El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ultima el diseño de un fondo público estatal de pensiones, que podría estar listo para finales de este año y cuyos detalles quiere negociar con sindicatos y patronal.

El fondo estatal sería gestionado por entidades privadas, aunque su manejo estaría sujeto a una comisión de control en la que participarían el Gobierno y los agentes sociales.

El plan del departamento de José Luis Escrivá pasa por impulsar planes colectivos de pensiones, que serían voluntarios y tendrían carácter complementario al actual sistema público de pensiones.

El Ministerio argumenta que este tipo de fondos colectivos son mucho más baratos que los planes individuales que, por ejemplo, comercializa la banca comercial.

En ese sentido, apunta que el objetivo de la medida es que el ahorro a largo plazo esté "al alcance de todos" y no sólo de las rentas altas, y avanza que sus comisiones serán "menos de la mitad" que los de los planes individuales.

Las aportaciones al fondo público de pensiones, siempre voluntarias, podrían ser de empleados a título particular, de autónomos o de quienes negociaran con sus empleadores para que hicieran aportaciones.

Esta última es la vía en la que el Ministerio quiere poner el foco: las aportaciones de las empresas a los planes de jubilación de sus empleados, que tendrían siempre carácter complementario.

Tras conocer los planes del Ministerio, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, advirtió de que ese fondo no se negociará en el marco de las conversaciones para la segunda parte de la reforma de las pensiones.

Álvarez recordó que Escrivá ya planteó hace meses que esos eran sus planes, y que "con la misma contundencia que lo planteó, le dijimos que eso no iba a ser objeto de negociación en el marco de los acuerdos de pensiones".

"En todo caso, si tiene una propuesta, que la haga, la discutiremos pero no en el marco de la renovación del Pacto de Toledo, porque nos parece que esto es una cuestión que nada tiene que ver con el Pacto de Toledo", insistió.

Además, el Gobierno aprobó este martes el reglamento del IRPF, que también recoge el recorte de las aportaciones a planes de pensiones individuales que entró en vigor este año.

En concreto, junto a la Ley de Presupuestos para 2021 se aprobó la modificación de las deducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social, entre los que figuran los planes privados de pensiones, para incentivar las aportaciones que hacen las empresas.

Así, se limitaron las aportaciones que los contribuyentes pueden hacer a título individual a 2.000 euros al año, mientras que el límite conjunto para aportaciones individuales y de la empresa pasó de 8.000 a 10.000 euros.