El proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, comúnmente conocido como la ley del 'solo sí es sí', continuará su tramitación parlamentaria después de superar este jueves las enmiendas a la totalidad de PP y Vox, que consideran el texto "innecesario" y de "marcado sesgo ideológico". La norma recibió el respaldo de PSOE y Unidas Podemos, mientras que las enmiendas solo tuvieron el apoyo de los grupos impulsores.
La futura ley, cuyo anteproyecto aprobó el Consejo de Ministros en marzo de 2020 pero a la que aún le resta un largo camino en las Cortes hasta su aprobación, contempla la reforma del Código Penal para eliminar la distinción entre abuso y violación. Establece, además, una nueva definición de consentimiento sexual expreso, siendo este uno de los puntos centrales en torno al cual se ha pretendido pivotar la ley; y también uno de los que más desacuerdo ha suscitado en la Cámara.
"La libertad sexual constituye un eje central del derecho de ciudadanía, por eso España necesita esta ley", aseveró la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante su intervención para la defensa del texto. Las violencias machistas, declaró, "son la muestra más evidente de la desigualdad que sufrimos mujeres y hombres, son la condición de posibilidad del machismo".
Así, Montero destacó que la ley llega al poder legislativo "para romper el silencio" y que, con su tramitación, se transmita el mensaje a las mujeres de que "tras muchos años de miedo, de soledad y de no ser creídas, por fin sus testimonios y sus experiencias importan. Por fin serán escuchadas". En definitiva, la nueva norma supone, según señaló, una transformación en tres ámbitos: en el cultural, hacia el consentimiento y la autonomía sexual; en la "mirada institucional", que simboliza el "yo sí te creo"; y en el "fin de la impunidad" de las violencias sexuales, con especial incidencia en la industria de la explotación sexual.
"Esta ley es una respuesta a un grito que las mujeres lanzaron en las calles", declaró la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, considerando "vergonzoso" que Vox "ridiculice el consentimiento expreso" en un país "donde se denuncia una violación cada cinco horas". Ser ciudadana o ciudadano, apuntó, significa poder desarrollar "libremente" la libertad. "Significa que tu palabra valga, que tu deseo importe, que no tengas que estar muerta para que te crean", añadió. Esta ley, afirmó la socialista, será dentro de unos años una norma "de sentido común" como la del divorcio, el matrimonio igualitario o las listas electorales paritarias.
PP y Vox muestran su rechazo con dos enmiendas
El Grupo Parlamentario Popular y Vox presentaron sendas enmiendas a la totalidad: una con un texto alternativo, y la otra de devolución. El PP ha mostrado su especial oposición hacia los puntos centrales de la norma. Considera en su enmienda que el proyecto de ley acumula un "marcado sesgo ideológico, muy deficiente desde el punto de vista técnico-jurídico, además de cuestionable constitucionalidad".
Durante el debate celebrado este jueves, la diputada popular Marta González Vázquez ha reprochado a los socios de Gobierno que las propuestas que aportan en el articulado "son descabelladas". Reconocen desde su grupo parlamentario que la violencia sexual es "uno de los problemas más serios" que afectan a las mujeres, pero se oponen frontalmente a la definición de consentimiento extremo y a la desaparición de la distinción del Código Penal entre abuso y agresión sexual.
Ambos asuntos, aseveró González, "esconden una complejidad enorme", al presentar "problemas para determinar si ha existido delito contra la libertad sexual. Respecto a la segunda cuestión, la diputada del PP aseguró que "la eliminación del delito de abuso, tratando de manera uniforme cualquier ataque a la libertad sexual, como si todos fueran de la misma gravedad, supone en la práctica una rebaja de las penas de los delitos más violentos".
Vox, por su parte, sostuvo que la coalición gubernamental tiene "fobia hacia los hombres". Con esta norma, aseveran en su enmienda, "se introduce el temor de los varones a una posible denuncia y la necesidad indefectible de preconstituir pruebas para evitar posibles injusticias".
En una intervención que provocó una oleada de abandonos en la Cámara, la diputada Carla Toscano ha calificado de "inútil", la norma. "No queremos un 'Me Too', no queremos una caza de brujas contra los hombres", aseveró. Señalando innecesario el hacer una distinción entre hombres y mujeres a la hora de condenar las violencias sexuales, aseguró que la ley "aumentará el riesgo para los hombres de sufrir denuncias falsas".
Cambios y próximos pasos
El texto se debatió en la Cámara Baja tras meses envuelto en polémica por las críticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las diferencias que despertó entre los ministerios de Igualdad y Justicia. Pasó también por el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado, que instaron a introducir una serie de cambios en su definición. De hecho, el departamento de Montero accedió a esta última petición, y modificó tanto la definición de consentimiento como el apartado a las penas de los delitos.
Según la redacción actual, únicamente se entenderá que hay consentimiento "cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona". Se entiende así que todo acto sexual sin consentimiento será agresión, sin necesidad de que las víctimas tengan que acreditar haber sufrido violencia o resistido a ella, y se eliminarán los abusos sexuales del Código Penal.
Ahora, rechazadas las enmiendas presentadas por PP y Vox, la norma deberá pasar por ponencia y comisión para luego volver al Pleno del Congreso y someterlo a votación final, antes de ser remitido al Senado.
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios