abordan la "excepcionalidad de la situación" con "medidas excepcionales a la altura del desafío", informa EFE. "Sería una pena que Europa no esté a la altura de las circunstancias". agregó.