El Tribunal de Cuentas rechaza los avales de la Generalitat para pagar la promoción del 'procés' en el exterior

El Tribunal de Cuentas considera que los 28 exaltos cargos del Govern a quienes les exige una fianza por un valor total de 5,4 millones de euros por haber promocionado con dinero público el 'procés' en el extranjero entre 2011 y 2017 deben hacer frente a esta cantidad con sus propios medios. Por ello, la instructora de la causa, Esperanza García Moreno, ha rechazado este jueves en un escrito los avales que presentó la Generalitat y ha comunicado que se "procede al embargo de los bienes y derechos de las personas que, habiendo sido declaradas presuntas responsables contables, aportaron los referidos avales".

Entre los encausados están los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras o los exconsellers Raül Romeva, Francesc Homs o Andreu Mas-Colell.

En su escrito, la instructora atribuye el rechazo a los avales a que la ley no permite dar cobertura pública al patrimonio privado de las personas al servicio de la Administración "que hubieran obrado con dolo, o culpa o negligencia grave en la generación del daño, sea este ocasionado a aquella o a terceros".

La decisión de García Moreno ha coincidido con otra de la Sala de Justicia del Tribunal, que no ha admitido los recursos presentados contra toda la instrucción desarrollada y contra la liquidación provisional establecida en 5,4 millones de euros.

De este modo, por una parte continúa el procedimiento abierto y por otra, se rechazan los avales aportados para asegurar que si este concluye que los 28 implicados tienen una responsabilidad contable, le hagan frente con sus propios medios.

Los avales, presentados por la Generalitat a través del Institut Català de Finances, se apoyaban en un Fondo Complementario de Riesgos que creó el Govern mediante un decreto ley. Posteriormente, lo avaló el Parlament, para que se cubrieran las fianzas.

El Tribunal de Cuentas pidió un informe urgente a la Abogacía del Estado sobre la legalidad de los avales, pero esta decidió no presentarlo, al considerar que al haber sido parte en las actuaciones previas, podía contaminar los principios de imparcialidad y objetividad.

El fondo recibió en su día el sí unánime del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, requisito que fue imprescindible para el voto a favor del PSC. PP, Cs y Vox criticaron que todos los ciudadanos pagaran lo que deberían cubrir los responsables del 'procés' de su "propio bolsillo".

El Govern defiende la "solidez" de los avales

El Govern ha defendido la "solidez jurídica" del mecanismo del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para pagar las fianzas que el ente fiscalizador le reclama por la acción exterior entre 2011 y 2017. 

La portavoz del ejecutivo, Patrícia Plaja, ha explicado este jueves que la Generalitat ha recibido este mediodía la notificación del Tribunal de Cuentas (TdC), y que apenas la está analizando. 

Asimismo, Plaja ha recordado que la vía del ICF cuenta con el aval del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), además del apoyo de una "amplia" mayoría del Parlament. 

La portavoz ha añadido que habrá que "analizar jurídicamente" el pronunciamiento del TdC, y que "habrá que ver" como el tribunal argumenta "jurídicamente y no políticamente" su decisión.

JxCat y ERC cargan contra la decisión

Varias voces de JxCat y ERC han cargado contra la decisión del Tribunal de Cuentas. 

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que es uno de los afectados, ha aprovechado que este jueves se ha conocido que el PSOE y el PP se han repartido el control del TC y el TdC para decir que ya se habían dado cuenta. 

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, también afectado, ha expresado que "dos años después de la sentencia, la persecución contra el independentismo persiste y se intensifica". 

El vicepresidente del Gobierno, Jordi Puigneró, ha dicho que "España ni cambia ni cambiará".

El dirigente de los republicanos ha lamentado la "persecución": "Ahora embargándonos, incluso, las casas donde viven nuestros hijos". Y ha asegurado que no les harán desfallecer, ha clamado por la amnistía, el referéndum y la independencia.

El expresidente del Govern Artur Mas ha denunciado la situación de "indefensión total y arbitrariedad" y ha explicado que ha presentado su bien inmueble como garantía, pero ha dicho que no sabe si el tribunal lo aceptará.

También el expresidente de la Generalitat Quim Torra ha asegurado que "con España no hay nada a hacer". "Nos dicen a gritos que la única solución es la independencia. Ni mesas de diálogo ni ningún otro engaño resolverá la represión política y judicial, el estrangulamiento económico o la persecución sistemática contra el catalán", ha asegurado.

Jordi Turull también ha expresado que "con este Estado no hay nada a hacer": "Su ánimo de escarmiento y venganza sobre la voluntad de las urnas en Cataluña no tiene límite. Todo el apoyo a todas las iniciativas para ayudar solidariamente a los afectados", ha escrito, después de conocer la decisión.

La ANC ha reclamado "pasar a la ofensiva" y Òmnium ha cargado contra la "represión de los poderes del Estado".

A raíz de la decisión, la ANC ha pedido "pasar a la ofensiva, también en el campo jurídico internacional". "Un nuevo episodio de criminalización arbitraria para debatir en el exterior sobre el derecho de autodeterminación. Vulneración de derechos fundamentales inaceptable e impropia de un Estado democrático", han escrito desde su cuenta de Twitter. 

Por otro lado, Òmnium Cultural ha denunciado "la represión incesante de los poderes del Estado, que ha decidido arruinar la vida de servidores públicos". "No nos pararán", ha garantizado la entidad presidida por Jordi Cuixart, que ha pedido "amnistía ahora".

Cs apoya la determinación contra el "rescate a golpistas"

El líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha apoyado la decisión del Tribunal de Cuentas de no admitir los avales presentados por la Generalitat a través del Institut Català de Finances (ICF) para cubrir las fianzas que pide el tribunal a excargos del Govern porque "en ningún lugar de Europa se ha visto que un gobierno rescate a golpistas con el dinero de todos".

"Cs tenía razón al denunciarlo en Fiscalía y al PSC, que les convalidó la malversación con su seguidismo, hoy debería caérsele la cara de vergüenza", ha añadido en un apunte en Twitter este jueves.